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“No se puede gestionar lo que no se conoce”, afirma Beatriz Dapozzo, directora de catastro, zonificación y ordenamiento del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Se refiere al estudio de zonificación forestal (ZF) que concluyó en febrero pasado en la región de San Martín, una herramienta que le permitirá a dicho gobierno poner en valor y preservar su patrimonio natural boscoso, además de brindar seguridad jurídica sobre el territorio a concesionarios e inversionistas.
Es la primera de una veintena de regiones que avanza con el relevamiento establecido por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763. En carrera están Ucayali y Loreto, seguidos por Madre de Dios, Huánuco, Pasco, Junín, Amazonas y Apurímac, Huancavelica, Lambayeque y Lima.
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¿Qué oportunidades de econegocios supone el estudio, que partió en el 2017 y demandó S/1,8 millones para su desarrollo? El aporte de la ZF tiene que ver con la luz que añade sobre el potencial de aprovechamiento económico en cuatro tipos de zonas.
Dapozzo las detalla. En primer lugar están las denominadas “zonas productivas permanentes”, que abarcan un total de 1,6 millones de hectáreas (h) e incluyen los bosques encargados de brindar servicios ecosistémicos, como la regulación hídrica y la protección de cabecera de cuencas.
En segundo, las zonas de protección y conservación ecológica (1,9 millones de h), que agrupan a los ecosistemas frágiles, como las áreas naturales protegidas y las reservas territoriales.
En las áreas cubiertas por ambas categorías podrían facilitarse concesiones para conservación, ecoturismo y servicios ecosistémicos, apunta la funcionaria.
En tercer lugar, se identificaron zonas de recuperación (305 mil h), en la que se podrían asignar concesiones para plantaciones forestales, indica.
Y en cuarto lugar, las zonas de tratamiento especial (481 mil h), ubicadas por lo general en zonas de amortiguamiento, cercanas a reservas, explica Gerardo Cáceres, gerente de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de San Martín.
En estas zonas, el gobierno ha comenzado a entregar “cesiones en uso para sistemas agroforestales”, para formalizar dichas actividades y crear cadenas productivas, señala Cáceres.
“Los agricultores están haciendo pasantías. Hemos suprimido los talleres en auditorios, los hacemos en la misma chacra”, cuenta, sobre la asistencia técnica con la que están acompañando la iniciativa. Además de ganadería láctea, café, cacao, palma aceitera y plantas medicinales son productos eje de estrategia. “La idea es mejorar la calidad de vida y no pensar solo en deforestar o alquilar tierras. Esa filosofía venimos desterrando”, sostiene.
GARANTÍAS PARA INVERSIONISTAS
Como parte de la “ZF”, el gobierno está trabajando con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) en un protocolo para la inscripción de las unidades de ordenamiento forestal, informa Dapozzo.
Así, las personas que obtengan los títulos habilitantes para gestionar las diferentes zonas, a la hora de inscribirlos en registros públicos podrán verificar que dichas unidades fueron previamente reconocidas como tales.
“Para que se pueda inscribir en registros públicos ese título habilitante requiere de un nivel de precisión. Ese nivel de precisión ya se pensó en la elaboración de la cartografía base del estudio de zonificación forestal”, detalla la funcionaria.
¿Hay interés? Cáceres cuenta que sí. Indica que el GORE San Martín apuntan a captar “incentivos” para luchar contra la deforestación, toda vez que el promedio anual de deforestación se redujo de 21 mil h (2018) a 12 mil h (2019). Este tipo de reconocimientos está asociado a la generación de certificados por la captura de dióxido de carbono.
Cuando pase la emergencia sanitaria nacional por coronavirus, este tipo de insumos de gestión no estará de más para animar la inversión y fortalecer la economía.
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