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Parlamento inmune, la columna de Fernando Tuesta

Los congresistas no se dan cuenta de que mantener ese manto encubridor afecta a todos, pero la sociedad civil tampoco se ha dado cuenta de que allí tiene un objetivo por el que luchar

Congreso de la República

“Las bancadas están integradas por personajes con diversos intereses, quedando la cohesión partidaria muy relajada”. (Ilustración: El Comercio)

Para enfrentar el flagelo de la baja calidad y deshonestidad de los congresistas, algunos plantean modificar las normas desde el lado de las candidaturas; es decir, previo a la elección. Y otros, desde el lado de las sanciones, una vez que son elegidos legisladores.

Sobre lo primero, plantear la creación de nuevos requisitos para la postulación contraviene el derecho constitucional al sufragio. Agregar impedimentos de postulación o ajustar la hoja de vida no ha impedido que el Congreso se libre de ese tipo de parlamentarios. El problema es que la debilidad de los partidos afecta su capacidad para seleccionar a mejores y conocidos cuadros de sus propias filas. A ello se agrega que no son atractivos para que gente formada y honesta se acerque a sus organizaciones. A la carencia de cuadros se suma la de recursos. En esas circunstancias, el partido se acerca a quienes los tienen de variado tipo. Al final, ese compromiso es débil en términos de fidelidad partidaria, pero fuerte en términos de dependencia económica. De esta manera, la mayor cantidad de congresistas elegidos no pertenecen al partido que les permite candidatear. La situación se agrava pues el voto preferencial permite, con mayor posibilidad, que los candidatos populares y con recursos sumen más votos de aquellos que no los tienen. Aquí solo se avanzará eliminando el voto preferencial.

Una vez en el Congreso, las bancadas están integradas por personajes con diversos intereses grupales y materiales, quedando la cohesión partidaria muy relajada. Cuando un congresista es acusado ante la Comisión de Ética, no se le procesa de la misma manera que a todos. Suele ocurrir que su suerte está librada a tener una mayoría allí o en el pleno del Congreso, formar parte de acuerdos entre bancadas o tener capacidad para el chantaje. Esa comisión, quizá más que ninguna, ha demostrado que los congresistas no se pueden procesar a sí mismos. Se debe pensar en otro diseño (ex congresistas, representantes de instituciones u otros) o desaparecer. No ha funcionado y no funcionará de la forma que se requiere y demanda.

Por las mismas razones, congresistas que debieron ser procesados en el fuero judicial siguen en sus funciones debido a la inmunidad parlamentaria, pensada inicialmente para proteger a los parlamentarios solo en razón de sus opiniones y votos. Sin embargo, ha resultado ser un mecanismo de protección total, pues exige una serie de procedimientos y, finalmente, todo pasa por la decisión del pleno del Congreso que, como hemos visto, suele protegerse. No obstante, no puede ser posible que congresistas que han cometido delitos antes de su elección o sobre los que exista evidencia, cuando ya han sido elegidos, puedan librarse de un proceso como cualquier ciudadano corriente. El Apra propuso, en la última campaña electoral, eliminar la inmunidad parlamentaria y la bancada de Peruanos por el Kambio, por iniciativa de la congresista Patricia Donayre, ha planteado lo mismo. No hay otra manera de enfrentar este problema que se extiende cada vez más. Los congresistas no se dan cuenta de que mantener ese manto encubridor afecta a todos, pero la sociedad civil tampoco se ha dado cuenta de que allí tiene un objetivo por el que luchar claro y de efectos higiénicos.

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