Susana Villarán irá a juicio: Todo lo que se viene tras terminar el control de acusación y qué se le atribuye a la exalcaldesa

A más de dos años de haberse formulado acusación, finalmente la etapa intermedia concluyó y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán (2011-2014) irá a juicio y deberá responder por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción, entre otros, en el marco del Caso Lava Jato. La fiscalía pide 29 años de prisión en su contra.

MIRA: Susana Villarán irá a juicio por aportes de campañas: ¿qué falta para que culmine su control de acusación?

El juez Jorge Chávez Tamariz, a cargo del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, concluyó el último viernes el control de acusación en el caso seguido contra Villarán de la Puente y otras 17 personas, a propósito de los aportes por la campaña del No a la revocatoria y la reelección.

En este expediente, también están implicadas otras 12 personas jurídicas, entre las que se encuentran las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, así como las concesionarias Rutas de Lima y Lamsac, según informó el Poder Judicial. El caso, en sí mismo, está comprendido en 12 hechos presuntamente delictivos.

Chávez Tamariz explicó, en audiencia, que este es un caso “de alta complejidad”, propio de los que se tramitan en la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, y que hay más de 3000 medios probatorios en el expediente.

Por ello, el magistrado indicó a las partes que en los próximos días emitiría el auto de enjuiciamiento, con lo que cerrará formalmente la etapa intermedia y el caso ya estaría expedito para pasar a juicio oral. Esto, al no haber más recursos pendientes por resolver en esta etapa.

“Ya con esto concluiría esta audiencia y considero que, en un plazo de una semana aproximadamente, se va a emitir el auto de enjuiciamiento, debido a que los medios probatorios superan a los 3500. Solamente eran 3300 del Ministerio Público, [y] hay que tener en cuenta los de la procuraduría, lo que se ha adherido y de los distintos abogados”, explicó Chávez Tamariz.

“Por lo tanto, es razonable que en un plazo de una semana pueda emitirse el auto de enjuiciamiento, pero hasta aquí ya habríamos culminado”, acotó.

A inicios de setiembre, El Comercio ya había informado cómo el juzgado había rechazado uno a uno los recursos planteados por la defensa de Villarán para archivar los doce hechos que el Ministerio Público le imputa.

Y que si bien en el 2019 admitió haber recibido aportes de campaña en una entrevista; distinto ha sido su postura dentro del proceso formal, pues su defensa ha negado que haya cometido delitos.

En agosto del 2022, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial, acusó a Villarán de la Puente por presuntamente haber lavado unos US$11,2 millones provenientes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

Según la acusación planteada por la fiscalía, la exalcaldesa de Lima y sus funcionarios habrían lavado US$3 millones durante la campaña en contra de la revocatoria, que presuntamente habría sido entregado por Odebrecht a cambio del proyecto Rutas de Lima.

Lo mismo se habría efectuado con otros US$3 millones de la empresa OAS, que habría sido entregado para lograr la adenda de 1 de la concesión del proyecto Línea Amarilla.

Además, en el contexto de la campaña a la reelección del 2014, Odebrecht también habría entregado, de acuerdo con el Ministerio Público, US$1′193.816,68 por la ejecución contractual del proyecto Rutas de Lima. Mientras que otros US$4 millones habrían sido de OAS por la suscripción de trato directo del proyecto Línea Amarilla.

También están los US$100.000 que la constructora peruana Graña y Montero habría entregado por el proyecto Vía Expresa Sur, los cuales habrían sido lavados en el 2013 como parte de la campaña por el No a la revocatoria.

El exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez; el exgerente de Promoción de la Inversión Privada Municipal, Domingo Arzubialde Elorrieta; el exgerente de Seguridad Ciudadana, Gabriel Prado Ramos; son algunos de los exfuncionarios comprendidos en la acusación planteada por el fiscal José Domingo Pérez.

Para el Ministerio Público, los acusados habrían alterado documentación financiera y brindado falsa declaración en los procesos electorales con el fin de poder ocultar el ingreso del dinero ilícito.

El abogado penalista Andy Carrión explicó que el juez Chávez Tamariz ya concluyó con la evaluación de las pruebas y que la etapa intermedia se cerrará, formalmente, con la emisión del auto de enjuiciamiento.

Este es un documento importantísimo —subrayó— pues “es el marco del juicio”; es decir, donde estará contenida la imputación específica, cada uno de los acusados, así como la individualización de las pruebas respecto a cada uno de ellos.

“Emitido el auto de enjuiciamiento, lo que se hace es derivar eso a un juzgado colegiado; es decir, un juzgado que va a estar conformado por tres jueces, como en el caso de Ollanta Humala y Keiko Fujimori, eso es lo que también va a pasar en el caso de Susana Villarán”, refirió Carrión a este Diario.

Sin embargo, también apuntó: “Pero los jueces que se van a hacer cargo tienen que, primero, recibir el auto de enjuiciamiento, que es la formalidad que falta emitir en este caso. Y luego evaluar su agenda también, porque no es que he emitido el auto ya inmediatamente inicie el juicio oral. Esto puede tardar, en algunos casos, cuatro, cinco, seis meses, más o menos. No es de que inmediatamente inicie el juicio”.

Por su parte, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado comentó que la etapa intermedia es una fase en donde el juez ha tenido que examinar, básicamente, si toda la actuación del Ministerio Público respetó las garantías del debido proceso, la imputación precisa y objetiva, entre otros.

“Que se han respetado las garantías judiciales del derecho a la defensa, del plazo razonable, en fin, que no ha habido una vulneración grave y relevante, a efectos de que la integridad del proceso penal no haya sufrido un menos cabo, una situación que eventualmente lo lleve a una nulidad o a algunas nulidades, sean absolutas o parciales”, subrayó Maldonado.

El exprocurador apuntó que el juicio “es el corazón” de todo el proceso judicial y es allí en donde los distintos medios probatorios ya “adquieren la condición de prueba”, a través de una sentencia, si es que son contundentes y tienen esa calidad.

A juicio de Maldonado, este “es un caso bastante sólido”, al igual que los otros procesos relacionados al Caso Lava Jato.

“Todos son casos construidos sobre hechos que ocurrieron, que están, yo creo, sólidamente probados. Respecto al lavado de activos, hubo la recepción de un dinero cuya procedencia, mínimo, debería haber sido objeto de sospecha de quienes lo recibieron. Ese dinero fue recibido, transportado e ingresado al circuito financiero para hacerlo parecer legal, en fin”, puntualizó. También opinó lo mismo respecto a los otros delitos que se le atribuyen a Villarán.