El juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y a otras 45 personas se reanudará el lunes 15. Durante la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez concluyó con la sustentación de los cargos y la Procuraduría Ad Hoc explicó ante los magistrados su pedido de reparación civil.
Pérez ha solicitado para la excongresista 30 años y 10 meses de condena.
El Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE) dispuso que el Ministerio Público siga con su exposición el miércoles 10 de julio en una audiencia virtual y que los alegatos de las defensas se realicen el lunes de manera presencial.
Para el juicio, la fiscalía tiene una lista de 1,031 testigos; mientras que la defensa de Keiko Fujimori tiene 91. El Ministerio Público acusa a Keiko Fujimori de liderar una organización criminal que lavó más de US$ 17,3 millones y S/ 18 mil.
Según la tesis fiscal, la mayor parte del dinero habría ingresado a través de sus campañas electorales del 2011 y del 2016. Entre ese monto está el presunto aporte de US$ 1 millón de parte de la constructora brasileña Odebrecht, lo que vincula este caso a la trama Lava Jato en Perú. El resto provendría de empresarios nacionales.
La tesis de la defensa de Keiko Fujimori, ejercida por la abogada Giulliana Loza, es que no se recibió dinero de parte de Odebrecht. En cuanto a los aportes de empresarios nacionales, sostienen que no se trata de dinero de origen ilícito, por lo que no puede haber lavado de activos y que, como máximo, estaríamos ante una falta administrativa.
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El juicio quedó instalado el lunes 1 de julio. Ese día el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, a cargo del proceso, rechazó los pedidos de nulidad de los abogados de los investigados que buscaban evitar el inicio de la sesión.
La sala está integrada por los jueces Juana Mercedes Caballero, Nayko Techy Coronado y Max Oliver Vengoa.
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Mira aquí la primera parte de la audiencia
Según la tesis fiscal, Keiko Fujimori y los exdirigentes de Fuerza Popular realizaron actos de lavado de activos destinados a ocultar aportes de la constructora brasileña Odebrecht en la campaña presidencial del 2011.
