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La inseguridad ciudadana uno de los principales problemas en las ciudades del país, especialmente en Lima Metropolitana. Seis de cada 10 limeños considera que el Gobierno debe priorizar la lucha contra la delincuencia, según la última encuesta de Ipsos-Perú. Si bien se han cumplido dos semanas de la puesta en marcha del Estado de emergencia decretado para este fin, aún no se percibe una estrategia complementaria por parte de los gobiernos locales.
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¿Cuánto presupuesto tienen las municipalidades para frenar la ola delincuencial que aqueja a la ciudad? Para el 2022 (con cifras actualizadas a febrero), los 43 distritos de Lima Metropolitana cuentan con S/582 millones pertenecientes al rubro de “orden público y seguridad”, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este monto es mayor en casi 24% en relación al presupuesto de Apertura que recibieron a inicios del 2021, pero aún representa solo el 12% de los fondos totales que manejarán en conjunto este año [ver gráfico]
Con estas cifras, y tomando en cuenta que la población limeña ya alcanza los 10 millones, se estima que para el 2022 la inversión municipal en seguridad ciudadana alcanzará un promedio de S/60 por habitante.
Diferencias por zonas
Los recursos otorgados varían según los municipios. Los montos más altos por habitante superan los S/200 y se encuentran en balnearios o jurisdicciones de Lima Centro como San Isidro, Santa María del Mar, Miraflores, el Cercado, San Borja y San Bartolo. En San Isidro, la inversión prevista en seguridad supera los S/1 mil por residente, cifra que representa casi el 30% de los fondos totales con que cuenta este distrito [ver gráfico].
La situación opuesta se observa principalmente en distritos periféricos o polos comerciales donde se reportan la mayor cantidad de denuncias por delitos [ver gráfico]. Dentro de este grupo destacan Comas, Villa El Salvador, El Agustino, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Rímac, Villa María del Triunfo y Los Olivos, donde la inversión es menor a los S/20 por residente. Los pocos recursos que disponen estas comunas también se refleja en el bajo porcentaje que la seguridad obtiene de su presupuesto total: menos del 10%. El caso más apremiante es el de Los Olivos, donde este año la municipalidad solo podrá gastar S/10 por habitante para garantizar la seguridad, casi el 1% de lo que administrará San Isidro.
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Tema de fondo
Para Lucía Nuñovero, profesora de Criminología de la PUCP, el resultado promedio esconde diferencias abismales por distritos. “Hay diversidad de contextos. Hay distritos que tienen una problemática más asociada a mercados ilegales. A la hora de hacer políticas, estas diferencias deben tomarse en cuenta para que la ejecución de gasto sea la adecuada”, dijo.
“Se debe destinar más presupuesto a proyectos de inversión y a intervenciones estratégicas de mediano y largo plazo. Por supuesto que no es solo un tema de gasto en bienes”, agregó Nuñovero.
En esa línea, Ricardo Valdés, exviceministro de Gestión Institucional del Ministerio del Interior, explica que lo importante es analizar cuánto, finalmente, se destina para inversiones y no para gasto corriente. “La calidad del gasto es importante y tiene que estar orientada a aquello que es más útil. Tecnología y comunicaciones, por ejemplo, para anticipar la delincuencia”, dijo.
A su turno, César Ordóñez, director de la carrera de Economía de la Universidad Científica del Sur, explica que al problema de presupuesto debería agregarse la falta de personal calificado en gestión dentro de los municipios y la insuficiencia de recursos totales en ellos por el menor pago de impuestos distritales.
“Seguramente hay un vínculo con la contribución económica de cada distrito, pero eso debería superarse. No olvidemos que hoy toda empresa –principalmente restaurantes y franquicias– considera el riesgo de pérdida de patrimonio para definir su inversión”, dijo.
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