Cada vez que Omar Chehade, actual presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, escucha el nombre del restaurante “Brujas de Cachiche” se encrespa, trata de escapar del tema e, incluso, acusa un “golpe bajo”, como lo hizo en una de sus últimas entrevistas en televisión, cuando le recordaron la denuncia que lo obligó a renunciar a la segunda vicepresidencia de la República y que casi lo deja sin curul durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), su otrora aliado.
“Eso qué tiene que ver, eso es un golpe bajo, eso fue archivado no solo en el Congreso, sino por el fiscal de la Nación, porque no hubo nada […] Me sometí a las investigaciones del fiscal de la Nación, que no era nacionalista, que se decía era aprista, y me archivó la investigación después de ocho o nueve meses”, afirmó el lunes último Chehade, visiblemente fastidiado, después de que le preguntaron en Canal N sobre el tratamiento que hubiese tenido la denuncia en su contra bajo la reforma del artículo 93 de la Constitución.
Y si bien esta modificación, aprobada en primera votación por el pleno la noche del último domingo, elimina la inmunidad de proceso y de arresto de los congresistas por delitos comunes, les da una “protección total”, de acuerdo al constitucionalista Luciano López, en lo que refiere a sus actos funcionales.
“Se han desprendido de su inmunidad por delitos comunes, pero se han vuelto intocables en lo que concierne al ejercicio de sus funciones”, remarcó López a El Comercio.
Chehade Moya, en octubre de 2011, se reunió con cuatro generales de la Policía Nacional en el restaurante Brujas de Cachiche, donde su hermano Miguel ofreció incentivos para realizar un desalojo en la azucarera Andahuasi, a favor del Grupo Wong. Miguel Chehade fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado.
El exparlamentario nacionalista estuvo al borde del desafuero, pero el voto de Yehude Simon en la Comisión Permanente lo evitó.
Un informe, elaborado por la entonces congresista Marisol Pérez Tello y que había sido aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, proponía denunciar a Chehade por patrocinio ilegal, destituirlo del cargo de congresista e inhabilitarlo por cinco años para ejercer la función pública.
Simon, unas semanas después, aceptó que su votación en contra del informe Chehade incumplió con el reglamento de su grupo parlamentario Alianza para el Gran Cambio, que obliga a sus miembros a votar en bloque.
“Hemos discutido, hemos conversado, he reconocido que había un compromiso de mi partido con la bancada que cuando haya una disconformidad [con las decisiones de la bancada] decirlo, pero [finalmente] votar por la bancada. Yo no he cumplido con eso. El compromiso es que a partir de la fecha no volveremos a cometer ese error, en ese sentido fue un error”, afirmó Simon.
Un día antes de que se debata su destitución, el entonces parlamentario nacionalista presentó su dimisión.
“Ante los hechos acontecidos en octubre pasado, donde se desató por ciertos sectores una injusta y desmedida campaña política en mi contra, que afectó en los últimos meses a mi familia y a mi persona he reflexionado y en aras de no causar perjuicio a la buena imagen del gobierno y en pro de seguir contribuyendo a una mejor gobernabilidad institución he decidido renunciar de manera irrevocable” a la segunda vicepresidencia de la República, indicó Chehade, en una carta dirigida al presidente del Congreso, Daniel Abugattás.
Chehade, en una entrevista a El Comercio en noviembre el año pasado, reconoció que cometió un “error político” al asistir al restaurante Brujas de Cachiche.
“Reconozco que fue una mala decisión que se tomó y una mala decisión de no enfrentar el problema de mi hermano, no enfrentarlo a él mismo e ir soslayando sus acciones durante muchos años y esto generó consecuencias. Todo esto ha sido para mi familia muy duro, también para él, quien tuvo una sentencia desproporcionada e injusta”, subrayó.
De defensor a crítico de los Humala
La cita en el restaurante Brujas de Cachiche también quebró la relación de Chehade, al inicio del gobierno nacionalista, con el entonces presidente Ollanta Humala y la primera dama, Nadine Heredia. Esta última había escrito en Twitter, una vez que se conoció el escándalo: “¿Tan difícil es caminar derecho?”.
“Siempre he caminado derecho, mi currículo así lo ha demostrado, nunca he tenido ningún proceso penal, ni civil, mi vida siempre ha sido correcta, siempre he dormido tranquilo. Pasaron los años y más bien a ella [Nadine Heredia] se le revirtió esa maliciosa y funesta frase de caminar derecho”, sostuvo Chehade a este Diario, en medio de la última campaña al Parlamento.
El ex segundo vicepresidente de la República, quien había sido abogado de Humala en los procesos por Madre Mía y el ‘andahuaylazo’, pasó a ser un severo crítico del militar en retiro y de su esposa tras su separación de Gana Perú en el 2015. Y esta posición la plasmó de manera extensa en su libro “La gran usurparción”, en el que afirma que Heredia manejó la economía, obras y la designación y salida de ministros.
También relata que Humala fue “el secretario” de Heredia Alarcón y niega que él, a pesar de la cercanía con la pareja, haya tenido conocimiento “de los dineros calientes de Venezuela […], lo de Brasil, lo de Martín Belaunde”.
El desembarco en Alianza para el Progreso
Una vez concluido el gobierno de Humala, Omar Chehade fue asiduo invitado a la televisión y la radio para comentar la situación legal del expresidente y la ex primera dama, ambos investigados por el Caso Odebrecht.
Se mantuvo alejado de actividades proselitistas hasta que unas semanas después de la disolución del anterior Congreso, Alianza para el Progreso lo anunció como su cabeza de lista en Lima para las elecciones de enero último.
Chehade contó a este Diario que recibió una “invitación directa” de César Acuña, líder de APP, para sumarse a ese partido.
“Fueron varios días de diálogo, de conversación, no acepté de manera inmediata, quería escuchar su plan programático. Y me di cuenta de las propuestas de APP, que es un partido de centro, coincidían en su gran mayoría con los conceptos que yo siempre he profesado: economía libre y social de mercado, mejorar el sistema educativo, también el de salud y la reforma política”, dijo en noviembre.
Durante la última campaña, Chehade remarcó que, si era elegido, trabajaría por el retorno del Senado, la eliminación “parcial” de la inmunidad parlamentaria y otros puntos de la reforma política.
En la primera legislatura, el pleno del Congreso, a sugerencia de dictámenes de la Comisión de Constitución, que él dirige, ha aprobado la eliminación de elecciones primarias abiertas y obligatorias, la paridad y alternancia de género, la instauración de un concurso de méritos para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la creación de un distrito electoral para los peruanos en el extranjero y dos reformas de tipo constitucional.
Una le prohíbe a los sentenciados, en primera instancia, por delito doloso postular a cargos de elección popular o ser parte de la administración pública.
Y la otra reforma, la que ha desatado la polémica y una ola de renuncias en el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, ha sido la eliminación de la inmunidad para casi todos los altos funcionarios del Estado.
Esta medida, concretada de manera “exprés” en el pleno del último domingo (tres horas), fue calificada por Chehade como “histórica”.
El actual congresista de APP, la carta de Acuña para llevar adelante la reforma política, afronta hoy una nueva crisis, la segunda de su carrera política.
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Chehade fue abogado de Diosdado Navarro Oré, quien es sindicado como uno de los cabecillas de “Los nuevo dueños del sur”, red que se dedica al tráfico de terrenos.
“Fui abogado de él, porque considero su inocencia. Es un tema absolutamente profesional, es un tema entre privados, entre Súmac Pacha, que es [la empresa] que he defendido, a él como presidente, y Tierras del Sur, es un tema entre privados, en la que [Navarro Oré] me contrató como abogado y yo defiendo mi profesión lícita, como lo hace un médico o un arquitecto”, refirió a El Comercio durante la campaña.
Chehade también integró el equipo de la Procuraduría que logró al extradición del expresidente Alberto Fujimori de Chile.
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