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Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, vuelve a ser protagonista de una polémica. El último domingo, “Punto Final” reveló una nueva lista de personas allegadas a él que consiguieron contratos con el Estado. Parlamentarios de diversas bancadas piden que la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Wilson Quispe (Perú Libre), lo cite de grado o fuerza para que responda por este y otros casos en los que está implicado.
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En diálogo con El Comercio, el congresista Héctor Valer (Somos Perú), secretario de referida comisión, cuestionó a Quispe por no insistir en citar a Nicanor Boluarte para que responda por las múltiples denuncias en su contra, entre la contratación de sus allegados en diversos sectores y reuniones irregulares.
“Si el presidente Quispe Mamani no lo ha programado, lo solicitaremos con un oficio [...] Parece que hubiera mano blanda por parte del presidente, por esa razón yo volveré a insistir como secretario de esa comisión]”, expresó.
Como se recuerda, la Comisión de Fiscalización ha solicitado al pleno que se le otorguen facultades para investigar a Nicanor Boluarte por sus reuniones con el alcalde de Nanchoc (Cajamarca), Nixon Hoyos. Este municipio recibió S/. 20 millones después de una visita que hizo Hoyos al hermano de la jefa de Estado.
El Consejo Directivo del Congreso aprobó el 4 de diciembre pasado que el caso ingrese a la agenda del pleno, pero al culminar la legislatura no se abordó. De aprobarse el pedido, la Comisión de Fiscalización tendría un plazo de investigación de 180 días hábiles.
Por este caso, Boluarte había sido citado por la comisión a mediados de noviembre del 2023, pero no asistió.
Sin embargo, el grupo de trabajo todavía no anuncia pesquisas, ni cuestiona al Gobierno por las contrataciones de allegados del hermano de la mandataria en el Estado. Este Diario intentó comunicarse sin éxito con el parlamentario Wilson Quispe.
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Demandan que sea citado de grado o fuerza
Los congresistas José Cueto (Renovación Popular), Alejandro Cavero (Avanza País), Guido Bellido (Perú Bicentenario), Luis Aragón (Acción Popular), Vivian Olivos (Fuerza Popular) y Óscar Zea (Bloque Magisterial) consideraron que este caso debe ser investigado por la Comisión de Fiscalización y demandaron más firmeza del grupo de trabajo frente a las denuncias.
Cueto indicó que el grupo debería abrir una pesquisa, pero estimó que si el hermano de la presidenta ya tiene abierta una carpeta fiscal, “posiblemente no lo hagan”. Consideró que si Nicanor Boluarte no asiste a las citaciones del grupo de trabajo debe ser llevado por la fuerza. “Si no va, lo traen”, dijo.
Por su parte, Cavero dijo que investigar casos como este es “la labor natural de la Comisión de Fiscalización” y que si el hermano de la jefa de Estado insiste en no acudir “se le puede citar de grado o fuerza”.
“Lo que se tiene que fiscalizar es que las personas cumplan siempre con los perfiles requeridos y sobre todo que si han o tenido contratos sea a través de procesos transparentes y competitivos”, subrayó.
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La congresista Vivian Olivos se sumó a la solicitud para que Boluarte acuda “de grado o fuerza” a la Comisión de Fiscalización. Asimismo, cuestionó que el titular del grupo de trabajo no responda con “mano dura” a las denuncias contra el familiar de presidenta.
“En esta última legislatura, no solo el señor Nicanor Boluarte viene faltando respeto a la Comisión de Fiscalización hay varios personajes cercanos a este gobierno que se han rehusado a asistir al Congreso. No quisiera pensar que le falta mano dura al presidente o quizá su bancada este trabajado en pared con la presidenta Dina Boluarte, en política no hay casualidades”, apuntó.
“El señor Nicanor Boluarte tiene que pasar a calidad de investigado y si ahí se niega a asistir a la comisión, podemos citar de grado o fuerza, de conformidad con el artículo 97 de la Constitución y el literal d) del artículo 88 del Reglamento del Congreso”, agregó.
Finalmente, Olivos señaló que es “necesario e importante que la Comisión de Fiscalización realice una sesión extraordinaria a fin de iniciar investigación sobre los vínculos que tiene el señor Nicanor con el gobierno de su hermana”. “No es la primera denuncia contra su familiar”, remarcó.
Una postura similar tuvo Guido Bellido. “Hace rato [se le debe investigar] [...] Sí, de fuerza deben llevar [a Nicanor Boluarte a declarar ante la Comisión de Fiscalización”, dijo.
A su turno, Aragón y Zea demandaron una investigación de la comisión.
De otro lado, Margot Palacios, portavoz de la bancada del lápiz, responsabilizó a las bancadas de derecha por la falta de respuesta del Legislativo frente a las denuncias contra el hermano de la presidenta. Además, defendió a su colega Quispe al señalar que la Comisión de Fiscalización “ha hecho lo que corresponde”, pero que Boluarte no asiste a las citaciones.
“Desde la Comisión de Fiscalización ya se le ha citado en varias oportunidades. Lamentablemente, él hace caso omiso, no viene, se ha pedido información. Esta es la catadura moral de este régimen, de este gobierno, que comete irregularidades y que cree que puede zurrarse sobre el Congreso de la República. Hay que iniciar otras acciones más contundentes, pero desde la Comisión de Fiscalización ya se ha iniciado lo que le corresponde de acuerdo con las funciones y competencias”, aseveró.
“Ya son varias acciones irregulares en las cuales se ve involucrado directamente el hermano de la señora Dina Boluarte [...] Como vemos hoy hay una alianza entre los partidos de la derecha que tiene una bancada en el congreso para blindar a este gobierno y al hermano de la presidenta que, de manera inescrupulosa, viene utilizando en este caso el cargo de la señora Dina Boluarte”, afirmó en otro momento.
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Boluarte vuelve a defender a su hermano
La tarde de este lunes, la jefa de Estado reiteró que su hermano no es funcionario del Estado y que las personas mencionadas en el reportaje de “Punto Final” “califican dentro de los perfiles que cada ministerio solicita” y “en específico el secretario general del despacho presidencial califica a sobremanera para el perfil en el cual se desempeña”.
“También sería bien que vean el desempeño y no solamente que lo acuñen a la relación que tuviesen con el señor Nicanor Boluarte”, señaló.
Agregó que en su hermano tiene una trayectoria de vida profesional de más de 25 años y que en ese lapso ha trabajado en diversos ministerios en los que ha conocido a cientos de profesionales, pero que este hecho no significa que su familiar tenga injerencia en renovaciones o contrataciones.
“Por enésima vez vuelvo a decir, el señor Nicanor Boluarte no tiene una sola injerencia en la colocación de algún servidor público en este Gobierno y menos en algunos puestos claves [...] Reitero con total transparencia y con la verdad por delante, porque hay una sola verdad, no dos. El señor Nicanor Boluarte Zegarra no ha colado a una sola persona en ningún ministerio en este Gobierno”, afirmó también.
Como se recuerda, el programa dominical reveló que Arturo Miranda Blanco, Sergio Leo Torres, Enrique Vílchez Vílchez y Genoveva Correa Visalot, quienes trabajaron con Nicanor cuando fue gerente general del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) entre el 2016 y el 2018, lograron contratos con el Estado.
Miranda fue asesor en materia económica de Sencico en el 2017 y previamente coincidió con Nicanor Boluarte en los ministerios de Educación y Trabajo. Luego, en agosto del 2022, cuando Dina Boluarte ejercía como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, fue designado jefe de la Oficina de Planeamiento e Inversiones de ese cartera.
En tanto, Leo fue asistente administrativo en el despacho de Nicanor en Sencico. Luego, entre 2021 y 2023, consiguió 10 contratos ininterrumpidos por servicios de asesoramiento en la gestión administrativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por un total de S/ 246 mil.
De acuerdo con “Punto Final”, el jefe de Leo en el citado ministerio fue Enrique Vílchez Vílchez, actual secretario general de la Presidencia y exfuncionario de Sencico. Correa también trabajó en referida entidad y ahora labora en Cuna Más, programa social del Midis, donde consiguió cinco órdenes de servicio por un total de S/ 36 mil durante el 2023.
El domingo, la Presidencia respondió mediante un comunicado que “el Despacho Presidencial es escrupuloso en el cumplimiento de la contratación de los profesionales”.
“Esta entidad promueve la meritocracia y la transparencia, neutralidad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública y garantiza un trabajo eficiente al servicio de todos los peruanos”, añadió.
En múltiples oportunidades la presidenta Dina Boluarte ha salido en defensa de su hermano. Por ejemplo, en noviembre del 2023, cuando se dio a conocer su reunión con el alcalde de Nanchoc dijo que su familiar “está en su total libertad de recibir a quien se le pegue la gana”.
Un mes después, la mandataria cuestionó - en declaraciones a la prensa- que su hermano “domingo a domingo” sea “el protagonista principal” de diversos reportajes y remarcó que Nicanor no es parte del Gobierno. Ello luego de que se diera a conocer que un conocido de los hermanos Boluarte obtuvo tres órdenes de servicio por S/35 mil en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). La Contraloría había advertido irregularidades en estos contratos.
Antecedentes
Otras denuncias
- En diciembre pasado, “Cuarto poder” reveló una amistad entre Nicanor Boluarte y José Perales Avendaño, dirigente de la Caja de Protección y Asistencia Social (CPAS) de los Canillitas, subsidiada por el Estado.
- Además, entre diciembre y enero pasado, “Panorama” informó que el hermano de la presidenta es cercano a Alejandro Gonzáles González, director de Recursos Humanos del Despacho Presidencial; Jorge Távara Vallejos, ejecutivo de la Unidad de Tecnologías de la Información del Midis; y Víctor Torres Merino, contratado por el Midis como capacitador en gimnasia laboral.
- Por otro lado, la fiscalía abrió investigación preliminar en enero pasado contra Zenovia Herrera Vásquez, Fernando Navarro Luna y los que resulten responsables del presunto delito de tráfico de influencias en perjuicio del Estado, por la designación de prefectos y subprefectos en la región San Martín. Ellos también están vinculados a Nicanor Boluarte.
- El Ministerio Público también lo investiga por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en agravio del Estado. La medida se adoptó tras conocerse la denuncia que lo involucra en el supuesto favorecimiento de una partida presupuestal de S/. 20 millones para obras públicas en Nanchoc. Investigación también alcanza Nixon Hoyos Gallardo, alcalde de este distrito de Cajamarca.
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