Vecinos cansados del polvo, el ruido y las promesas: la avenida Miguel Grau sigue sin terminarse en San Martín de Porres

Desde hace más de un año, los vecinos de la avenida Miguel Grau, en el distrito de San Martín de Porres, esperan con frustración la culminación de los trabajos de renovación de esta transitada vía de la capital. Hasta la fecha, los avances han sido mínimos y, según denuncian, las calles están en peor estado que antes de iniciarse las obras.

El objetivo principal del proyecto era renovar el tramo de 1.35 kilómetros entre la avenida Caquetá y la avenida Zarumilla, con obras también en el jirón Isidro Alcíbar. La iniciativa contemplaba la construcción de pistas con pavimento rígido, veredas accesibles y cruces semaforizados. Fue anunciada como un avance clave para Lima Norte que beneficiaría directamente a más de medio millón de habitantes, no obstante, su ejecución enfrenta serios retrasos.

Los trabajos iniciaron el 23 de febrero del 2024 y debían finalizar el 13 de setiembre del mismo año, con una inversión superior a los 17 millones de soles. La Municipalidad Metropolitana de Lima es la entidad que ejecuta la obra, mientras que la fiscalización corresponde a la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres.

Una obra paralizada y una comunidad afectada

Sin embargo, pasaron los meses y, contrario a lo que se esperaba, el proyecto quedó interrumpido el 10 de abril del 2025, dejando calles sin terminar, accesos bloqueados y a muchas familias expuestas a condiciones peligrosas.

Esto generó un fuerte malestar en la comunidad, debido a los constantes problemas presentados en cuanto al tránsito, polvo, falta de señalización y riesgo de accidentes. A su vez, los comercios locales también se han visto seriamente afectados por la falta de accesibilidad y disminución de clientes.

El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, declaró que parte de las interferencias se debieron a trabajos de reconfiguración de redes de agua y desagüe a cargo de SEDAPAL, debido a la antigüedad de más de 70 años de la infraestructura subterránea.

La Municipalidad de Lima informó que se aprobó un nuevo expediente técnico con un plazo de 100 días calendario para su reanudación, según el portal oficial gob.pe. Sin embargo, la cuenta oficial de la municipalidad en redes sociales menciona un plazo de 90 días, lo que ha generado confusión sobre los tiempos reales de ejecución.

Vecinos expuestos y negocios afectados

Ante la incomodidad, el grupo de Corresponsales Escolares de El Comercio que escribe esta nota salió a las calles para conversar con los vecinos de las zonas afectadas sobre cómo viven la paralización que ha afectado su vida diaria.

Una vecina relató: “Tengo a mi mamá en silla de ruedas y no podemos pasar; he tenido que hacerla caminar un tramo para llegar donde la pista está arreglada”.

Otros habitantes expresaron preocupación por la acumulación de polvo, la falta de accesos peatonales seguros y el aumento del riesgo de enfermedades respiratorias.

Pero además de este riesgo para la salud y la movilidad, el impacto económico ha sido devastador para muchos negocios de la zona. Tal es el caso de otra vecina que señaló que varios comercios se vieron obligados a cerrar por la falta de clientes y el difícil acceso. “Muchos negocios llegaron a la quiebra, y yo misma estoy pensando en irme de este lugar porque ya no genero mucho”, declaró visiblemente afectada.

Estado actual de la obra

Aunque la municipalidad anunció el 2 de junio que los trabajos se reiniciarían, al cierre de esta nota no se observan avances significativos ni una actualización clara del cronograma.

Un topógrafo que pertenece a una empresa contratada externamente explicó que actualmente se están realizando labores preliminares para subsanar las observaciones y reanudar los trabajos en las calles Isidro Alcíbar y Miguel Grau. También dijo que la Municipalidad de Lima les ha proporcionado las especificaciones necesarias para continuar la obra sin interferir ni modificar las estructuras ya implementadas.

Tratamos de comunicarnos con ambos municipios involucrados, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna.

Opina un experto

Consultado por los Corresponsales Escolares de El Comercio, el urbanista Aldo Facho explicó que una obra vial inconclusa “afecta de forma estructural el funcionamiento de los frentes urbanos a los que sirve, porque impide una adecuada accesibilidad peatonal y vehicular de las personas a las edificaciones, impactando en el desarrollo cotidiano de la vida, y en el funcionamiento de los comercios y servicios”.

El experto, asimismo, señaló que “se pone en riesgo a las personas”; esto es así porque la limitada accesibilidad dificulta la atención de servicios como los bomberos o ambulancias ante cualquier tipo de emergencia. Y en ese sentido los grupos más afectados son los vecinos con alguna discapacidad, adultos mayores y cuidadores con menores, quienes particularmente requieren de una adecuada accesibilidad vial para poder desplazarse por la ciudad.

Entonces, ¿qué mecanismos existen para poder fiscalizar este tipo de proyectos y que puedan terminarse a tiempo?

Para Facho, “el Estado tiene mecanismos determinados por las leyes de contratación pública y sus normas, y enmarcados en el contrato de ejecución de la obra. La sociedad civil puede recurrir a la Defensoría del Pueblo, o a la gerencia de defensa del ciudadano de la municipalidad competente. Pero estas son instancias a las que se recurre cuando hay una afectación a la ciudadanía por el incumplimiento de un contrato o la inadecuada ejecución de una obra. Lo que debe suceder de manera regular es que las entidades públicas contratantes realicen una supervisión y fiscalización permanente del proceso de ejecución, para anticiparse a situaciones que afecten a los vecinos”, expresó a este Diario.

Además, el urbanista explica que las autoridades tienen una responsabilidad asociada a la supervisión y fiscalización de la ejecución de la obra, a las faltas o defectos del contrato que la enmarca, o a los defectos del proceso de preinversión donde se debió determinar de forma adecuada las complejidades o posibles afectaciones de la obra.

Las autoridades han atribuido el retraso de la obra inconclusa en la avenida Miguel Grau a interferencias técnicas con redes antiguas de agua y desagüe. ¿Cómo debería planificarse una obra urbana para anticipar y evitar este tipo de contratiempos?

De acuerdo con Facho, este tipo de situaciones son comunes en obras viales, porque el espacio vial —aéreo o subterráneo— suele usarse para el tendido de las redes de servicios básicos.

“Las empresas prestadoras de servicios cuentan con el registro de sus redes y la antigüedad de las mismas, por lo que la presencia de estas debe identificarse en la etapa de elaboración del perfil de proyecto y precisarse en el desarrollo del expediente técnico”, comentó.

“Dado que la intervención en las redes de servicios básicos es competencia de la empresa prestadora del servicio, la municipalidad debe coordinar con la debida anticipación la programación de los trabajos para la actualización o modificación de las redes, en el marco de la ejecución de la obra vial. De no hacerlo, es muy probable que las obras se vean paralizadas ante los ‘descubrimientos’ en el proceso de ejecución, generando importantes afectaciones a los vecinos y ciudadanos en general, como es el caso de la avenida Grau”, agregó.

El experto consultado considera que la demora en la ejecución de la remodelación de la Av. Grau no es producto de un caso fortuito, sino que las fallas debieron detectarse en las etapas de preinversión e inversión, y coordinarse con la empresa prestadora del servicio para que esta intervenga en el momento adecuado para no afectar el cronograma de ejecución de la obra.

Más que promesas

La situación en la avenida Miguel Grau no solo refleja una obra inconclusa, sino también una comunidad que se siente abandonada. Más allá del concreto y el asfalto, están las historias de personas afectadas en su día a día, en su salud, en su economía y en su derecho a vivir con seguridad y dignidad.

Las promesas se han repetido, puede que finalmente presenciemos un cambio. Como corresponsales escolares, creemos que es urgente que las autoridades actúen con responsabilidad y transparencia, escuchando a los vecinos y priorizando su bienestar. Porque una comunidad no solo se construye con obras, sino con el respeto y la atención a quienes la habitan.