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A solo cuatro semanas de que se conociera sus citas secretas en Breña, el presidente Pedro Castillo enfrenta un nuevo cuestionamiento. El profesor se reunió, en dos oportunidades en Palacio de Gobierno, con Samir Abudayeh, director de Heaven Petroleum Operators (HPO). Esta empresa obtuvo, días después, un contrato por US$74 millones con Petroperú, que le requirió 280 mil barriles de biodiésel.
Abudayeh- según informó el programa “Panorama”- se entrevistó con Castillo Terrones el 15 y el 18 de octubre. Precisamente, en esta última, su ingreso a la Casa de Gobierno coincidió con la del gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, y con la de la lobista Karelim López, investigada por la fiscalía por presunto tráfico de influencias por el Caso Provías Descentralizado.
La empresa HPO obtuvo el millonario contrato días después de la última reunión con el mandatario.
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Para el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, se observa “la repetición” de un patrón en la actitud del presidente Castillo.
“Si en la reunión estuvo no solo el señor Abudayeh, sino también Chávez Arévalo y López, vemos un patrón, en el cual determinar personas con acceso asimétrico a fuentes de poder, en este caso el presidente de la República, logran tras una reunión con Castillo un contrato. Al repetirse esto [ya se había dado con López y Provías], y al ser un patrón histórico muy similar a Lava Jato, el Ministerio Público debe iniciar el acopio de pruebas que sean la base de una investigación preliminar”, subrayó a El Comercio.
Maldonado consideró que esta pesquisa debe ser separada a la de Provías, a pesar de que Castillo y López sean protagonistas en ambas licitaciones.
Remarcó que el Castillo podría ser investigado de manera preliminar por los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y negociación incompatible.
“Yo veo la figura de la colusión agravada, se debe probar el pacto colusorio y si es que hubo daño al Estado, no necesariamente de tipo económico. Por ejemplo, si el Estado perdió la oportunidad de contratar con un mejor postor”, manifestó.
El exprocurador indicó que el Ministerio Público, si inicia investigación al mandatario, debe centrarse en la presunta colusión agravada, porque es el ilícito que tienen mayor pena, 15 años. “El tráfico de influencias cuando es agravado es ocho años, esto es un tema de estrategia”.
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El abogado penalista Ricardo Elías afirmó que se está frente a un eventual tráfico de influencias, negociación incompatible y colusión, “si es que todos forman parte de un mismo grupo” que buscó favorecer a la empresa HPO. Aunque señaló que la investigación preliminar que abra la fiscalía debe ser “contra los que resulten responsable”.
“Sí, se debe iniciar una investigación preliminar de oficio, sin la necesidad de que un ciudadano o una entidad denuncie el hecho contra los que resulten responsables. ¿Por qué? Porque si se inicia una pesquisa directa contra funcionarios y los particulares que participaron [en la reunión], estos pueden entorpecer los actos de indagación”, expresó a este Diario.
Elías indicó que, durante las dos primeras semanas de esta investigación preliminar, la fiscalía podría realizar diligencias urgentes, como el recojo de pruebas, y después de asegurar estas, se podría incluir a los protagonistas de las citas en Palacio de Gobierno.
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El abogado penalista Carlos Caro indicó que la Fiscalía de la Nación debe iniciar una investigación preliminar a Castillo Terrones por los presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible. Agregó que el Ministerio Público solo requiere de una “sospecha inicial simple” y que en esta situación sería las reuniones de Castillo con el empresario Abudayeh.
“Por el lado del presidente, hay un dato que es la reunión, cuyo contenido o motivos no se conoce bien. Esto ya califica como sospecha inicial simple, y la fiscal Zoraida Ávalos debería abrir una investigación preliminar al presidente. Recuerdo que, en el Caso Swing, la misma fiscal estableció el criterio de que el presidente sí podía ser investigado en su mandato”, afirmó en diálogo con El Comercio.
Caro dijo que para que la denuncia pase de colusión simple a agravada se deben contar con elementos que determinen que hubo un perjuicio al Estado.
El letrado indicó que en la investigación será vital el rol de la contraloría, que este lunes intervino la sede de Petroperú, porque será esta institución la que determine si el proceso administrativo para otorgarle el contrato a la empresa HPO se realizó con normalidad o si se presentaron irregularidades.
“Estamos ante una situación, donde el presidente Castillo tiene un entorno criminológico, de manera que esta película la vamos a volver a ver”, concluyó.
“Ha sacrificado la lucha contra la corrupción”
Maldonado explicó que el Ministerio Público tendrá que recabar el testimonio del secretario general de la Presidencia, Carlos Jaico, quien tiene a su cargo el registro de las visitas que recibe el presidente, a fin de que aclare si hubo o no una cita conjunta entre Castillo, Chávez Arévalo, López y Abudayeh. “Y, a la par, recurrir a los medios tecnológicos como la geolocalización, se debe contrastar toda la información”, mencionó.
El exprocurador anticorrupción dijo que Castillo, a raíz de los últimos hechos, está en un proceso de “retroceso grave” respecto a los compromisos que asumió en la campaña.
“El gobierno, en particular el presidente, ha entrado en un descenso imparable. Ha sacrificado los ejes principales de su gobierno, empezando la lucha contra la corrupción. Si Castillo no entendió que la lucha contra la corrupción debía ser uno de los ejes centrales de su gobierno, todo el Perú sabe de Lava Jato, de la corrupción en los gobiernos regionales, y en [el decenio] de Fujimori y Montesinos. No hay forma que no saque una lección de eso”, acotó.
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Elías, por su lado, dijo que no bastará con la declaración de los involucrados, sino que la fiscalía va a tener que solicitar los registros de visitas a Castillo de los últimos meses, a fin de corroborar si lo señalado por Chávez Arévalo, en el sentido, de que iba una vez al mes a Palacio de Gobierno es verdad o no.
“Se debe solicitar el levantamiento del secreto a las comunicaciones y acceder al registro de llamadas entrantes y salientes de todos. Y también ver la geolocalización”, subrayó.
Un proceso diseñado para HPO
El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi dijo que “no es normal” que un presidente de la República se reúna con el representante de una empresa que se encuentra búsqueda de ofrecerle un servicio al Estado, como HPO. Añadió que la compra de 280 mil barriles de biodiésel de parte de Petroperú debió haber sido evaluado por una comisión técnica de la institución, donde Chávez Arévalo, como gerente general, no debería haber intervenido ni mucho menos Castillo.
“Que este asunto haya llegado al nivel del presidente deja para mí una lectura que es clarísima, han hecho el negocio con el presidente y el gerente general. Que haya US$20 mil en uno de los baños de Palacio de Gobierno ya da bastante que pensar, y no se sabe si el secretario [Bruno Pacheco], quien fue el sacrificado, era el protagonista o el intermediario. Para mí, este acto [el Caso Petroperú] es un acto de corrupción gravísimo, esto habilita la vacancia inmediata”, manifestó a El Comercio.
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Herrera Descalzi advirtió que el proceso de licitación de la compra de 280 mil barriles de biodiésel por US$74 millones “fue diseñado” a favor de HPO.
“Este proceso ha sido totalmente dirigido. El diseño tenía como objetivo de que se llegue a un único postor [en la fase final]”, sostuvo.
Según informó el programa “Panorama”, Petroperú decidió, el 26 de octubre, cancelar el “proceso internacional”. Es decir, que en la licitación solamente participen empresas nacionales, a fin de “contribuir” a la reactivación económica del país y “mitigar los efectos negativos” de la pandemia de COVID-19.
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(Foto: El Comercio)
La empresa estatal también remitió, el 28 de octubre, una fe de erratas a las empresas Bio Energy Perú SAC y Heaven Petroleum Operators, a fin de que presenten una nueva propuesta económica hasta las 4 la tarde de ese mismo, debido a un “error material en la fórmula de precios” en el formato de propuesta. Solo la empresa de Abudayeh pudo subsanar a tiempo.
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(Foto: El Comercio)
Herrera Descalzi indicó que el proceso normal hubiera sido realizar “una licitación internacional” y respecto a esta fe de erratas, indicó que se le debió dar más tiempo a las dos empresas para presentar su nueva propuesta. “Se sumaron filtros para que solo haya una única empresa. Las casualidades no existen. Ahí están las visitas. Esta situación es bien grave”, opinó.
Una fuente cercana al Ministerio de Energía y Minas indicó a El Comercio que en la compra de biodiésel “siempre hubo licitación internacional”, porque esto permitía conseguir “mejores precios”.
“Lo que me llama la atención es que se haya restringido el concurso a solo el mercado nacional. El argumento ha sido promover la industria en el Perú y que la palma aceitera [insumo del biodiesel] ayuda a combatir la droga. Estos argumentos son muy débiles, hay una evidente preferencia a una empresa nacional”, señaló.
Más información
- El Ministerio Público informó, a través de su cuenta de Twitter, que la fiscal anticorrupción Norah Córdova Alcántara abrió una investigación preliminar en contra de Chávez Arévalos y los funcionarios de Petroperú Gunther Document Celis, Muslaim Abusada Sumar y Roger Liy por los presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible.
- En la pesquisa han sido incluidos, en calidad de cómplices Abudayeh, López y Gregorio Sáenz Moya, representante de la Junta Nacional de Palmicultores.
- En el marco de la investigación, la fiscalía intervino la sede de Petroperú. En este lugar, han ha solicitado la entrega del expediente administrativo original que autorizó la compra de biodiésel, la normativa específica aplicada al proceso de contratación, los registros de visitas a Petroperú de octubre y las imágenes de las cámaras de videovigilancia.
- También han ingresado a Palacio de Gobierno, donde se realizará una copia espejo de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el ingreso y se recabará el registro de visitas, entre el 15 y 28 de octubre último.
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