Fragmentación política y sostenibilidad ambiental

Las elecciones generales del 2026 en el Perú marcarán un punto de inflexión institucional. Tras más de tres décadas, regresará la Cámara de Senadores al Congreso de la República. Esta podría ser una buena noticia dado que esta segunda cámara puede actuar como un filtro, revisando y deliberando sobre las leyes, lo que puede ayudar a identificar errores, omisiones o consecuencias no deseadas. Pero, por otro lado, de acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, más de 40 organizaciones políticas buscarán participar en este proceso electoral. Esta dispersión es inédita y anticipa un Congreso altamente fragmentado. La pregunta es inevitable: ¿qué implicancias tendrá esta fragmentación en las políticas públicas ambientales y en la capacidad del país de responder a desafíos urgentes como el cambio climático, la transición energética o la gestión sostenible del agua y de los bosques?

La experiencia reciente no es alentadora. En el actual esquema, la multiplicidad de bancadas ha dificultado generar consensos mínimos sobre reformas críticas para nuestra economía. La agenda ambiental, ya de por sí débil, ha quedado también relegada frente a disputas de corto plazo y a la lógica de intereses sectoriales. La consecuencia ha sido la excesiva demora para elaborar los marcos regulatorios, como la actualización de la Estrategia Nacional frente al Cambio Climático al 2050, que se aprobó en noviembre del 2024, o la demora en la discusión de temas tan relevantes como la lucha contra economías ilegales (minería, tala, contrabando de especies) que están degradando nuestra Amazonía, o la urgente mejora de la institucionalidad para fortalecer la gestión del agua, entre muchos otros.

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El retorno de la Cámara de Senadores ofrece una oportunidad para introducir mayor deliberación y estabilidad en la producción normativa, en general. Sin embargo, si las listas de candidatos no incluyen perfiles técnicos en materia ambiental, el riesgo es que este espacio se convierta en una repetición de los problemas de representación que ya conocemos. Más cámaras no equivalen automáticamente a mejor calidad legislativa. Se requiere de organizaciones políticas capaces de estructurar programas sólidos y de promover cuadros especializados en temas ambientales, algo que hasta ahora ha sido excepcional.

La creciente presión ciudadana por servicios básicos y por justicia ambiental, sumada a compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el proceso de adhesión a la OCDE, pueden actuar como anclas para que los partidos incorporen propuestas ambientales en sus planes de gobierno. Además, la fragmentación podría ser contenida si se logran pactos interpartidarios mínimos en torno a ciertas políticas clave: cierre de brechas de agua potable y saneamiento, transición energética, manejo integral de residuos y economía circular, lucha contra la minería y la tala ilegal, entre otros. Estos pactos no requieren unanimidad, pero sí voluntad de cooperación y visión de país.

En resumen, la fragmentación partidaria en el escenario electoral del 2026 amenaza con diluir aún más la agenda ambiental, pero al mismo tiempo abre espacio para que la ciudadanía y la sociedad civil exijan compromisos concretos y verificables. La sostenibilidad ambiental no puede seguir siendo la gran ausente en los debates políticos. Si el próximo Congreso no logra articular consensos en este campo, el costo lo pagaremos todos, en forma de menor resiliencia frente a la crisis climática y de un desarrollo cada vez más desigual. El 2026 no solo será un examen de madurez democrática, sino también una prueba decisiva de si el Perú está dispuesto a apostar por un desarrollo sostenible y justo.