El expresidente Martín Vizcarra no podrá vender, transferir o gravar siete bienes inmuebles que figuran a nombre de él y de su esposa, la exprimera dama Maribel Díaz Cabello. Así lo dispuso la jueza Flor de María Acero Ramos, del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Lima.
Se trata de inmuebles ubicados en Lima y Moquegua. La jueza dispuso una orden de inhibición de esas propiedades para garantizar el pago de una posible reparación civil a favor del Estado en el proceso judicial por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Por esos casos, la fiscalía acusa al exmandatario del presunto delito de cohecho (soborno) y ha solicitado que se le condene a 15 años de cárcel.
La orden de inhibición fue pedida por la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima.
El abogado penalista Gilmar Andía precisó a El Comercio que la medida será inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Se trata, señaló, de “una medida cautelar que busca que el imputado no pueda realizar ningún tipo de venta o negocio jurídico sobre el bien”.
El año pasado, en un caso que protagoniza el exmandatario Ollanta Humala, la Procuraduría tuvo que solicitar que se declare nula la transferencia de dos propiedades que este realizó a favor de una de sus hijas.
En el caso de Vizcarra, entre los inmuebles en la lista figuran un departamento, un estacionamiento y un depósito ubicados en un edificio multifamiliar en el distrito de San Isidro, en Lima.
De acuerdo con la fiscalía, la sociedad conyugal conformada por Vizcarra y Díaz adquirió esos inmuebles en diciembre del 2010, valorizados en S/ 513,634. Lo hizo mediante un crédito hipotecario que se extiende hasta fines del 2025.
Para la fiscalía, “existe la probabilidad de que algunas de las cuotas se hayan pagado con dinero maculado provenientes de la actividad ilícita de cohecho pasivo”. El Ministerio Público señaló que una pericia contable ha determinado que, entre setiembre del 2013 y diciembre del 2014, Vizcarra “no efectuó retiro de las remuneraciones mensuales” que recibía como presidente regional de Moquegua.
Otros dos inmuebles con orden de inhibición son un departamento y un estacionamiento adquiridos por el exmandatario y su esposa en enero del 2018, en el mismo edificio multifamiliar de San Isidro.
Vizcarra adquirió los inmuebles al precio de US$ 244,900. La fiscalía señaló que “estas unidades inmobiliarias fueron adquiridas con posterioridad a la recepción del [presunto] dinero ilícito” recibido por Vizcarra, por lo que “existe la probabilidad de que el dinero desembolsado para su pago e incluso las cuotas pagadas al préstamo que sirvió para financiar su adquisición, provengan de la actividad ilícita”.
Para el Ministerio Público, los inmuebles podrían formar parte de un incremento patrimonial no justificado.
Propiedas en Moquegua
La orden de inhibición incluye una propiedad en Moquegua adquirida en el 2002 por Vizcarra y su esposa.
De acuerdo con la fiscalía, la sociedad conyugal obtuvo dos lotes, pero los unificó en el 2015. Se trata de un área de más de 400 metros cuadrados donde hoy se tiene registro de 10 inmuebles. Estos habrían sido construidos entre el 2015 y el 2017.
Por último, la resolución judicial considera un predio urbano en Moquegua que los hermanos de Vizcarra le habrían adjudicado. Estaría valorizada en S/ 100 mil.
"No me van a doblegar"
Vizcarra cuestionó la resolución judicial en su contra. Argumento que los procesos que enfrenta buscarían impedir su participación en la vida política.
“Todos mis bienes fueron embargados a solicitud del fiscal Juárez Atoche el 2021, ahora otra fiscalía los vuelve a embargar por el mismo caso. El objetivo está a la vista, generar escándalo para detener el apoyo masivo a mi candidatura, no podrán. No me van a doblegar”, dijo en la red social X.
No obstante, Vizcarra no puede postular a ningún cargo de elección popular ya que el Congreso lo inhabilitó en el 2021 para ejercer la función pública por 10 años, por el Caso Vacunagate.
El abogado y exministro Alejandro Salas, vocero de Vizcarra, añadió en diálogo con El Comercio: “Son bienes ya embargados. ¿Para qué ponen doble medida sobre un bien? Lo que nos queda como evidencia es que le inventan una medida judicial cada vez que pasa algo con otros actores políticos, Consideramos que buscan tapar otras situaciones”, dijo.
Los casos Lomas de Ilo - Hospital de Moquegua
La fiscalía acusa al exmandatario de cohecho pasivo propio, por presuntamente recibir S/ 2.3 millones en sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014).
Según la acusación de la fiscalía, en 2013, Vizcarra habría ofrecido a la empresa Obrainsa su apoyo para ganar una licitación pública a cambio de un pago ilícito de más de S/ 1 millón. Además, de acuerdo con el Ministerio Público, Vizcarra solicitó a un representante de Obrainsa que alquilara una avioneta “como parte del acuerdo” para transportar a invitados suyos entre Lima y Moquegua, con un costo de S/ 35 mil.
La fiscalía también acusa a Vizcarra de haber condicionado su comportamiento funcional a la entrega de un “donativo indebido” de S/ 1.3 millones para la firma de un contrato relacionado con la ampliación y mejora de un hospital en Moquegua, en beneficio de las empresas ICCGSA e INCOT en 2013.
Dentro del proceso judicial y en múltiples declaraciones a la prensa, Martín Vizcarra y su defensa han negado la acusación del Ministerio Público.
El exmandatario alega que no suscribió los contratos que -según la fiscalía- se realizaron para la entrega de sobornos. También afirma que los testimonios de colaboradores eficaces en la investigación son contradictorias entre sí.
