Exportaciones de oro ilegal superarían los US$12.000 millones en el 2025

El reciente atentado en Pataz ha vuelto a mostrar con crudeza la magnitud y complejidad de la minería ilegal en el Perú. Esta actividad ilícita representa una combinación de crimen organizado, captura territorial y violencia sistemática. Ante el precio del oro al alza y el fracaso del Estado para formalizar y fiscalizar, la minería ilegal prolifera bajo el amparo del Reinfo. Sus efectos ponen en riesgo la vida de los trabajadores, la seguridad de la ciudadanía y comprometen la sostenibilidad de la minería formal del país.

Bonanza para la ilegalidad

El precio del oro continúa rompiendo récords históricos, impulsado por la incertidumbre global y las tensiones geopolíticas, lo cual ha promovido una mayor producción de oro ilegal. Al mismo tiempo, las cotizaciones han incentivado el ingreso de nuevos actores a la cadena de producción y la apertura de nuevos destinos de envío. Al ritmo de producción de los últimos años, el IPE estima que el volumen de oro ilegal exportado aumentaría entre 10% y 20% en 2025, alcanzando un máximo de entre 105 y 115 toneladas. Con ello, el valor de sus exportaciones sumaría al menos US$ 12 mil millones, más de 60% por encima de lo registrado en 2024, un récord histórico.

Este auge no se limita a la fase extractiva. El número de empresas vinculadas a la compra, venta y procesamiento de oro ha seguido el ritmo del precio del metal, en un entorno sin políticas efectivas de trazabilidad y débil fiscalización. Así, durante el tercer trimestre de 2024, cuando el precio promedio del oro subió 29% respecto al mismo periodo de 2023, los registros de nuevas comercializadoras y procesadoras se duplicaron. Esta expansión facilita el blanqueo del oro ilegal y vuelve más difícil rastrear su origen.

En paralelo, los destinos del oro exportado han cambiado durante la última década. En 2014, el 75% de las exportaciones tenían como principales destinos países como Suiza, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, para 2024, casi la mitad se dirigió a India y Emiratos Árabes Unidos, naciones con estándares más bajos en la verificación del origen del mineral.

Auge del crimen

Aunque la medición de actividades ilícitas es compleja, el uso de nuevas tecnologías permiteanalizar sus efectos. Según datos de la Universidad de Chicago calculados a través de imágenes satelitales y emisiones de CO₂, se evidencia que las zonas con fuerte presencia de minería ilegal, como Madre de Dios, la frontera de Loreto con Ecuador y la sierra de Piura, registran elevados niveles de ingreso por habitante.

La expansión de estas economías ilícitas desplaza actividades legales y aumenta el riesgo de violencia. En ese sentido, en provincias como Pataz, bandas armadas vinculadas a la minería ilegal ejercen control territorial a través de extorsiones, robo de mineral, secuestros y uso de explosivos. En esa línea, entre 2019 y 2024, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se duplicó en regiones con alta presencia de minería ilegal, como La Libertad, Madre de Dios y Arequipa. Estas tres regiones concentran más de un tercio de los registros suspendidos en el Reinfo y, además, el 40% de los yacimientos de oro, según datos de Ingemmet.

La minería ilegal también tiene severos impactos ambientales y sanitarios. Un estudio del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) estima que más del 70% del mercurio en la atmósfera de Madre de Dios proviene de la minería artesanal y de pequeña escala. En ciudades como Laberinto, donde operan centros de comercialización de oro, las concentraciones de mercurio en el aire llegan a ser más de cinco veces lo máximo aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y hasta 8.000 veces mayores que en otras zonas de la región sin minería.

Cambio de rumbo

Combatir la minería ilegal requiere una estrategia integral y articulada. Un primer paso es el cierre definitivo del Reinfo, cuyo plazo de formalización culmina en junio, dando paso a un régimen que promueva la formalización sin eximir de responsabilidades penales a los involucrados. A ello debe sumarse una política de fiscalización inteligente, basada en evidencia criminológica, con presencia sostenida del Estado en los territorios afectados y con recursos suficientes para enfrentar estas redes. Finalmente, es indispensable implementar un sistema robusto de trazabilidad, desde el origen hasta la exportación. Sin estas acciones coordinadas y firmes desde el Estado, la minería ilegal afectará irreversiblemente el desarrollo del país.