El retorno a la presencialidad en las universidades implicaría incrementar el presupuesto de las universidades para el 2022, si los protocolos actuales establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa) se mantienen, asegura la rectora de la Universidad de San Marcos, Jeri Ramón.
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En diálogo con El Comercio, la también presidenta de la Asociación de Universidades Públicas (ASUP), refiere que “todo va a depender de las directivas que dé el Minsa y también [la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria] Sunedu”.
Las universidades tuvieron que recurrir a las clases a distancia debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, pero ahora las autoridades de diversos centros de estudios superiores de todo el país se preparan para recibir a miles de estudiantes, con el reto de que las aulas sean lo suficientemente seguras para evitar brotes.
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Como explicamos en un informe previo, la evidencia científica disponible muestra que los centros de estudio -en general- no detonan brotes si se cumplen con medidas de seguridad como el uso de mascarillas, la distancia social, la ventilación de los espacios, entre otras. Los casos en universidades y colegios, señalan los estudios, muestran el estado comunitario de la transmisión, pero no necesariamente originan los brotes.
Un estudio publicado en Nature, que analizó casos de COVID-19 en universidades del Reino Unido, halló que es posible evitar la alta transmisión si se aplican estas medidas, además de implementar controles de casos, aplicar test masivos, autoaislamiento, incluir enseñanza virtual y establecer grupos pequeños de estudiantes en las aulas. Es importante considerar que los jóvenes en edad universitaria ya están siendo inmunizados contra el covid.
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La rectora de San Marcos aclara que, en su institución, que tiene unos 50 mil alumnos y docentes, ya “hay semipresencialidad para el uso de laboratorios”.
“Hay que ser consciente que para esa semipresencialidad se requiere seguir arreglando los laboratorios para que los chicos tengan sus equipos en buen estado, acondicionar las aulas, darle mantenimiento integral a los servicios, como el comedor, la vivienda; es decir, es todo un trabajo muy fuerte. Eso es para la semipresencialidad. Para la presencialidad, hay mayor exigencia, porque hoy el Ministerio de Salud nos habla de un distanciamiento social de metro y medio. Si fuera así, un aula de 50 alumnos, por ejemplo, va a tener que dividirse en tres salones, y eso implica un presupuesto, triplicar el presupuesto, tanto para pagar a más profesores, más equipos, laboratorios… Es todo un manejo presupuestal. Por eso, nosotros estamos justamente pidiendo el incremento del presupuesto para el año 2022″, indica la rectora.
El Minsa dijo en octubre que las clases podrían iniciar ese mismo mes si las universidades lograban adoptar protocolos de bioseguridad.
Deserción universitaria
Testimonios recogidos por El Comercio muestran que la adaptación a las clases en línea fue especialmente difícil para los alumnos de bajos recursos y para aquellos cuyos padres perdieron sus empleos por la pandemia. La falta de equipos y conexión a internet están entre los principales factores que complicaron el acceso a clases.
En consecuencia, la crisis sanitaria y económica generó la deserción de los universitarios. Según cifras del del Ministerio de Educación, en el 2020 -primer año de la pandemia- la tasa de deserción general fue de 16%. Luego, en las universidades privadas, cayó un 3,4% en el ciclo del 2020-2: pasó de 22,3% a 18,9%.
En el caso de San Marcos, “estaríamos hablando de [una tasa de deserción] 5%, que es muy baja. Son alumnos que desertaron y que nuevamente están retomando sus estudios en este semestre 2021-1 porque, claro, el problema era la conectividad a los medios tecnológicos; pero se ha hecho un estudio económico [en la universidad], y ahora estamos tratando de alcanzarles los celulares, las tablets, para que los alumnos puedan seguir avanzando con sus clases”, dice Jeri Ramón.
En un informe publicado por la Pontificia Universidad Católica, Rodolfo Benites, especialista en políticas públicas y educación superior, indica que “la pandemia por COVID-19 ha tenido impactos profundos en la educación universitaria. En nuestro país, la pandemia y sus efectos se encontraron con un proceso avanzado de reforma universitaria y una serie de problemas estructurales”, que se “agudizaron” durante este período.
Antes de la crisis sanitaria, la población universitaria superaba los 1,2 millones de estudiantes. En 2020 se registró una caída de 300 mil matriculados respecto al 2019.
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