¿Quién es Daniel Soria, el primer procurador general del Estado y cuáles son sus funciones?

A propuesta de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, el presidente Martín Vizcarra nombró a Daniel Soria Luján como nuevo procurador general de del Estado.

Entre otras funciones, Soria será el encargado de presentar denuncias penales contra altos funcionarios.

La Procuradoría General del Estado fue creada en noviembre a través del Decreto Legislativo 1326, que reestructura el Sistema de la Defensa Jurídica del Estado. La entidad reemplaza al Consejo de Defensa Jurídica.

Daniel Soria es abogado y magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Es, además, profesor de Derecho Constitucional en dicha casa de estudios desde hace más de 20 años y miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, según su hoja de vida.

Durante cuatro años (1998-2002), fue comisionado de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.

Luego, desde el 2002 y hasta noviembre del año pasado, Soria Luján se desempeñó como subsecretario general de la PUCP.

En una columna de opinión publicada en este Diario en el 2016, el profesor se manifestó a favor del enfoque de género del currículo escolar que, por esas fechas, impulsaba el entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra.

“La perspectiva de género es un hito más en la evolución del derecho fundamental a la igualdad”, escribió en ese entonces.

Por otro lado, en un artículo de la revista académica “Gaceta Constitucional” del 2014, Soria se manifestó a favor de la Ley Universitaria y consideró que esta no debía ser declarada inconstitucional.

“(…) En nuestra modesta y personal opinión, harían bien los jueces constitucionales en desestimar toda aquella demanda de inconstitucionalidad que se plantee contra el Capítulo II de la flamante Ley Universitaria, o cualquier demanda de amparo que pretenda cuestionar en abstracto al nuevo ente supervisor de la educación superior universitaria. La educación es un bien tan importante que no debe dejar de ser objeto de regulación y supervisión por parte del Estado”, se lee en el texto.

—Las funciones de la Procuradoría General—

Si bien la Procuradoría General es un organismo adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), la ley establece que cuenta con “autonomía funcional, técnica, económica y administrativa”. Esta independencia, sin embargo, no está libre de cuestionamientos, como veremos más adelante.

Entre las principales competencias de la Procuradoría General se encuentran:

- Representar a la Procuraduría General del Estado ante los órganos del Estado e instituciones privadas, en el ámbito nacional e internacional.

- Requerir a toda entidad pública información y/o documentos necesarios para evaluar el inicio de acciones o ejercer una adecuada defensa del Estado.

- Designar a los/as procuradores/as públicos, luego del proceso de selección a cargo del Consejo Directivo.

La norma, además, establece que la atribución de denunciar a los altos funcionarios ya no la tendrá el resto de procuradores públicos. Esta facultad corresponde, ahora, únicamente al Procurador General.

Los otros procuradores, sin embargo, sí podrán recibir denuncias de funcionarios, servidores, ciudadanos, y evaluar las que difundan los medios para luego canalizarlas a la Procuradoría General.

—Posibles riesgos de la nueva norma—

Cuando se publicó la norma fuentes de este Diario en la procuradoría anticorrupción señalaron que la disposición según la cual solo el Procurador General podrá denunciar a los altos funcionarios, significaría un recorte de sus atribuciones.

Carlos Caro, abogado penalista, expresó su preocupación. Según el abogado, el hecho de centralizar la capacidad de denunciar a altos funcionarios en un solo procurador es “riesgoso”, en tanto este es nombrado por el Ejecutivo.

“Eso podría implicar que, ante un caso grave de corrupción en el que el gobierno no quiere involucrarse, el Procurador General no interponga la denuncia”, explica. Para Caro, este peligro disminuye si existen más procuradores capaces de denunciar.

Por otro lado, la también penalista Vanessa Valverde consideró que la norma podría ser positiva en tanto facilitaría que exista mayor unidad y orden en la procuradoría. Sin embargo, precisó que no se debe dejar de vigilar a quien desempeñe el cargo de Procurador General.

“Por una cuestión de orden estaría bien, pero siempre hay que tener en cuenta qué persona desempeña el cargo por más instituciones que tengan reglas claras, si tú pones en el cargo a una persona que no tenga la capacidad de liderar un puesto así [a cargo de denunciar a altos funcionarios por corrupción] pueden surgir problemas”, indica.

Sobre el desorden existente en la procuradoría, Valverde puso como ejemplo el conflicto entre los procuradores Amado Enco y Jorge Ramírez por el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado y la empresa Odebrecht.

El Comercio solicitó una entrevista con Daniel Soria, pero en el Ministerio de Justicia indicaron que por el momento no brindará declaraciones.