Los peruanos solemos identificar la hiperinflación de los ochenta como el momento más crítico de nuestra historia económica reciente. Pero pocos recuerdan su origen: un conjunto de medidas “innovadoras” disfrazadas de justicia social que rompían con toda lógica económica. Hoy, a solo unos meses del arranque formal del proceso electoral, la historia amenaza con repetirse. Desde el Congreso —y con la complicidad del Ejecutivo— avanza una serie de cambios fiscales y tributarios que combinan populismo con irresponsabilidad.
Estos cambios significan menos ingresos tributarios y más gasto público, bajo una institucionalidad fiscal cada vez más debilitada y perspectivas de crecimiento menos auspiciosas. En buen cristiano, sin un cambio de rumbo, el Perú se dirige hacia la insostenibilidad fiscal. ¿Cómo llegamos a esta situación? El Congreso aprueba beneficios tributarios y más gasto entre aplausos y abrazos. El Gobierno, en lugar de frenar esta fiesta, ha optado por unirse al baile. Por ejemplo, la recientemente aprobada recomposición de tasas del IGV le costará al país hasta S/ 10 mil millones por año, y el Ejecutivo, lejos de observarla, la respalda.
No sorprende: hay mayor rédito político en repartir beneficios que en impulsar reformas necesarias pero impopulares. La reducción del IGV a restaurantes y peluquerías debería ser lo suficientemente ilustrativo. Aunque la medida se promocionó como apoyo a los pequeños negocios, más del 50% de estos no pagaban IGV por estar en el NRUS. La saga de beneficios tributarios parece recién empezar: exoneraciones sin criterio técnico, zonas económicas especiales que podrían convertirse en pequeños paraísos fiscales y devoluciones tributarias sin evaluar su efectividad. Todo esto en un país que apenas recauda el 14% del PBI y que muestra señales preocupantes de deterioro fiscal. ¿La solución? Más deuda o más impuestos. Y, como siempre, el costo lo pagaremos todos.
Cuando se gobierna con el cortoplacismo de la popularidad y se legisla con cálculo electoral, la política económica deja de ser un instrumento para el desarrollo y se convierte en una caja de sorpresas peligrosas. Un punto adicional de déficit puede parecer manejable para quienes miran el presente con anteojeras. Pero cuando se repite año tras año, sin crecimiento ni reformas, el margen desaparece. Y lo que sigue ya lo hemos vivido: más deuda, menos inversión, menos empleo.
Lo que no parece entenderse es que la sostenibilidad fiscal no es una recomendación de manual, sino una condición necesaria para el desarrollo de cualquier país. Sin reglas claras ni voluntad política para respetarlas, lo que viene es el deterioro gradual de la confianza. Y sin confianza no hay inversión, ni crecimiento, ni empleo, ni reducción de pobreza.
Un Estado que recauda poco y gasta mal no puede financiar promesas indefinidamente. Lo que está en juego no es el presupuesto del próximo año, sino la reputación y la viabilidad del país, que tomó décadas construir. Así, elevar los límites de las reglas fiscales por segundo año consecutivo no será una corrección técnica, sino oficializar la indisciplina. No sorprende que al menos seis exministros de Economía adviertan que, sin un compromiso claro con la consolidación fiscal, el Perú corre el riesgo de perder el grado de inversión y alejarse del ingreso a la OCDE.
