Nicanor Boluarte con paradero desconocido: ¿qué sucedió en la audiencia de prisión preventiva y cuáles son los argumentos del juez?

El juez Richard Concepción Carhuancho viene realizando la lectura de su resolución respecto al pedido del Ministerio Público (MP) para que se dicte prisión preventiva, por 36 meses, contra el hermano de la mandataria y otros implicados en presuntos delitos de corrupción y crimen organizado.

Al inicio de la sesión del lunes, durante la acreditación de las partes, el juez requirió a los investigados que señalen su nombre y su ubicación exacta. Sin embargo, cuando se le pidió a Nicanor Boluarte acreditarse, este no respondió.

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El secretario del juzgado, seguidamente, dio cuenta de que el hermano de la presidenta no se había conectado a la audiencia virtual.

El abogado Luis Vivanco, defensor legal de Nicanor Boluarte, informó que no había podido comunicarse con su patrocinado. “Voy a comunicarme con él, señor magistrado”, dijo ante la consulta de Concepción Carhuancho.

Minutos después, al ser repreguntado sobre la ubicación del investigado, señaló que no había podido contactarlo. “No, señor magistrado, todavía no he podido comunicarme con mi patrocinado, lamentablemente, señor magistrado”, afirmó.

Por la tarde, el Ministerio Público solicitó que se informe si Nicanor Boluarte se había conectado a la audiencia, pero el especialista volvió a reiterar que no se había enlazado a la sesión virtual.

“No, todavía no se ha logrado conectar”, indicó, por su parte, el abogado Vivanco.

Hasta el cierre de este informe no se había dado cuenta sobre la ubicación del hermano de la presidenta Dina Boluarte.

La última vez que se le vio fue el último domingo, al promediar las 4:30 de la tarde y de manera virtual, cuando se conectó a la sesión desde un vehículo en movimiento.

De otro lado, a la audiencia se conectaron de manera virtual otros investigados para quienes también se pide prisión preventiva, entre ellos Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta Dina Boluarte, quien apareció desde una oficina.

El exdirector general de Gobierno del Interior del Ministerio del Interior, Jorge Luis Ortiz Marreros, se conectó desde un celular y dijo estar en su vivienda de San Camilo, en Surco. Sin embargo, solo se le pudo ver el rostro a través de la videollamada.

Noriel Chingay se conectó también, pero se le vio al interior de un vehículo y no precisó dónde se encontraba. Su hermano, Jorge Chingay, se enlazó y aseguró que se encontraba en su vivienda, ubicada en la avenida Separadora Industrial, en La Molina.

Finalmente, la investigada Zenobia Herre se conectó a la sesión y dijo estar en su casa en el centro poblado Las Palmas, en la región San Martín.

Por la noche, la audiencia aún continuaba. En caso de dictarse prisión preventiva en contra de Nicanor Boluarte, el juzgado deberá notificar a la Policía Nacional para su ubicación y captura.

Según la imputación fiscal, desde el 7 de diciembre del 2022, fecha en que Dina Boluarte asumió la presidencia de la República, habría operado una presunta organización criminal encabezada por Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, quien habría asumido un “poder de facto” junto al denominado “grupo de confianza de Dina”, conformado por Edwin Ugarte Nina, Víctor Hugo Torres Merino (amigo de Dina y Nicanor Boluarte), Jorge Chingay Salazar (hermano del exprefecto de Cajamarca, Noriel Chingay) y Jorge Luis Ortiz Marreros .

Estos, señala la fiscalía, emprendieron un programa criminal con ayuda de los operadores regionales, para copar la Dirección General del Gobierno de Interior del Ministerio del Interior, mediante la designación ilícita de prefectos y subprefectos en San Martín, Cajamarca, Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica y Cuzco.

Ello bajo el condicionamiento de que estas autoridades no solo apoyen al gobierno de turno, sino que, además, recaben fichas de afiliación y aporten económicamente al partido político “Ciudadanos por el Perú” para su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones y para perpetuarse en el poder y, una vez obtenido ello, lograr alcanzar las ganancias ilícitas del caudal público.

Las presuntas actividades criminales se habrían extendido a otras entidades del Poder Ejecutivo, como Provías Descentralizado (adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones) y el Instituto Peruano del Deporte (adscrito al Ministerio de Educación).

En otro frente, señala la fiscalía, la presunta organización criminal habría desplegado acciones a través de un “brazo legal”, manejado por Mateo Castañeda Segovia, exabogado de la presidenta Dina Boluarte, quien por orden de Nicanor Boluarte habría buscar interferir en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, a fin de neutralizar -sea archivando o logrando la derivación a fiscalías donde el brazo legal ejerza control - las investigaciones penales contra el hermano de la mandataria.

Hasta el cierre de este informe y durante la lectura de su resolución, el juez Richard Concepción Carhuancho daba por acreditado tres de los cinco hechos atribuidos contra Nicanor Boluarte y otros implicados en el caso.

Sobre la participación del hermano de la presidenta Dina Boluarte en las influencias ilícitas en la designación de prefectos y subprefectos en las regiones de San Martín y Cajamarca, se tomaron en cuenta cerca de un centenar de elementos probatorios.

El juez concluyó que de los elementos presentados por el Ministerio Público se daba cuenta que el hermano de la mandataria habría buscado constituir su partido político y, entre otros fines, copar puestos en las prefecturas ubicadas en diversas regiones para contrarrestar las protestas sociales contra Dina Boluarte, tras asumir el cargo a fines del 2022 e inicios del 2023.

Por tanto, señaló, se observaba la existencia de una presunta organización criminal, cuyo fin era “crear un partido político”, liderado por Nicanor Boluarte, “y así revertir las protestas sociales contra su hermana Dina Boluarte”, así como el copamiento de puestos estatales y neutralizar las investigaciones contra el presunto líder.

En los casi cien elementos probatorios que presentó el Ministerio Público, para sustentar ambos hechos, se habría evidenciado la existencia de un circuito de designaciones de prefectos y subprefectos, lideradas por Nicanor Boluarte, con el objeto de captarlos a fin de que estos obtengan fichas de afiliación política del partido ‘Ciudadanos por el Perú’ que estaba creando el hermano de Dina Boluarte.

Todo esto, señaló el juez, era manejado en conjunto por el grupo de confianza integrada por Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Ugarte Nina y Jorge Chingay Salazar.

Según la conclusión judicial, había dos grupos los alineados (gente de confianza de los de Boluarte y Chingay) y los que sí habrían realizado pagos para acceder a dichos cargos.

Por ejemplo, en el caso de Cajamarca, se señaló que los subprefectos y prefectos designados recogían las planillas o fichas que eran repartidas en las reuniones partidarias, una de ellas se realizó en la Casona de los Cóndores, en Chaclacayo. Así, eran instrumentalizados para que, una vez que recolecten las fichas que llevaban a Cajamarca, eran traídas a Lima.

Así, la designación de Noriel Chingay Salazar, como prefecto de Cajamarca, no era propio de un procedimiento regular; sino que habría sido por la interferencia de Nicanor Boluarte, quien tenía en la mira crear un partido político.

El juez explicó que el sustento de la participación de Boluarte, con Ortiz y Chingay están respaldadas por las reuniones, grabaciones periodísticas y chats de Whatsapp donde coordinan las fichas de afiliación, así como las declaraciones de Teorodo Berrú y Víctor Torres Merino que confirman la información.

Por ello, concluyó que Nicanor Boluarte habría incurrido en el delito de cohecho genérico pues habría otorgado a Ortiz Marreros la ventaja de mantenerse en el cargo; y a cambio designe a prefectos y subprefectos a los que el hermano de la mandataria nombraba.

Boluarte Zegarra, manifestó el juez, también habría incurrido en el delito de tráfico de influencias ya que habría instigado a Jorge Chingay a fin de que este, invocando influencias reales, capte personas para que sean designados prefectos y suprefectos en la región Cajamarca.

Además, indicó que se presumía con alta probabilidad la existencia de una organización criminal en los cinco hechos imputados contra los requeridos, no solo en Cajamarca; sino también en otras regiones.

En esa línea, señaló Concepción Carhuancho, se identificó las funciones que habrían cumplido en la presunta estructura criminal, empezando con Nicanor Boluarte, como presunto líder de la organización criminal, ya que sería quien habría impartido las directivas para el reclutamiento de prefectos y subprefectos a fin de que recaben fichas de inscripción de su partido.

Otro hecho que debe resaltarse, indicó el juez, es la utilización de “un poder de facto” por parte del investigado Boluarte Zegarra, debido a su vinculación con la actual presidenta Dina Boluarte. Esto, indicó se concluye del material probatorio, que mostraría que la presunta red se avala en la maquinaria del Estado para su fines ilícitos.

“Se concluye que los investigados Nicanor Boluarte, Jorge Luis Ortíz y Jorge Chingay serían parte integrante de una organización criminal que se habría instaurado para la captación de prefectos y subprefectos en la región de Cajamarca, con el fin de que estos recaben fichas de afiliación para la inscripción del partido político”

Richard Concepción Carhuancho, juez de investigación preparatoria.

El magistrado, en su explicación, rechazó los argumentos y cuestionamientos legales de la defensa de Boluarte Zegarra, quien pidió invalidar la evidencia digital por no haber pasado peritaje.

Al respecto, el juez señaló que dicha evidencia, que contiene conversaciones de chats, almacenamiento de reportajes periodísticos, etc; cumplía con los requisitos mínimos de veracidad y mostraban su trazabilidad (la ruta de dónde han sido obtenidos) y no presentan manipulación grosera.

Respecto a las designaciones de prefectos y subprefectos en Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica y Cusco, señalado como el tercer hecho, el juez señaló que también se acreditó la participación ilícita de los investigados Nicanor Boluarte y Jorge Ortiz Marreros.

Según la imputación fiscal, se le atribuye a Boluarte Zegarra haber constituido y liderado una organización criminal para la presunta designación de prefectos y subprefectos en dichas regiones.

Así, el hermano de la presidenta de la República habría planificado el proyecto criminal, dirigiendo, delegando y controlando las actuaciones Víctor Torres Merino, Zenobia Herrera Vásquez, y los hermanos Jorge y Noriel Chingay, con el apoyo del exfuncionario del Mininter, Jorge Ortíz Marrerros.

Al respecto, el juez Concepción Carhuancho señaló en este punto que son 142 elementos de convicción los que ha valorado, y que permiten concluir que existe sospecha grave y sostener que Boluarte Zegarra y Ortíz Marerros, habrían coordinado las designaciones de prefectos y subprefectos en diferentes regiones, incurriendo en los presuntos delitos que se les atribuye.

Por ejemplo, señaló el juez, las imputaciones se harían evidentes con la declaración de otro testigo protegido, el 1-2024, con nombre develado Walter Gutiérrez Vaisman, exsubprefecto de San Juan de Lurigancho, que se suma a los testimonios de Teodoro Berrú y Víctor Torres.

Según Gutiérrez, Ortiz Marreros lo llamaba por teléfono para coordinar el avance de los trabajos de los tenientes gobernadores. Así, en abril del 2023, el exfuncionario del Mininter le propone que junte firmas para el partido de Nicanor Boluarte y que le daría los planillones.

Sin embargo, cuando Gutiérrez Vaisman se niega, se comenzó a discutir su salida en el cargo de subprefecto, situación que se concreta. Esto, señala el juez, demuestra que si no se alineaban con los pedidos de Boluarte y otros, eran removidos de sus cargos.

Otros elementos de convicción, indicó el juez en este item, son las resoluciones de las designaciones como prefectos y subprefectos de quienes apoyaron la campaña de Dina Boluarte, a la vicepresidencia.

Por ejemplo, Richard Melendres apoyó la campaña y fue designado como subprefecto en Ventanilla; Olinda Salazar Curi fue designada subprefecta en Lurigancho, entre otros.

Además, señaló el juez, también se acreditaron los acuerdos a fin de recolectar fondos para el partido, entregándoles tarjetas de ‘polladas” a los prefectos y subprefectos para que las puedan repartir.

Por ello, el juez concluyó que Boluarte Zegarra habría otorgado una ventaja o beneficio a Ortiz Marreros, consistente en que asuma el cargo de director general del Interior en el Mininter, y a cambio, continue con la designación de prefectos y subprefectos. Ello, sostuvo el juez, refleja una prestación y contraprestación propio de un delito de cohecho.

También, se concluyó que por este hecho, se ha establecido que Boluarte y Ortíz habrían participado en el proceso de designación de prefectos y subprefectos para los fines de la presunta organización criminal.

“Por el delito de tráfico de influencias se ha establecido que existe alta probabilidad de que estaría incurso en el delito de tráfico de influencias, ya que de acuerdo al caudal probatorio, el investigado Nicanor Boluarte habría instigado al mando medio Víctor Torres Merino, para que este reclute prefectos y subprefectos a fin de que estos cumplan con el cometido del llenado de fichas ante el operador funcionarial (Ortiz Marreros).”

Richard Concepción Carhuancho, juez de investigación preparatoria.

El magistrado, en su argumentación, rechazó los alegatos de los abogados de los investigados respecto a diferencias personales entre los testigos.

Concepción Carhuancho explicó que las versiones de los testigos coinciden con otros elementos probatorios. Mencionó los chats de Whatsapp y los registros de llamadas telefónicas entre Boluarte Zegarra (con el apelativo de ‘Silvestre’ o ‘Nixnove’) con Ortíz Marreros.

Por ende, precisó el juez, la ilegalidad radica en la instrumentalización del aparato público, la designación de prefectos y subprefectos, para la creación del un partido político.

“Se concluye sospecha grave sobre los delitos que se atribuyen a Nicanor Boluarte y a Jorge Luis Ortiz Marreros. En el caso de Nicanor Boluarte existe alta probabilidad sobre su participación en los delitos organización criminal, tráfico de influencias y cohecho activo genérico. Y tratándose de Jorge Luis Ortiz Marreros, sobre organización criminal y cohecho pasivo impropio.”

Richard Concepción Carhuancho, juez de investigación preparatoria