Facultades legislativas ¿qué tan efectivos serán son los pedidos?

Este miércoles el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, solicitó facultades legislativas por 90 días en ámbitos económicos y de seguridad, durante la sesión en la que solicitó el voto de confianza a su gabinete.

Entre los puntos que resaltaron en el pedido, se encuentran el fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión privada y público – privada y gestión de servicios públicos, la mejora de calidad en la inversión pública, fortalecimiento de Cofide y Fonafe, la reducción de costos de transacción, el acceso y competencia en servicios financieros, equilibrio fiscal, reforzamiento del Tribunal Fiscal y medidas para modernizar el sistema tributario.

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Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, es importante contextualizar que en lo que va del gobierno actual, ya se han otorgado dos veces pedidos de facultades por temas similares y, pese a estar de acuerdo en los puntos solicitados, refirió que esto demuestra una mala ejecución.

“No lo encuentro muy novedoso y siendo que son temas muy generales, un pedido formal tiene que especificar qué pretende el Ejecutivo”, dijo. Además, resaltó su preocupación sobre los temas referidos al equilibrio fiscal y las deudas tributarias.

En el primer punto, señaló que no queda claro si es que se pretende hacer un cambio en las reglas fiscales y, sobre el segundo punto, dijo que existe un problema serio e institucional de incapacidad de atender la litigiosidad (demandas judiciales en un periodo de tiempo) tributaria.

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“Esto lo acaban pagando los contribuyentes de todo tamaño. Dedicarse a mejorar las controversias tributarias me parece bien, habría que ver el detalle, pero no encuentro nada novedoso, más allá de esos dos aspectos”, anotó.

Por su parte, el presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de Economía, David Tuesta, resaltó que el pedido de facultades legislativas se ha tornado más importante por la falta de consensos para generar iniciativas legislativas y, si uno hace una lectura de lo solicitado, se encuentra con materias muy generales.

Sobre el tema, la visión fiscalista con los puntos de reforzamiento del Tribunal Fiscal y las medidas para modernizar el sistema tributario preocupan en el contexto actual, dijo Tuesta.

“Por el lado del Tribunal Fiscal, se han observado muchas quejas de los contribuyentes pues hay poca predictibilidad, suelen votar en contra y son procesos muy largos, cuando se debería simplificar esos procesos y no queda claro en el título qué harán. Sobre la modernización del sistema tributario, el concepto de modernizar podría ser un eufemismo y podríamos observar un incremento de impuestos”, sostuvo.

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Entre los grandes problemas que aquejan al país y que se manifiestan en diferentes estudios, dijo Tuesta, nos encontramos en los últimos lugares en la realización de trámites de todo tipo.

Un expediente de impacto ambiental que no debería durar más de cinco meses, ejemplificó, termina siendo aprobado en tres años y medio, incluso en cinco años, lo que muestra la diferencia entre lo que dice la ley, los plazos identificados y lo que está sucediendo.

“Como mensaje o titular está bien, pero no podemos discernir si desde esa intención esto será exitoso. En todo caso, creo que están apuntando a una necesidad y no es la primera vez que piden facultades legislativas para este problema que ya es estructural en el país”, dijo.

Tuesta consideró urgente el mejoramiento de la calidad de la inversión pública. Sin embargo, resaltó que se trata de un tema repetitivo. Así, anotó que se tiende a priorizar proyectos de administración directa muy pequeños que no mueven la aguja de lo que implica brindar mejores servicios al ciudadano.

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“Lo repiten porque se van agotando. Tienen un periodo de vigencia, un año normalmente, y están pidiéndolo otra vez y esto tiene que ver con la problemática trasversal entre la capacidad de los funcionarios subnacionales para desarrollar buenos expedientes técnicos y para guiar un buen proceso de licitación”, añadió.

Sobre el fortalecimiento del Cofide y Fonafe, anotó que es probable que con el primero se busque impulsar el financiamiento e inclusión financiera. Sobre el segundo, dijo que se debe esperar al desarrollo de la norma, ya que Petro-Perú se incorporará pronto a dicha institución.

“Quizás haya algo de Petro-Perú que se quiera trabajar ahí, además de otras empresas públicas, pero recordemos que el Decreto de Urgencia 004 (que otorga garantías a Petro-Perú y dispone recomposición de su Directorio) puede estar involucrado”, señaló.

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Por su parte, Castilla señaló que hay espacios donde las mejoras son bienvenidas como la simplificación y calidad regulatoria si es que implica la reducción de costo transacción; sin embargo, hace mucho tiempo se percibe una desconexión entre lo que dice la norma y la aplicación del marco jurídico, apuntó.

“Creo que el resultado va a ser más limitado en términos de impacto que esto podría tener, por ejemplo, sobre expectativas o sobre la confianza. Se está solicitando lo estándar, lo que se ha anunciado en materia económica es bastante convencional. Sí veo inconsistencias como en la austeridad fiscal, pues se insiste en medidas que no creo que sean muy significativas para sanear las cuentas públicas y, a su vez, ha habido otras respecto a los techos de endeudamiento de la municipalidad o proyectos suplementarios al Congreso”, explicó Castilla.

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Para Tuesta, es preocupante que no se haya mencionado la reducción de los gastos de planilla del Congreso, que en el último presupuesto se incrementó en S/ 10 mil millones.

“Hay que hacer medidas más decididas [...] ahora toca olvidarse de la parte tributaria y concentrarse en esa planilla que ha incrementado en 100% en los últimos 5 años. Es urgente, sin embargo, nadie dice nada. Este mensaje es poco empático con la población”, enfatizó.

Castilla agregó que lo que está cada vez más afectando la confianza de la inversión son los casos de inseguridad jurídica y/o desconocimientos de contratos o acuerdos.

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“En el tema de Chancay, no hay mención de lo que se va a hacer con ese proyecto que tiene un potencial muy grande y cuya ampliación está en stand by hasta que se vea esta nueva fuente de incertidumbre respecto a la exclusividad del operador chino”, dijo.

Además, se refirió a que el país continúa acumulando contingencias en instancias internacionales como el CIADI y otros arbitrajes que viene perdiendo pues no se cumplen con los contratos que se establecen como obligaciones para el Estado.

Asimismo, anotó que las autoridades municipales tienen mucha discrecionalidad al no emitir permisos o que cuentan con políticas poco previsibles para poder tener un horizonte a largo plazo.

“Creo que es una omisión y, en general, no haber encarado la crisis de la presidenta misma porque no hubo mayor mención en el discurso y es un tema central que daña y pone en stand by muchas decisiones y mella la imagen del Perú internacionalmente”, agregó.

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Otro ausente fue el tema previsional, dijo Castilla, así como la minería ilegal. “Creo que el gobierno se ha autolimitado a plantear una agenda de temas que no antagonice a un Congreso y eso le quita impacto a lo que vaya a hacer, pero refleja debilidad”, subrayó.

Finalmente, Castilla detalló que existen dos interpretaciones en el nuevo planteamiento de facultades y una es que es un anuncio sin mucho contenido por lo que hubiera sido ideal dejar un proyecto de facultades que muestre cuáles son los temas y tener una discusión más detallada sobre temas más precisos.

“Lo que falta es una gran eficiencia en gestión dentro del marco normativo que ya existe. La toma de decisiones de distintos actores no se resuelve con pedir más facultades. Se añade más complejidad al marco normativo que tenemos. Puede que hayan aspectos que requieran mejora, pero no esperaría 90 días para que haya una discusión para sumar otros 90 días para tener la reglamentación”, explicó.