Una reunión secreta con el expresidente Martín Vizcarra fue el foco de un nuevo enfrentamiento entre las fiscales provinciales del equipo especial de Los Cuellos Blancos del Puerto, Sandra Castro y Rocío Sánchez, hecho que desencadenó que ambas fueran apartadas de la investigación. Si bien no era la primera vez que las dos hacían públicas sus discrepancias, las consecuencias esta vez pueden afectar el proceso.
La separación de ambas de la investigación podría dejar en espera el cierre de la colaboración eficaz de uno de los principales testigos del caso: Antonio Camayo.
Fuentes vinculadas a la investigación comentaron a El Comercio que esta semana estaba por cerrarse el acuerdo final entre el empresario y la fiscalía. “Camayo ya iba a firmar su acuerdo de colaboración eficaz, por eso es preocupante”, anotaron.
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Otras fuentes consultadas informaron que, incluso, el Poder Judicial ya había señalado la fecha de recepción del acuerdo de colaboración para su evaluación.
Hasta ayer, indicaron las fuentes, la fiscal Sánchez –cuya salida y la de Castro se oficializaron recién en la tarde– buscaba cerrar el acuerdo con todos los implicados.
La defensa legal de Camayo prefirió no pronunciarse.
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Por otro lado, la salida de la fiscal Sandra Castro generaría una mella, pues era quien más conocimiento tenía de los audios de la investigación. Además, estaba próxima a pedir la suspensión de las actividades partidarias de Podemos Perú (PP) en la investigación seguida a su cabecilla José Luna y otros. Hasta el cierre de esta edición, se desconocía si se mantenía al frente de este último caso.
Si bien los procesos de investigación del equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto se encuentran encaminados, el recambio de las fiscales sí afectará el avance de los casos. Sus relevos “deben ser fiscales proactivos”, indicaron las fuentes.
“Afecta, pero no tanto porque se ha conseguido información por otros lados”, comentaron.
En el interior del equipo explicaron que, si bien podría ser que ambas sí estuvieran atemorizadas por el caso que tenían al frente en el 2018, su proceder no fue el adecuado.
—Investigadas—
Debido a su reunión con Vizcarra, Sánchez y Castro deberán rendir cuentas en varios frentes. En el ámbito disciplinario, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) les abrió un proceso, pues su conducta “podría configurar la admisión de una interferencia del poder político en un organismo autónomo como es el Ministerio Público”. Por ello, se les imputa una presunta “inconducta funcional”.
Fuentes de la JNJ indicaron que en esta investigación disciplinaria se podría solicitar el descargo de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, mencionada en este caso, siempre que sea necesario.
Además, deberán responder ante la Oficina de Control Interno de la Fiscalía del Callao y de Lima.
Ante el primer órgano, deberán esclarecer su reunión con Vizcarra. En Lima, se indagará por los constantes enfrentamientos entre ambas.
Según declaró la fiscal Sandra Castro, la reunión con Vizcarra habría sido en julio del 2018, en el departamento del expresidente. Dijo que fue su colega Sánchez quien le sugirió pedir la reunión.
Mientras que Sánchez sostiene que la reunión fue organizada por Castro, en marzo del 2018, y que se habría realizado en casa de una vecina de su colega.
Ambas mantuvieron el hecho en secreto por dos años. No dijeron nada, incluso, cuando se enfrentaron abiertamente por unas conversaciones de WhatsApp de la fiscal Sánchez con el abogado Carlo Magno Salcedo, del Partido Morado. O, cuando esta última denunció que Castro le exigía las carpetas de colaboración eficaz.
Otro aspecto por considerar es que, en el interrogatorio que la fiscal Sánchez le hace a Vizcarra en noviembre del 2020 por sus vínculos con Camayo, tampoco ahonda en las preguntas sobre las reuniones con su colega.
Fuentes de la JNJ indicaron que, en el marco de esta investigación disciplinaria, se podría solicitar el descargo de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por su mención en este caso, siempre que sea necesario.
Además, deberán responder ante la Oficina de Control Interno de la Fiscalía del Callao y de Lima.
Ante el primer órgano, deberán esclarecer su reunión con Vizcarra Cornejo, en julio del 2018. En Lima, se les procesará por los constantes enfrentamientos entre ambas.
Como se recuerda, según declaró la fiscal Sandra Castro la reunión con Vizcarra habría sido en julio del 2018, en el departamento del expresidente. Agrega que fue su colega quien le sugirió pedir la reunión.
Mientras que Sánchez sostiene que la reunión fue organizada por Castro, en marzo del 2018 y que se habría realizado en casa de una vecina.
Ambas mantuvieron el hecho en secreto por dos años. No dijeron nada, incluso, cuando se enfrentaron abiertamente por unas conversaciones de WhatsApp de la fiscal Sánchez con el abogado Carlo Magno Salcedo, del Partido Morado. O, cuando esta última denunció que Castro le exigía las carpetas de colaboración eficaz.
Otro aspecto a considerar es que, en el interrogatorio que la fiscal Sánchez le hace a Vizcarra en noviembre del 2020, por sus vínculos con Antonio Camayo, tampoco se ahonda en las preguntas sobre las reuniones con su colega Castro.
Esta es la declaración completa de Martín Vizcarra ante la fiscal Rocío Sánchez, que El Comercio publicó en exclusiva.
Consultado por El Comercio, Enrique Ghersi, abogado penalista, consideró que el relevo de fiscales no tendría mayor impacto en el caso Cuellos Blancos del Puerto, pero advirtió que el problema de fondo es que la reunión de Castro y Sánchez con Vizcarra porque “deja una sombra de duda, de interferencia política en el proceso y eso sí va a complicar la investigación”.
“Naturalmente -dijo- los abogados de los procesados van a plantear una serie de argumentos de defensa buscando la nulidad de la investigación”.
“Siempre quedará la sombra de duda sobre qué se discutió en la reunión. Lo que hemos escuchado hasta ahora es poco convincente. [...] Han admitido haberse reunido por dos razones: en búsqueda de un pedido de seguridad y en segundo lugar por una cuestión presupuestal. El primero era absolutamente incorrecto que se haga de esa manera. El presidente no es la persona indicada si uno requiere incrementar la seguridad personal”, manifestó.
Oficializan salida de fiscales
La noche del miércoles, en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, se oficializó la salida de Sandra Castro y de Rocío Sánchez del equipo que investiga a Los Cuellos Blancos del Puerto.
Sin embargo, Castro fue asignada a la fiscalía de Lima Noroeste y Sánchez a una fiscalía penal en el Callao.
“A través de resolución publicada en edición extraordinaria en el diario oficial El Peruano, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dejó sin efecto la designación de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez en el Equipo Especial los “Cuellos Blancos del Puerto”, informó la fiscalía.
Señaló, además, que a partir de la fecha y hasta la designación de los nuevos fiscales provinciales, los despachos estarán a cargo de Roxana Jáuregui Soto, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada de Crimen Organizado del Callao.
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