El presidente Pedro Castillo fue denunciado constitucionalmente por un grupo de abogados, entre ellos, Lourdes Flores Nano | Foto: Presidencia Perú
El presidente Pedro Castillo fue denunciado constitucionalmente por un grupo de abogados, entre ellos, Lourdes Flores Nano | Foto: Presidencia Perú
Redacción EC

Un grupo de seis abogados, entre ellos y constitucionalistas, presentaron una denuncia constitucional contra el presidente de la República, , ante el Congreso de la República en la que lo acusan del delito de traición a la patria.

El documento lleva las firmas, además de Flores Nano, de Fernán Altuve, Ángel Delgado Silva, Hugo Guerra, Francisco Tudela y César Vignolo, todos los que presentan como domicilio legal la oficina del estudio “Lourdes Flores Nano Abogados”.

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Los suscritos acusan al mandatario de haber infringido los artículos 32, 54, 110 y 118 de la Constitución, así como de haber cometido el delito de traición a la patria por las declaraciones que Castillo Terrones brindó a CNN en Español.

En la entrevista que se difundió en el mes de enero, el jefe del Estado señaló que había que consultar al pueblo la posibilidad de que se le otorgue una salida al mar a Bolivia. “Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia [...] Ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste”, citan en la acusación.

Los abogados denunciantes consideran que estas declaraciones son una “actitud temeraria” que compromete las relaciones exteriores y la política exterior, además de poner en riesgo la integridad nacional del país e incurrir en el delito de traición a la patria.

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También acusan a Pedro Castillo de haber “confesado a la prensa internacional su intención de convocar a una ‘consulta popular’ sobre la modificación de nuestras fronteras’, destacando siempre que tanto el presidente como el partido Perú Libre están a favor de llevar a cabo un referéndum para modificar la Constitución.

“Consideramos que la declaración emitida por las implicancias jurídicas y políticas analizadas anteriormente, constituyen ‘un acto’ dirigido a someter la Republica a una pretensión foránea, por razones ideológicas y de sometimiento a una corriente política en nuestro continente (el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo), con clarísima vulneración de los mandatos constitucionales y pretendiendo la eliminación de las limitaciones que la Carta Magna le imponen”, indica la denuncia.

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