Petro-Perú y las inversiones perdidas: un análisis de los rescates financieros recientes

Los recursos destinados no pudieron aminorar la crisis financiera y administrativa que afronta actualmente afronta la empresa, pero tuvieron un elevado costo de oportunidad; es decir, alternativas de inversión pública con impacto sobre el bienestar y cierre de brechas que se dejaron de ejecutar para favorecer los rescates de la compañía.

De acuerdo a estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), desde el 2013 a la fecha, el costo generado al Estado por el apoyo financiero a Petro-Perú habría alcanzado los S/32.100 millones. De esta cifra, el 62% (S/19.940 millones) se habría registrado entre los períodos de los expresidentes Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí.

¿Qué proyectos o intervenciones pudieron financiarse con estos fondos? El monto destinado en los últimos cuatro años habría permitido, por ejemplo, financiar siete veces el presupuesto conjunto de los programas sociales Juntos y Pensión 65 o 12 veces el presupuesto modificado del Programa Nacional de Becas (Pronabec) previsto para este año [ver infografía].

Carlos Casas, exviceministro de Economía e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), señaló que con dichos recursos se pudo haber ejecutado un 40% más de inversión pública en todo el país. El especialista puso énfasis en brechas importantes como seguridad ciudadana y alimentaria.

“Se hubiera podido duplicar el presupuesto de seguridad. Cuando uno entra a ver el presupuesto de seguridad representan S/9.000 millones aproximadamente. Duplicar o hasta por multiplicar por 2,5 este monto. También habríamos podido cuadruplicar el presupuesto para proteger al desarrollo infantil temprano. Y esto incluye el tema de la de la anemia”, explicó.

Martín Valencia, jefe de estudios económicos del IPE, remarcó que con un monto de casi S/20.000 millones se habrían podido edificar 260 colegios de alto rendimiento, implementar 77 hospitales de mediana complejidad o financiar 18 veces el presupuesto de solo el programa Juntos, cuyo costo es más de S/1.000 millones.

Solo la habilitación de una línea de financiamiento de US$2.000 millones (equivalente a unos S/6.800 millones) con garantía del Estado aprobada en el Decreto de Urgencia 003-2026 emitido el 11 de mayo habría cubierto el 58% de las transferencias necesarias para que los 10,4 millones de peruanos pobres y pobres extremos logren superar por un año esta condición (S/11.866 millones). En el caso de estos últimos, el monto habría sido suficiente para sacarlos de la pobreza extrema a una situación “no pobre”, según una estimación de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).

Paola del Carpio, coordinadora de investigación de esta entidad, señaló a El Comercio que dicho monto tendría un impacto inmediato en la habilitación de servicios de salud y becas educativas.

“Con el último rescate de los US$2.000 millones podrías volver a construir nuevamente todo el primer nivel de atención de tipo I-4 y casi la mitad de los establecimientos de tipo I-3. Actualmente más del 95% de tus establecimientos de primer nivel de atención están en malas condiciones”, sostuvo.

Pese a la nueva transferencia, los especialistas resaltaron que los recursos recientes solo servirían para cubrir deudas y pagos de corto plazo a proveedores. Según los estados financieros de la compañía, al término del primer trimestre del 2026, la empresa reportó ganancias por US$133,2 millones. En los últimos cuatro años acumuló pérdidas consecutivas por más de US$2.576 millones. Actualmente, su deuda total equivale a casi cuatro veces su patrimonio.

“Tienes una unidad de Flexi Coking que permite refinar crudos bastante pesados en combustibles más livianos que no está funcionando al 100%, por ejemplo, y requiere reparación. Eso va adicional a las deudas de corto largo plazo que tiene Petro-Perú”, asevera Valencia.

“Uno entiende que es necesario no detener por completo la operatividad. Pero [las transferencias] no pueden seguir sin fecha de término, llevamos tiempo rescatando a cambio de nada. Se confunde mucho privatizar con esta entrada a la gestión del capital privado”, opina Del Carpio.

El último rescate a la empresa se dio cuando el Ministerio de Economía considera solicitar un crédito suplementario de S/11.000 millones para garantizar las elecciones subnacionales y concluir obras públicas en regiones. “Un crédito suplementario de esta cantidad es aproximadamente 0,8% del PBI. Esto se da basándose equivocadamente en pensar que la recaudación va a continuar creciendo a tasas altas. Terminas manejando las cuentas fiscales siempre al límite de las metas de déficit en vez de estar pensando en lograr un superávit para reconstruir el fondo de estabilización fiscal.”, opinó Valencia.