“El presidente de la República está abusando de su poder para intervenir en una investigación”

La fiscal superior Marita Barreto intenta cuidarse en cada declaración que da en esta, su primera entrevista a un medio. Su experiencia en investigar organizaciones criminales como la red Orellana le ha enseñado que el mínimo descuido es aprovechado por ellos para golpear todo lo posible. Además, no hablamos de un caso cualquiera: es la primera vez que se investiga a una presunta red delictiva cuyos principales integrantes están en la cima del poder político. Pero eso no la limita a denunciar las cada vez más evidentes intromisiones y acciones obstruccionistas emprendidas por el gobierno de Pedro Castillo. Por ello, ha considerado necesario salir a hablar.

—¿Cómo recibió la noticia de que el presidente Castillo ha pedido la destitución del coronel PNP Harvey Colchado de la policía?

Es muy preocupante, porque de un tiempo a esta parte estamos sintiendo mucha presión del Ejecutivo en relación con las funciones que venimos desarrollando. Nosotros como ente autónomo debemos conducirnos con objetividad, en busca de la verdad, pero cada vez se nos hace más dificultoso asumir la responsabilidad de llevar a cabo esta investigación bajo un marco de autonomía e independencia como debe ser.

—¿Y el nombramiento de un general PNP chotano (Segundo Mejía) aparentemente muy cercano al presidente en la inspectoría me imagino que también les genera preocupación?

No olvidemos que investigamos a una compleja organización criminal que estaría enquistada en el poder político. Somos fiscalías especializadas en conocer o tramitar delitos de corrupción en el poder. En este caso, desde que se conformó el equipo especial, venimos siendo pasibles de sendas denuncias, agravios y amenazas, como la desarticulación del equipo [policial] que se conformó.

—Estaba visto que la formación de un equipo especial en la fiscalía iba a resultar incómodo al gobierno.

El equipo especial nace de conformidad al artículo 80 del Decreto Legislativo 052 [Ley Orgánica del Ministerio Público] que faculta a la fiscal de la Nación a conformar equipos especiales para combatir el crimen. En este caso, existían diversas investigaciones contra altos funcionarios que nacen de las diversas denuncias que se formulaban en medios de comunicación. Estas investigaciones se traducían en varias fiscalías. Es por eso que la señora fiscal de la Nación [Patricia Benavides], a efectos de evitar decisiones contradictorias y darle celeridad, eficiencia, eficacia a los procesos, es que conforma el equipo especial para que sean tramitados bajo un solo subsistema y darle agilidad a estos procesos de gran corrupción, cuya gravedad tiene que ver con que se está denunciando a altos funcionarios del Estado en ejercicio.

—Eso es algo que escuché que remarcaron en la audiencia de prisión preventiva contra Yenifer Paredes [cuñada del presidente], que esta presunta red criminal continúa operando.

Y el caso de Anguía es una muestra de ello, lo hemos demostrado con elementos de convicción suficientes que al final serán pruebas que serán ofrecidas en nuestro pronunciamiento final.

—Regresando al tema del coronel PNP Colchado, líder del equipo especial que los apoya en las investigaciones, ¿el Gobierno lo puede separar del caso?

Sería un grave error que pretendan apartar a cualquier miembro del equipo especial [policial] que ha sido conformado mediante una resolución. La PNP es un medio de apoyo del Ministerio Público y la única manera de que un efectivo policial participe en esta investigación es por una resolución de la fiscalía. En consecuencia, hay un respaldo legal y constitucional en la conformación del equipo. Pretender sacar a uno de los miembros sin ninguna causa grave que justifique un incumplimiento de un mandato establecido por el Ministerio Público resulta una grave intromisión de terceros.

—Según la defensa del mandatario, el oficial PNP se excedió en sus funciones.

Los fiscales y la policía han asistido al lugar [residencia de Palacio] en cumplimiento de un mandato judicial y conforme conocemos el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la propia Constitución. Las resoluciones judiciales deben de cumplirse por cualquier persona sin cuestionamiento y, si lo hay, existen vías legales para realizarlo. Lo que estamos viendo con esta denuncia es, sin duda, un acto de perturbación de la investigación. El presidente de la República está abusando de su poder para intervenir en una investigación en la que también sería parte, porque a él la Fiscalía de la Nación lo investiga por presuntamente integrar esta organización.

—¿Y el nombramiento de este nuevo inspector general de la PNP que verá la denuncia a Colchado no hace sino agravar las cosas?

El hecho de que se haya retirado sin causa de justificación y de manera abrupta al anterior jefe de la inspectoría y que se haya nombrado a un oficial que, entiendo, ya antes había sido retirado porque al parecer recibía dos remuneraciones paralelas según se ha podido leer en los medios, para que asuma un cargo donde justamente va a recaer la denuncia formulada por el presidente, consideramos que eso evidencia un ejercicio abusivo del poder porque para realizar los cambios dentro de una institución existen procedimientos preestablecidos o causas de justificación por faltas graves pues la fecha de movimientos, traslados de oficiales es a fines de cada año. Si el jefe de Estado es también jefe de las FF.AA. y de la PNP, sus decisiones deben estar ajustadas a ley. Este cambio denotaría un interés dado que es justamente el jefe de inspectoría quien va a decidir sobre la denuncia formulada por el jefe de Estado.

—Por todo esto, ¿para usted es evidente que estamos ante una clara obstrucción a la justicia por parte del gobierno de Castillo?

Es evidente que hay una clara obstrucción desde hace mucho tiempo. Pero eso no es todo. También hemos podido identificar un gran número de usuarios que están en una campaña intensa en las redes sociales y otros medios de comunicación en los cuales repiten y repiten una serie de hechos no contrastados, no corroborados, y lo hacen con seudónimos para no ser identificados. Nosotros estamos ubicando los IP para identificar quiénes son los que están detrás de esos seudónimos. Es gravísimo porque se está instrumentalizado las redes sociales para desprestigiar, crear zozobra y obstruir la investigación.

—¿Qué pueden hacer para frenar esta obstrucción? ¿O solo seremos testigos de las acciones del Gobierno?

Estamos evaluando interponer alguna acción constitucional para proteger la investigación. Es inaudito, francamente, cómo es que el Ministerio Público, que tiene la responsabilidad de perseguir el delito, es atacado justamente por el poder político para evitar que continuemos con las investigaciones.

—¿Y cuál sería esa acción?

No puedo adelantar ahora.

—Usted que ha investigado a la red Orellana, ¿ve alguna similitud en este caso?

El Caso Orellana tenía un brazo legal, un brazo de protección e incluso implementaron un medio de comunicación para atacar a quienes los investigaban. Lo mismo entendemos que podría estar pasando aquí. Hay un brazo de protección, que no solamente está compuesto por la forma en cómo es que vienen enfrentando la investigación los investigados. Un hecho clarísimo es cuando la señora fiscal de la Nación fue difamada mediante unos memes que se empezaron a rotar. Ha nacido una campaña muy agresiva en contra de ella cuya finalidad es sin duda desprestigiarla.

—Usted también hace poco denunció que había un dron sobrevolando su domicilio, ¿qué otro tipo de amenazas han estado recibiendo los del equipo?

Los obstáculos que estamos encontrando son permanentes. No estamos ejerciendo en libertad el cumplimiento del artículo 159 de la Constitución, que encarga al Ministerio Público la persecución del delito y la responsabilidad de acopiar la carga de la prueba. Tenemos este tipo de presiones y no tenemos la libertad de poder ejercitar la acción penal como corresponde. Sin embargo, todo el equipo es consciente que el país aspira y espera de sus autoridades la verdad, y que el culpable sea castigado.

— Pero en la otra orilla tenemos al Gobierno diciendo que estamos ante una persecución abusiva y politizada de la fiscalía...

¿Pero en mérito a qué? Ese argumento no tiene asidero. Porque primero que no tenemos ningún interés político. Somos absolutamente apolíticos. No conocemos a ninguna de esas personas. No hay animadversión. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta de que todos tenemos que hacer la tarea. El Ministerio Público la está cumpliendo. Cada estamento estatal tiene que hacer su tarea. El no hacerlo demanda responsabilidades administrativas, penales y civiles. Creo que el no darnos cuenta de eso está generando este tipo de mala información.

— ¿Es el Congreso uno de los que no está haciendo su tarea al no tomar una decisión frente al Gobierno?

Podría emitir una opinión personal, pero no puedo hacerlo por mi condición de magistrada. Nosotros tenemos que ver esto como una investigación objetiva.

— ¿Pero no es una limitación para ustedes que el Congreso no actúe?

Eso lo tiene que decir la sociedad, no nosotros como fiscalía. Quien ejerce el control de sus funcionarios públicos es la sociedad. Nosotros como Ministerio Público también estamos sometidos al control de la ciudadanía.

— Hablemos de esta presunta organización criminal. Para ustedes, estamos ante un solo esquema con cada uno de sus actores y roles identificados, ¿no?

Cuando llegaron estas carpetas, nos dimos cuenta que tenían un común denominador. Todas llevaban a investigaciones de personajes involucrados que laboran o laboraban en el Poder Ejecutivo. La línea de investigación nos ha dado algunos datos relevantes para definir que se trataría de una única organización criminal con la distribución de roles y funciones de cada agente investigado. Nosotros tenemos que demostrar que estas personas investigadas son autores o responsables de los crímenes o son inocentes. A nosotros nos corresponde determinar eso y lo vamos a hacer cuando logremos acopiar todos los medios de prueba que se requieren. El caso de Anguía es una muestra de la eficiencia, eficacia y seriedad con la cual venimos trabajando.

— ¿El Caso Anguía describe con claridad esta red?

Traduce en hechos los medios de prueba que hemos encontrado hasta la fecha.

— ¿Qué tan determinante fue la entrega de Bruno Pacheco en la investigación?

Lo que pasa es que no solamente es la declaración de esta persona que se entrega a las autoridades, se somete a la investigación y está coadyuvando al esclarecimiento de los hechos. Sino que había otros colaboradores de los cuales no se valoró bien en su momento. Toda la información de un colaborador tiene mérito y validez solo en la medida de que es corroborado. En eso estamos y se viene acopiando una buena tesis imputativa en relación a cada uno de los investigados.

— ¿Con eso quiere decir que están confirmando la hipótesis que tienen?

Así es.

— ¿Además de Bruno Pacheco, hay otras personas que ya se están sumando a la colaboración eficaz?

Estamos avanzando en ello. Hay muchos funcionarios que están preocupados por su trayectoria y sobre todo por la imagen que podría generarse ante el descubrimiento de los hechos que investigamos.

— ¿Ellos se están acercando para colaborar?

Hay muchas expectativas de funcionarios respecto a eso. Porque muy pocos abogados saben recomendar o saben ser honestos, en todo caso, con sus patrocinados. Porque si estamos frente a una investigación de criminalidad organizada, primero que la pena es bastante alta, y segundo que en organización criminal casi siempre se habla de la coautoría. Entonces, aquella persona que no necesariamente haya ejecutado directamente el delito sino cualquiera que participó en el proyecto criminal. Esa es la diferencia cuando hablamos de organización criminal. Y lo que se está viendo de las investigaciones es que muchos funcionarios conocían, sabían lo que estaba pasando, coadyuvaron, facilitaron el delito y se mantuvieron allí.

— Otro personaje importante es el exministro Juan Silva. Su defensa asegura que se va a entregar. ¿Es cierto? ¿Cuál es la situación legal de esta persona?

No tenemos ninguna vinculación respecto a ello.

— ¿No hay nada próximo?

No tenemos ninguna información sobre el tema.

— Otro individuo clave en este caso es el hoy ministro de Transportes Geiner Alvarado, ¿que siga en el cargo de ministro lo ven como un acto desafiante?

La decisión de que un funcionario público se mantenga en el poder a pesar de las investigaciones o denuncias no es del Ministerio Público. En segundo lugar, considero que en un Estado constitucional democrático como el Perú tiene que haber un respeto por las investigaciones ejercidas por los representantes del Ministerio Público, que es el único ente que tiene facultad de investigar el delito y la policía que es su brazo de apoyo. Pero lo que aquí estamos viendo es que por un lado piden celeridad en las investigaciones y por otro somos pasibles de persecuciones, denuncias, vigilancia que también incluye a los colaboradores eficaces. Hay un doble discurso.

— Para detener ello, la fiscal de la Nación podría solicitar la suspensión del cargo del presidente a la Corte Suprema? ¿Lo ve viable?

Es una opinión que compete exclusivamente a la señora Fiscal de la Nación. Y si es que ella tendría que hacerlo, se entiende que tendría que estar sustentado en medios de prueba suficientes . Es una facultad que le corresponde solo a ella. Yo no puedo conocer ni saber qué es lo que va a decidir finalmente. Lo que sí sé es que las pruebas hablan. Hablan por sí solas.