‘Gabinete en la sombra’: PJ revisará prisión preventiva de Biberto Castillo y Abel Cabrera el 10 y 11 de enero

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday revisará de oficio los 30 meses de prisión preventiva dictados contra Biberto Castillo y Abel Cabrera, ambos investigados por el caso ‘Gabinete en la sombra’.

En el caso de Castillo León, la audiencia se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de enero a las 3:30 p.m. de manera virtual. El exfuncionario se encuentra recluido en el penal Miguel Castro Castro desde octubre del 2022.

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En tanto, respecto a Cabrera Fernández, la audiencia se realizará al día siguiente, jueves 11 de enero, a las 10:00 a.m. de manera virtual. El exasesor también cumple prisión preventiva en dicho centro penitenciario.

Las vistas de la causa se sustentan en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1585, que modifica el artículo 283 del Nuevo Código Procesal Penal, promulgado por la presidenta Dina Boluarte en noviembre del 2023.

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Dicha modificatoria señala que el juez de la investigación preparatoria, “transcurrido 6 meses desde el inicio de la ejecución de la prisión preventiva o desde la última audiencia en la que se hubiera discutido su cesación, revisa de oficio la vigencia de los presupuestos que dieron lugar a su imposición”.

Como se recuerda, Biberto Castillo y Abel Cabrera, además de Salatiel Marrufo, son investigados por el presunto delito de organización criminal y otros en el caso denominado ‘Gabinete en la sombra’.

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Sobre Marrufo también pesaban 30 meses de prisión preventiva dictados en su contra, pero solicitó acogerse a la colaboración poco después de su detención, con lo cual salió en libertad en mayo del 2023.

Otro implicado en este caso es Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea donde despachaba de manera clandestina el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), y que actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos.

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Todos los miembros de este ‘Gabinete en la sombra’ son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal.

Según la tesis de la fiscalía, en la estructura criminal Sánchez Sánchez y Cabrera Fernández tenían el rol de financistas y coordinadores de la organización, mientras que Marrufo y Auner Vásquez solo eran coordinadores. En tanto, Castillo León cumplía el rol de operador.