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El último viernes el Ejecutivo presentó al Congreso de la República el documento “Consenso por el Perú”, que busca garantizar la estabilidad política, dar continuidad a la reactivación económica e impulsar el crecimiento alto y sostenido, y tiene como uno de sus ejes el mitigar los intereses elevados de los créditos hipotecarios y de consumo.
“Como sabemos, en nuestro medio los intereses de los créditos hipotecarios, especialmente para la adquisición de viviendas, y los créditos de consumo, son muy caros en nuestro país”, dijo el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres en conferencia de prensa luego de la reunión entre el presidente de la República, Pedro Castillo, y el titular del Congreso, José Williams.
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El eje en mención, punto 6 del documento, cuenta con un único párrafo que plantea “Evaluar el impacto de las elevadas tasas de interés en los créditos hipotecarios y de consumo que afrontan las familias peruanas, para bajar el costo financiero del crecimiento y desarrollo económico social de todos los peruanos y peruanas. Destacando la pertinencia para la efectiva aplicación del artículo 214º del Código Penal que regula el delito de usura”.
Sobre ello, Rafael Alcázar, socio en Rebaza, Alcázar & De Las Casas anotó que, pese a ser un texto muy pequeño para determinar lo que este podría implicar, desde el planteamiento, y tal como está redactado, es antitécnico, pues no sigue las tendencias propias de los mercados financieros desarrollados y no busca atraer competencia ni mejorar niveles de bancarización.
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“Esto podría ser objeto de medidas constitucionales porque claramente es intervención. Estaría atentando contra la libre empresa, contra la libre oferta y demanda en el sistema financiero. Podría haber una serie de medidas legales, pero esperemos que no sea más que un pronunciamiento político antes que un tema de orden técnico”, dijo.
Para el presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif), Jorge Antonio Delgado, se estaría tratando de hacer populismo con temas sensibles para la población.
“El tema de control de tasas ya existe y solo ha traído perjuicio a las personas y los pequeños empresarios que no pueden evidenciar sus ingresos (para conseguir créditos)”, señaló.
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Para el profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, el documento no deja claro qué es lo que se quiere evaluar.
“Suena a demagogia, no hay una propuesta concreta, salvo que se busque un programa tipo Reactiva con el que el Estado cubra una parte de la mora de los créditos para que las tasas bajen. Otra opción sería promover mayor competencia, pero difícilmente este gobierno va a generar la confianza para que ingresen nuevas entidades financieras”, sostuvo.
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Intervención en tasas
Al parecer de Alcázar, en el documento no se toma en cuenta que el año pasado se publicó la Ley 31143 que “Protege de la Usura a los Consumidores de los Servicios Financieros“ y que ya pone límites a los intereses de consumo y créditos para la pequeña y microempresa.
Carrillo Acosta detalló que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y el Banco Central de Reserva (BCR) han evaluado el impacto de los topes a la tasa de interés aplicados por la referida ley, y el diagnóstico será el mismo, lo que hay que entender es por qué son altas y la causa es la informalidad laboral.
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Esta informalidad, según el académico, trae dos consecuencias. Primero, el alto riesgo. Y es que, una persona que no tiene boletas, ingresos fijos o estabilidad laboral es más riesgosa para un banco. Segundo, el alto costo operativo que le supone a la entidad financiera el poder estimar los ingresos de este sector informal.
Desde la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) expresaron su preocupación sobre los caminos contraproducentes que excluyen a más personas del sistema financiero, como los topes en las tasas de interés que hacen que más personas se vean obligadas a recurrir a los sistemas de préstamos informales.
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“Esto es grave para las familias. El sector informal tiene tasas efectivas anuales (TEAs) que pueden llegar al 1.000% y, en general, son sustancialmente superiores a las del sistema formal. Es un sector no regulado y con formas de cobro peligrosas que pueden poner en riesgo la integridad de las personas”, señalaron mediando un comunicado enviado a El Comercio.
Sobre este sector informal de prestamistas es donde el Gobierno debería centrarse, aseveró Delgado, pues las limitaciones en los topes de tasas que se pusieron desde el anterior Congreso solo empujaron a más gente a tomar créditos en estas organizaciones informales.
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“Estas son formas populistas de distraer a la gente que, al final, termina perjudicándolas. En lugar de generar inclusión estamos retrocediendo”, dijo.
Asomif informó que, tras la aplicación de la Ley 31143, 266 mil personas dejaron de tener acceso al crédito en el sistema financiero entre mayo y diciembre de 2021, el base al reporte del BCR.
Al cierre de la edición, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no brindó mayor detalle sobre el documento presentado.
