José Graña declaró ayer ante el equipo especial del Caso Lava Jato mientras el Poder Judicial resolvía el pedido de impedimento de salida del país en su contra. (Foto: Fernando Sangama)
José Graña declaró ayer ante el equipo especial del Caso Lava Jato mientras el Poder Judicial resolvía el pedido de impedimento de salida del país en su contra. (Foto: Fernando Sangama)
María Isabel Álvarez

declaró ayer ante el equipo especial Lava Jato que la Cámara Peruana de la Construcción () hizo un aporte de US$240 mil a la Confiep, durante la campaña electoral del 2011.

Según pudo conocer El Comercio, el empresario también manifestó ante el despacho de José Domingo Pérez que la constructora Graña y Montero entregó US$25 mil para el aporte total que Capeco hizo a la Confiep.

El testimonio de Graña Miró Quesada se suma al que dio el martes Alfredo Pérez Gubbins, gerente general de Alicorp, quien afirmó ante la fiscalía que la empresa entregó US$200 mil a la Confiep.

Fuentes de Capeco señalaron a este Diario que la entidad se encuentra reuniendo información sobre lo dicho por Graña a causa de que han transcurrido varios años y no permanecen los mismos directivos que en el 2011, por lo que se esperaría un pronunciamiento de la institución en los próximos días.

A su vez, el Poder Judicial ordenó ayer 36 meses de impedimento de salida del país para José Graña y Hernando Graña Acuña, como parte de la investigación por los delitos de colusión y lavado de activos en el Caso Metro de Lima.

El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso además que los investigados paguen una caución que asegure su permanencia en el país.

En el caso de José Graña, deberá pagar S/1 millón en un plazo de 45 días naturales, mientras que Hernando Graña tendrá que cancelar S/250 mil en el mismo lapso.

También deberán cumplir otras reglas de conducta, como no ausentarse de la localidad donde residen sin autorización del juez, así como no tener comunicación con otros investigados en el caso, salvo que sea entre ellos dos.

Concepción Carhuancho determinó que deberán pasar por control biométrico cada 30 días.

El fiscal José Domingo Pérez recordó que se desistió de un pedido de prisión preventiva contra ambos investigados tras una solicitud de la fiscal Geovanna Mori, del equipo especial.

La decisión ocurrió después de que Mori le informara que José y Hernando Graña se habían sometido a un proceso de colaboración eficaz.

Durante la audiencia, el fiscal citó los testimonios de Jorge Barata y Carlos Nostre, exejecutivos de Odebrecht, para sustentar el presunto delito de colusión.

“Se imputa el pacto colusorio que se realiza para obtener la buena pro del tren eléctrico tramo I, a través del Consorcio Tren Eléctrico, que conformaban GyM y Odebrecht”, sostuvo.

José Domingo Pérez indicó que también se imputa a ambos investigados lavado de activos, en la modalidad de actos de conversión.

En tanto Jorge Massa, abogado de José Graña, sostuvo que continuará colaborando con la justicia, al encontrarse dentro de un proceso donde ha reconocido responsabilidad.

“Nuestra intención es acogernos al cumplimiento de ley, nos encontramos en un procedimiento que queremos que llegue a buen puerto”, señaló.

Aunque fue rechazado por el juez, la defensa solicitó que se reemplace el pago de una caución por el de una fianza personal. “En la actualidad existe el problema de depositar en efectivo, los bienes y las acciones están embargadas”, dijo.

Sophia Icaza, abogada de Hernando Graña, manifestó que su patrocinado también tiene la voluntad de seguir colaborando con las investigaciones por el Caso Lava Jato.

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