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La Ley General de la Persona con Discapacidad establece que el 3% de los trabajadores en planilla de las empresas privadas que tengan más de 50 trabajadores deben de ser discapacitados. En las entidades públicas se debe cumplir con una cuota laboral del 5%. Sin embargo, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) halló que ningún ministerio actualmente cumple con la ley.
Por este motivo la entidad viene trabajando una Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo, que culminará en el 2030. En la presente entrevista, Marco Antonio Gamarra, su presidente, explica cómo se busca cambiar estas cifras.
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—¿Qué avances viene mostrando la implementación de la política nacional que viene impulsando el Conadis?
La política nacional determina que se deba sancionar debidamente a las entidades públicas que incumplan con la cuota del 5% de contratación de personas con discapacidad en entidades públicas. Nosotros ya hemos fiscalizado al mismo Estado y tenemos procedimientos administrativos sancionadores contra el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el Ministerio de Defensa, la Autoridad de Transporte Urbano, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre otros. Hay Gobiernos Regionales también con sanciones impuestas.
—¿En total cuántas sanciones han impuesto?
Desde el 2021 ya hay 89 procedimientos administrativos sancionadores contra entidades públicas que no cumplieron con la Ley General de la Persona con Discapacidad.
—¿Son 89 procesos luego de revisar todas las entidades del Estado o solo algunas?
Entre el año pasado y el actual fiscalizamos 116 entidades públicas, 90 entidades en el 2021 y 26 en el 2022. Hemos encontrado que solamente trabajan 1.495 en un total de 97.850. Para llegar al 5% debemos contratar 3.399 personas más. Estamos hablando de 116 entidades públicas nada más, no están las municipalidades, por ejemplo.
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—¿Cuáles son las entidades del Gobierno Central con menor avance en este tipo de contratación?
Si hablamos del Gobierno Central, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y ministerios, hemos encontrado que solamente trabajan 230 personas con discapacidad de un total de 26.504 trabajadores. Es el 0,8%, faltan contratar 1.095 personas.
El principal llamado a cumplir la cuota laboral es la PCM, pero ellos solo llega al 0,21%. El MIMP llega a la cifra de 0,63%. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debería ser uno de los principales ministerios que cumple, pero llega al 1,12%. El Midis solo llega al 1,33%. El único ministerio que se acerca es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con 4,84%. Los Gores están mejor, seis cumplieron la cuota el año pasado, que fueron Ucayali, Pasco, Arequipa, Loreto, Tumbes y Piura. Para este año solo están cumpliendo Pasco y Tumbes.
—¿Cuál es el principal motivo por el cual las entidades públicas no cumplen con la cuota?
En el fondo el problema no solamente es la determinación de una cuota, porque no cumplen ni el sector público ni el sector privado. No se trata de incrementar o reducir la cuota para que se cumpla, sino que debemos trabajar muy profundamente e intensamente en el tema de educación. El 66% de las personas con discapacidad en el país solo logran terminar la primaria. Las entidades en su mayor parte convocan personas que tengan perfil académico o de instrucción sea la secundaria. Ahí hay un escollo que debemos, como nación, observar.
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—¿Y cómo se supera ese escollo?
Si no incrementamos la tasa de escolaridad o la tasa de permanencia de las personas con discapacidad en las instituciones educativas para que tengan los insumos necesarios para completar sus estudios que le permitan autonomía e independencia, no podremos acercarnos al cumplimiento de esa cuota.
—También se podría dar la situación en la que una entidad pública asegure que hizo las convocatorias, pero no hubo postulantes suficientes para cumplir con la cuota. ¿Cómo darle solución?
La obligación es de la entidad pública, es decir, del Estado. No buscamos solo que los procesos que convoquen sean accesibles, no solamente buscamos que sea accesible la información de la convocatoria. Las mismas entidades públicas deben crear puestos de trabajo cuyas características puedan ser cubiertas por personas con discapacidad. Es su obligación.
