Delia Espinoza y Patricia Benavides están enfrentadas por la titularidad del Ministerio Público. (Foto: Composición GEC)
Delia Espinoza y Patricia Benavides están enfrentadas por la titularidad del Ministerio Público. (Foto: Composición GEC)

La solicitó a todos los poderes públicos e instituciones democráticas el “máximo respeto” a la autonomía del en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley.

“Solo garantizándose independencia y autonomía plena, la labor fiscal puede enfrentar de forma idónea la criminalidad, defender la legalidad y tutelar los derechos fundamentales”, indicó en un pronunciamiento.

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Héctor Villalobos
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Insistió en que dentro de un marco de respeto de la legalidad, la autonomía e independencia del Ministerio Público son “principios constitucionales” que garantizan que las investigaciones se realicen de “forma objetiva, imparcial y libre de presiones externas”.

En ese sentido, la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro enfatizó que “sin autonomía se debilita la lucha contra el delito y se pone en riesgo la justicia en nuestro país”.

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Asimismo, aseguró que los fiscales y el personal administrativo del Ministerio Público vienen laborando de forma ininterrumpida todos los días de la semana, en los turnos la 24 horas del día.

“El servicio fiscal no se ha paralizado, los fiscales siguen trabajando, realizando la labor de investigación del delito y cumpliendo las funciones asignadas por la Constitución. Nuestra responsabilidad institucional y con la sociedad se mantiene firme, así como nuestro compromiso con la justicia y la defensa del Estado Constitucional de Derecho”, acotó.

Cabe recordar que el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que ha iniciado el “procedimiento de ejecución forzosa” de su resolución, donde dispone la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

A través de un pronunciamiento público leído por su presidente, Gino Ríos, y donde aparecen seis de los siete miembros del pleno, señaló que en “abierta desobediencia” de su mandato, Delia Espinoza no ha cumplido con reponer en su cargo a Benavides, ni siquiera como fiscal suprema.

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“Este incumplimiento constituye una grave afectación al orden jurídico. En un estado de derecho los funcionarios públicos están obligados a cumplir las decisiones emitidas por los órganos competentes mientras no sean legalmente revocadas. Las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia, en tanto no sean anuladas por la vía correspondiente, tienen carácter vinculante y deben ser cumplidas en sus propios términos”, subrayó.

“Por ello, la Junta Nacional de Justicia, en cumplimiento de su deber, ha iniciado el procedimiento de ejecución forzosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 205 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General”, agregó.

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