Vladimir Cerrón y la resolución judicial que le brinda facilidades para pagar su reparación civil en 42 cuotas

El Comercio accedió a la resolución del Poder Judicial (PJ), que a través del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Junín, llegó a un acuerdo con el prófugo fundador de Perú Libre (PL) y otros implicados, para que a lo largo de 42 meses paguen el monto de S/250,000 que se les impuso por haber perjudicado al Estado.

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De esta manera, de acuerdo a la decisión judicial, Cerrón Rojas y otras seis personas declaradas civilmente responsables por la Corte Suprema, deberán abonar de manera conjunta, la suma de S/4.800 mensuales. Esto, pese a la oposición de la Procuraduría Anticorrupción de Junín.

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El pasado 26 de marzo del 2025, la Corte Suprema anuló la condena efectiva de tres años y seis meses del exgobernador regional de Junín y lo absolvió de la acusación por el delito de colusión, al verse implicado en el favorecimiento de una empresa para la habilitación de un nuevo aeropuerto regional.

En otro extremo de su decisión, la máxima instancia del Poder Judicial (PJ) confirmó la condena civil para el fundador de PL e incluyó a otros procesados en el pago de la reparación civil a favor del Estado, reduciendo el monto inicial de S/800.000 a S/250.000.

Por tanto, se determinó que los encausados Vladimir Roy Cerrón Rojas, Aldrín Zarate Bernuy, Serafín Manuel Blanco Campos, Luis García Morón, Henry Fernando López Cantorín, Eddy Ramiro Misari Conde, Silvia Edith Castillo Vargas, Saul Arcos Galván, Mercedes Irene Carrión Romero y Luis Donato Araujo Reyes habían causado un perjuicio al Estado y por tanto debían pagar de manera solidaria el monto de S/250.000.

Fue así que el 15 de mayo Cerrón Rojas y otros seis responsables civiles, solicitaron al despacho de la jueza July Baldeón “el fraccionamiento de pago de la reparación civil” de los S/250.000, en aplicación del reglamento de la Ley N° 30353 – Ley que crea el Registro de Deudores de Reparación Civil – REDERECI.

Para poder beneficiarse de esta ley promulgada en el 2017, realizaron un pago inicial del S/ 50.000 tal como lo exige la norma.

Esto es, que los requeridos en el proceso de ejecución de sentencia, paguen la reparación en un plazo máximo de 10 días hábiles o, en su defecto, presenten un convenio de pago, el que requería un abono inicial de no menos del 20% del monto total de la deuda bajo apercibimiento de disponer su inscripción en el REDERECI.

La inscripción en el REDERECI le impediría contratar con el Estado, postular a cargo público, entre otros.

La propuesta presentada al despacho judicial señalaba que solo tenían la posibilidad de pagar, mensualmente, la suma de S/ 3.500 de manera conjunta.

Esto era a razón de S/500 por cada uno de los siete solicitantes que propusieron realizar el abono cada fin de mes hasta que la deuda del pago de reparación civil sea cancelada en su totalidad durante 48 meses.

Adujeron que se encontraban imposibilitados económicamente y adjuntaron 14 vouchers de depósitos en efectivo realizado a la cuenta corriente a nombre de la Procuraduría General del Estado, que correspondían a la suma de S/ 50.000.

Así, el monto pendiente a resarcir quedó en S/ 200.000.

Finalmente, el pedido de fraccionamiento fue debatido en una audiencia el pasado 11 de julio, donde la defensa técnica de los solicitantes, entre ellos Vladimir Cerrón, se ratificó en su propuesta de que los siete implicados paguen S/3.500 mensuales.

No obstante, la Procuraduría Pública Anticorrupción de Junín se opuso a la propuesta alegando que el fraccionamiento llevaría a extender el pago durante cuatro años, lo cual afectaba la eficacia del cobro de la reparación civil.

“La propuesta no se ajusta a los términos de razonabilidad ni proporcionalidad, al traducirse en un plazo de 4 años y nueve meses para llegar a la cancelación de la totalidad de deuda pendiente, atentando con el derecho a la pronta ejecución de sentencias como parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva”.

Procuraduría Pública Anticorrupción de Junín

En la sesión, la procuraduría señaló que los sentenciados civiles contaban con diversos bienes inmuebles y vehiculares que demostrarían su capacidad económica para asumir el pago de la totalidad de reparación civil impuesta.

Como último escenario, la representación del Estado indicó a la jueza que, como contra propuesta, el exgobernador regional y otros seis emplazados, paguen a razón de S/ 1,000.00 por cada encausado, lo que haría un pago solidario de S/ 7,000.00 mensual. Es decir, en un año y cinco meses aproximadamente.

Para ello, la Procuraduría Pública Anticorrupción de Junín recordó que en el caso de Cerrón Rojas, sería el titular de dos inmuebles.

Sin embargo, la defensa legal del prófugo fundador de PL señaló que uno de los inmuebles se encontraba con una medida cautelar de embargo y orden de inhibición ordenada en el Expediente N° 03779-2018-9-1501-JR-PE-05, por lo que no podía disponer libremente de este bien.

En ese contexto, la defensa técnica de todos los solicitantes, presentó una nueva propuesta que refería el pago de S/ 4,800 mensuales, refiriendo que sería a razón de S/ 685.70 por cada uno de ellos, los mismos que pagarían en 42 meses para llegar a la cancelación de los S/ 200,000.00 pendientes de pago por concepto de reparación civil.

La procuraduría, como parte agraviada, reiteró su oposición y ratificó su contrapropuesta para que la deuda pendiente se pague en el plazo máximo de dos años, con el pago mensual solidario de S/ 7,000.00. por los siete implicados.

A través de una resolución del 15 de julio y emitida el 18 de julio, la jueza a cargo del caso analizó los argumentos de las partes señalando que la controversia se enmarcaba en que la defensa técnica de Vladimir Cerrón y otros seis requeridos planteaba un pago conjunto por la suma de S/ 4,800 mensuales a ser pagado en un periodo de 42 meses; mientras que la representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción de Junín proponía el pago de la suma de S/ 7,000.00 mensuales por un periodo de 29 meses, aproximadamente, a fin de que se cumpla con la cancelación de los S/ 200,000.00.

Al analizar las posiciones de las partes, la magistrada señaló que en el caso de Cerrón Rojas, se verificaba que el prófugo exgobernador regional de Junín, registraba dos inmuebles a su nombre en la Sunarp.

Uno de ello, en efecto, tenía una medida cautelar de embargo; sin embargo, sobre un segundo inmueble no se advertía que pese medida alguna sobre el mismo, y que se advertía que se encuentra en estado “activo”.

“En consecuencia, es posible para la judicatura sostener una capacidad económica promedio, pues si bien no tiene posibilidad de generar ingresos con uno de sus bienes, empero cuenta aún con un bien de libre disponibilidad, sin dejar de considerar que no se han acreditado ingresos adicionales con que cuente el encausado, más aun, considerando su situación jurídica expuesta por su defensa técnica en audiencia”, señaló Baldeón.

Por ello, agregó que Cerrón Rojas y otros solicitantes, habían acreditado que “no tendrían ingreso directo alguno por concepto de remuneración o similar” y que en algunos casos, como lo han sostenido sus abogados, sus gastos son asumidos con el apoyo de sus familiares y/o préstamos personales solicitados ante entidades bancarias.

Incluso, recordó que los requeridos han señalado que es justo con este apoyo familiar que asumen el compromiso del pago mensual fraccionado para poder cumplir con la cancelación de la reparación civil impuesta.

En ese sentido, Baldeón Quispe señaló que si bien, como indica la procuraduría, los obligados cuentan con bienes patrimoniales y vehiculares registrados ante la Sunarp, que demostrarían la capacidad económica de los obligados y, con los mismos podrían cumplir con la responsabilidad civil establecida en Sentencia Casatoria de la Corte Suprema.

No obstante, argumentó, no era viable la ejecución forzada de medidas cautelares sobre dichos bienes, teniendo en cuenta la “voluntad” de los sentenciados de pagar la reparación civil.

“Sin embargo, previo a llegar a esta medida de ejecución forzada, corresponde agotar las vías a fin de que se proceda con la cancelación de la obligación establecida por concepto de reparación civil de forma voluntaria”, dijo.

Además, precisó que, si bien estos bienes muebles e inmuebles vienen a ser considerados activos patrimoniales, no se acreditó que estos de forma directa generen ingresos de los que puedan disponer los obligados de forma inmediata, por lo que obligar al pago “abrupto” de la deuda, podría atentar con el desarrollo de vida de los implicados.

“No resulta factible la exigencia del pago de una obligación a realizarse de forma abrupta, desproporcional con los ingresos y egresos de los mismos, sobrepasando las necesidades y obligaciones a las que se encuentran sujetos, por el contrario, corresponde garantizar el efectivo pago de la obligación ya establecida, de forma que no se atente con los derecho ni el desarrollo de vida de los obligados.”

July Baldeón, jueza de investigación preparatoria

En conclusión, la magistrada sostuvo que se verificó que los obligados (Cerrón y otros) no tendrían la posibilidad de cancelación de la totalidad de la reparación civil, ascendente a la suma de S/ 200,000.00, ya que requerir el pago completo o en altas sumas, atentaría contra su desarrollo de vida y subsistencia. Además, adujo, porque el objeto de la reparación civil y la finalidad del proceso -caso particular- la indemnización por daños y perjuicios, no se vería concretada.

“Por lo mismo que considerar una suma mayor de forma mensual, como lo solicita la representante de la parte agraviada, con el pago de S/ 7,000.00 o, el pago de la suma de S/ 1,000.00 por cada obligado, podría atentar contra el desarrollo de una vida digna al que tiene derecho toda persona, principalmente al tener en cuenta que la mayoría de solicitantes han demostrado otro tipo de obligaciones – con relevancia – a las que se encuentran sujetos de cumplimiento; por lo que corresponde amparar la solicitud de fraccionamiento del pago de reparación civil, conforme los términos de la propuesta planteada por la defensa técnica de los obligados.”

July Baldeón, jueza de investigación preparatoria

La magistrada también precisó que la inscripción se los solicitantes ante REDERECI, en la actualidad, tampoco garantizaría el efectivo pago de la reparación civil, resultando ello un perjuicio para el Estado, y lo que buscaba su judicatura era que la parte agraviada pueda acceder a un resarcimiento.

Finalmente, señaló que la Procuraduría Pública Anticorrupción de Junín tenía el derecho de solicitar la ejecución de las medidas cautelares que considere, en caso de advertir el incumplimiento del acuerdo postulado, motivo por el cual se precisa que se mantiene vigente los apercibimientos decretados respecto al incumplimiento de la obligación impuesta en la sentencia que los declaró responsables civiles.

Por ello, declaró “infundada” la contrapropuesta de la Procuraduría Anticorrupción de Junín, y consideró “razonable” la propuesta de fraccionamiento planteada por la defensa de Cerrón Rojas y otros seis implicados en el caso, y aceptar que estos cumplan con cancelar los S/ 200,000.00 de reparación civil a través de un pago mensual conjunto de S/ 4,800, por el plazo de 42 meses (tres años y seis meses).

El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, consideró que el Poder Judicial (PJ) habría beneficiado a Vladimir Cerrón y otros al aceptar un acuerdo de fraccionamiento del pago que se realizará por casi cuatro años.

En ese sentido, remarcó que disponer que el prófugo exgobernador de Junín y otras personas a las que se halló responsable civilmente, realicen el pago de S/ 200,000.00 en cuatro años aproximadamente, es “tornar en ilusorio” el derecho del Estado, restándole “efectividad y la eficacia”, pues desnaturaliza el proceso de la reparación.

En esa línea, dijo esperar que la decisión pueda ser revertida por la instancia superior.

“Me parece que es una decisión que favorece al señor Cerrón por encima de los derechos de la víctima, que en este caso es el Estado peruano que está representado por su Procuraduría de Corrupción”, señaló.

Maldonado argumentó que si bien, la Corte Suprema consideró que en este caso no hubo una acción de naturaleza antijurídico penal, sí halló una acción de naturaleza antijurídico civil que ha quedado demostrada mediante un daño constatado en perjuicio del Estado y por ello se les impuso la reparación civil.

Por tanto, dijo, así como tuvieron la voluntad de causar daño al Estado, lo lógico es establecer que los sentenciados civilmente, pueden responder mediante el embargo de sus bienes, y no aplicar una acuerdo “condescendiente” a favorece a los obligados.

En otro aspecto, Maldonado recordó que Cerrón Rojas lleva casi dos años prófugo de la justicia, lo cual implica un gastos de dinero que nadie sabe de dónde sale, teniendo en cuenta que permanecer prófugo sin ser ubicado, costaría mucho económicamente hablando.

“En tercer lugar, me parece que para la acreditación, la tesis de la insolvencia de los denunciados tendría que haber sido probada de alguna manera, pero para empezar, sostener una fuga por tanto tiempo, casi (dos) años, cuesta dinero; de tal manera que no me parece razonable que se diga que este señor Cerrón no tiene dinero.”

Antonio Maldonado, exprocurador Anticorrupción

Por tanto, consideró, el requerir el fraccionamiento de la reparación civil, sobre todo de Cerrón Rojas, lo que buscaría en realidad sería “eludir el pago de la reparación civil”, teniendo en cuenta que la condena ya no existe.

En todo caso, indicó, en este caso en particular, si se quería llegar a un acuerdo, podría haber sido que el pago total de la reparación civil se concrete en un año, más no en casi cuatro años.

“Por lo tanto, están tratando de burlarse de un derecho fundamental, que es un derecho propio y absoluto de la víctima, en este caso el Estado, de cobrarse un plazo razonable la reparación civil”, concluyó.