Pedro Castillo insiste en victimizarse como “preso político” en audiencia para anular investigación por rebelión

Pedro Castillo, expresidente que cumple prisión preventiva por las investigaciones que afronta, insistió en calificarse como un “preso político” y acusar de irregulares las actuaciones que se tomaron en su contra a pesar de que perpetró un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.

El juez supremo César San Martín, quien dirigió la audiencia virtual en la que evaluó la apelación contra la decisión de que siga el proceso y no se admita su pedido para anular la investigación por rebelión y conspiración, le otorgó la palabra al exmandatario para concluir con la sesión.

Ahí, Pedro Castillo aprovechó la oportunidad para asegurar que en su caso se está alegando que protegen la Constitución pero la están violando porque no se ha respetado su derecho al antejuicio.

“Soy un preso político porque el fondo de este episodio tiene un interés político. No quisiera pensar que la actitud de las autoridades en el Perú no me podrían dar la razón porque eso sería reconocer que la Fiscalía de la Nación, el Congreso de la República, la Policía Nacional y el resto de autoridades se han equivocado”, señaló.

Castillo Terrones aseguró que fue amenazado con fusiles por la policía cuando se trasladaba desde el Palacio de Gobierno hacia la Embajada de México, y reiteró que él no buscaba huir del país o solicitar asilo, sino que lo hacía para acompañar a su familia a buscar protección “por el horrible hostigamiento”.

“Estamos creando inseguridad jurídica, no solo a nivel nacional, sino internacional. Cualquier presidente en funciones puede ser detenido sin pasar antes por un juicio político”, advirtió para luego pedir a las instancias internacionales sobre derechos humanos y la Organización de Naciones Unidas que se pronuncien.

Antes de que Pedro Castillo tome la palabra, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General del Estado se pronunciaron en contra de la apelación y pidieron al Poder Judicial que confirmen la resolución que permitió que sigan las investigaciones y se validen las actuaciones realizadas durante el caso por el golpe de Estado.

Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo que lo acompañó en la audiencia virtual desde el penal de Barbadillo, advirtió que se está acusando a su defendido por un delito que era “imposible de consumar” y que el Congreso no respetó el proceso para levantar su antejuicio y vacarlo del cargo.