El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, pidió, con carácter de urgente, al secretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, información sobre las reuniones que el presidente Pedro Castillo sostuvo con empresarios en la casa ubicada pasaje Sarratea, en Breña.
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Mediante el oficio 216-2021-JUS/PGE-PG, pidió que se indique si en dichas reuniones se ha realizado un debido control de los asistentes, conforme a la Ley que regula la Gestión de Intereses de la Administración Pública, entre otras normas. Y solicitó acompañar copia del registro correspondiente.
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Además, solicitó que informe las medidas dispuestas para cumplir con las recomendaciones de la Contraloría, incluidas en el informe del Órgano de Control Institucional del Despacho Presidencial de agosto pasado sobre el ejercicio de funciones fuera del despacho presidencial.
Un reportaje de Cuarto Poder reveló que el jefe de Estado continúa asistiendo continuamente a la casa en Breña que utilizó durante la campaña electoral y donde despachó en los primeros días de su administración.
Al predio llegaron, entre otros, empresarios, la jefa de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Jaqueline Perales Olano, y los congresistas de Perú Libre Alex Paredes y Lucinda Vásquez.
De igual manera, se registró la llegada del ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, y luego una persona a la que Cuarto poder identificó como Karelim López Arredondo, quien también registró reuniones con Castillo Terrones en Palacio de Gobierno.
La empresaria Karelim López Arredondo visitó también la vivienda donde el presidente Pedro Castillo despachaba durante la campaña electoral y los primeros días de su gobierno. Ella –amiga del ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco– brinda “servicios de asesoramiento” a Termirex S.A.C., una de las empresas del Consorcio Puente Tarata III, que ganó una millonaria adjudicación en octubre.
Al inicio de su gestión, Pedro Castillo intentó alejarse de la sede presidencial y despachar en la vivienda en Breña; sin embargo, retrocedió ante advertencias de diferentes entidades, entre ellas, la Contraloría, que advirtió que el presidente habría estado vulnerando la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, y con ello principios básicos de transparencia.
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