En nueve años, el Ministerio del Interior ha pagado más de S/25 millones en recompensas a distintos ciudadanos a cambio de información y pistas que condujeron a la captura de algunos de los prófugos más buscados del país: cabecillas de clanes criminales, avezados asesinos, escurridizos ladrones y violadores de menores de edad, entre otros.
Con base en una serie de pedidos de información pública, ECData encontró que desde el inicio del Programa de Recompensas, 1.591 de los más buscados (66%) fueron atrapados por las autoridades gracias a las pistas provistas por informantes.
Las operaciones policiales permitieron arrestar a 544 de los prófugos (23%). Solo 27 (1%) se entregaron y hay 255 casos (11%) sin detalles.
“El programa ya existía, pero enfocado en grandes casos, como los de cabecillas terroristas. Eso es muy valioso, pero nos interesaba acercarlo a la vida cotidiana. Por eso, incluimos delitos que afectan directamente a la población. La idea era masificarlo”, rememora Carlos Basombrío, ministro del Interior entre el 2016 y el 2017.
A la fecha, la cartera ha otorgado 1.370 compensaciones (85% del total) a informantes que participaron en la iniciativa. En 222 casos (15%) no se ha registrado el pago. El Comercio intentó comunicarse con el ministerio a través de su área de imagen y una solicitud formal de entrevista, pero no hubo respuesta.
Auge y caída
El Programa de Recompensas tuvo un inicio auspicioso. En su primer año, el 2016, entregó a un ciudadano la suma más alta registrada hasta la fecha: S/300.000. Su aporte permitió dar con el paradero de Luis Alberto Chacón Núñez, sindicado como uno de los hombres de confianza del feroz Gerson ‘Caracol’ Gálvez, número uno de la banda Barrio King.
Escoltado por dos policías, Chacón Núñez, de 50 años, fue presentado en televisión nacional la mañana del viernes 10 de junio. Le era imposible mantener la mirada al frente.
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“Llamaron para decir que tenían información puntual del lugar donde se encontraba. Esa información fue validada y se montó vigilancia muy reservada por una semana, así hasta que lo vieron salir…”, explicó entonces el general José Luis Lavalle, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la policía.
Lavalle también reconoció que sin la colaboración de los ciudadanos, ubicar a prófugos como Chacón Núñez “es complejo, porque usan una serie de mecanismos [para ocultarse]”. Él, por ejemplo, vivía oculto en un pequeño cuarto, con DNI falso y la licencia de conducir de un familiar cercano.
En el 2017, período en que la iniciativa fue impulsada con una masiva campaña, se pagaron 437 recompensas (31,9% del total). Al año siguiente se entregaron 395 premios, y en el 2019 se abonaron 142.
“Cuando empezó, se convocaba todas las semanas a conferencias y presentaciones. Se tachaban los rostros de los capturados, se incluía a nuevos. Pero desde hace tiempo, no hay una difusión continua ni masiva del Programa de Recompensas, lo que significa que no está al alcance de los ciudadanos”, expresa Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP.
El declive ha sido drástico y evidente. A pesar de que el aporte ciudadano fue clave para aprehender a 52 de los prófugos más buscados, en lo que va del año no se ha entregado ninguna recompensa.
Hace apenas unos días, un informante que afirma haber colaborado con la captura de María Carolina Paucarcaja, una acusada por tráfico ilícito de drogas, denunció que hasta ahora no se le entrega el premio ofrecido.
Paucarcaja fue detenida en febrero pasado después de haber permanecido en la clandestinidad por 2.301 días, más de seis años.
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Además, el 2023 fue el año con la segunda menor cifra de recompensas entregadas (61). Solo en el 2020, un período con severas restricciones a causa de la pandemia, hubo peores resultados (58).
Comparado con el 2017, el período más exitoso del programa, las recompensas entregadas el año pasado han sufrido una estrepitosa caída de 90%.
“Este es un programa dirigido la ciudadanía en general, por lo que su éxito va de la mano con la difusión masiva de los beneficios que se ofrecen; es decir, la recompensa. Usualmente, el informante en estos casos es alguien que conoce al requisitoriado y sabe dónde está, o en otros casos se trata de alguien con un rostro público muy conocido y fácil de identificar”, explica el exministro del Interior Wilfredo Pedraza.
Rubén Vargas, experto en crimen organizado, detalla que, además de la difusión masiva, una iniciativa como el Programa de Recompensas se sostiene en dos principios fundamentales: la confianza en la autoridad y la garantía de confidencialidad.
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“Estos dos factores son indisolubles y caminan juntos. Si rompes alguno de ellos, matas al sistema. Mira cuántos casos de personas que denuncian que no recibieron su recompensa han aparecido en los últimos años”, asevera Vargas.
La más reciente encuesta de Datum, publicada este mes en El Comercio, revela que el 66% de peruanos no confía en la Policía Nacional. Hace menos de un año, en noviembre del 2023, la desconfianza era de 58%. Los números son un claro reflejo de la realidad.
