Culpable soy yo

La dura nota de la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings debe ser una clarinada de alerta al liderazgo político en su conjunto. Al provenir de una fuente ajena al trajín político diario, tiene un valor adicional. Son muchas veces los observadores externos los que ven con algo más de objetividad lo que pasa en el polarizado entorno político peruano.

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Desde julio del 2016, es evidente que el país ha experimentado una dañina mezcla de desidia y abandono, en las que tanto la presidencia como el Parlamento han tenido su cuota de responsabilidad. El informe de Fitch dice a la letra: “Las tensiones políticas recurrentes entre el Ejecutivo y el Legislativo y la inestabilidad del Gabinete desde 2016, reflejada en cuatro presidentes (incluidos tres en noviembre de 2020), dos Congresos y una alta rotación del Gabinete, han estancado el progreso de las reformas y han frenado el crecimiento económico”.

La larga inestabilidad a la que se refiere el informe tiene como origen la generación de espacios de incertidumbre que bien pudieron superarse, si es que los actores políticos se hubieran conducido con responsabilidad, sensatez y madurez. Pero, lamentablemente, no son estos recursos los que abundan en una política tan precarizada, en que la estridencia de la opinión pública (en las calles, las redes sociales o los medios de comunicación) o las agendas subalternas que se han colado en la política formal —con entusiastas operadores de por medio— tienen un peso significativo.

Evidenciar el deterioro de las condiciones políticas es más pertinente dada la actual coyuntura electoral. Como se sabe, la contienda renovará ocupantes en Palacio de Gobierno y en el Congreso. Sobre ello, Fitch alerta: “Riesgos a la gobernabilidad y a las reformas podrían persistir si el partido y los aliados del presidente electo el 11 de abril del 2021 no aseguran suficientes escaños para prevenir censuras ministeriales o presidenciales”.

Como se ve, la excepcionalidad de los recursos legales con que cuentan los poderes del Estado —como la vacancia o la censura— ha sido dilapidada en los últimos años. Su recurrencia ha hecho que esta eventualidad forme parte de la nueva normalidad de la política peruana.

Estas consideraciones tendrán que ser tomadas en cuenta por los electores al emitir su voto, tanto en abril como en la muy probable segunda vuelta de junio. Dada la fragmentación y el desánimo presentes en las encuestas más recientes, seguramente se dé algún nivel de voto estratégico.

Atentos solamente a las positivas cifras macroeconómicas (hoy en riesgo), el país había mantenido relegada a la política a la opacidad y la postergación. Parafraseando la balada ochentera de José Luis Rodríguez ‘El Puma’, cuyo título ha sido tomado prestado en esta columna, a la política se la ha tenido olvidada, se ha dejado que muera el amor —entre electores y elegidos— y se le ha negado la mano —para mejorarla o acercarla al ciudadano—. Una Fuenteovejuna contemporánea, que debe desterrarse.

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