El revanchismo político lo vemos todos los días en el Congreso, en el Ejecutivo y hasta en la Fiscalía. Las empresas estatales no se quedan atrás, siendo la más visible Petro-Perú por el evidente botín que representa para un grupo que no quiere abandonar sus privilegios.
Desde el 2021, la estatal ha tenido 11 presidentes de Directorio y hasta 10 gerentes generales si contamos las encargaturas. Pedir un cambio real y sostenido en la estatal con este nivel de rotación de funcionarios clave es una utopía. Y aunque se ha hecho todo lo posible para hacer cambios sustanciales y necesarios en la regulación para comenzar una reestructuración y evitar un retroceso, en la práctica vemos que un cambio en la PCM vuelve todo a foja cero.
La conferencia de prensa en la que el Gobierno anunció que brindaría a la estatal S/500 millones se realizó entre las 8 y 9 de la mañana del 17 de marzo. El mismo día que se conoció oficialmente la salida de Denisse Miralles de la PCM, a solo un día de su presentación ante el Congreso para solicitar el voto de confianza. Para Miralles, permanecer en el Gabinete después de tremendo anuncio no era una opción. Había dicho más de una vez que no estaba en sus planes otorgar un solo sol adicional a la estatal, que acumula una deuda de capital de trabajo (dinero que ha tenido que pedir prestado para cubrir sus gastos corrientes) de aproximadamente US$1.500 millones (o más). En palabras del ex director de la empresa estatal, David Tuesta, “no tienen ni para el té”.
Del Decreto de Urgencia (DU) que dictaba la reestructuración de Petro-Perú solo queda el papel, y esto es un papelón. La intención de ejecutarlo se fue con Miralles. Y asumiendo que quienes tomaron puestos clave en el Ejecutivo están mínimamente informados, dejar el DU de lado es casi un hecho. El presidente Balcázar ya dijo que lo evalúa. Y, el salvataje para la estatal podría ascender hasta los US$2.000 millones. Llega a ser difícil de dimensionar todo el sacrificio que se hace por este intento de empresa sin esperar absolutamente nada a cambio.
Son alrededor de 30 las empresas estatales las que operan agrupadas bajo el Fonafe con cierto orden y supervisión. Petro-Perú, Sedapal, las EPS y EsSalud son excepciones. Quizá un gran primer paso para la alicaída situación de la petrolera es que el nuevo Gobierno la devuelva al Fonafe. Y, hasta entonces, esperaremos que el MEF y el Minem sean responsables de daños irreversibles.
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