Ha pasado poco más de una década desde que el Perú fuera considerado un “milagro económico”. Aquella estela de crecimiento que rondaba el 5% anual y que ayudó a que la pobreza disminuyera desde niveles cercanos al 60%, se ha esfumado. Así, desde el 2012 el país se ha ido internando en un túnel de incertidumbre y descomposición institucional que penetra las fibras más internas de la sociedad. Con ello, la amplia “ventana” a la prosperidad que los peruanos veíamos antes con tangible esperanza, hoy se ha hecho diminuta. Las perspectivas de crecimiento económico no han parado de reducirse apuntando a ubicarse por debajo del 2%, sin claros visos de corrección.
La diferencia entre crecer 5% y 2% no es sólo un tema estadístico. Lo que hay, sobre todo, es un problema de terrible pérdida de bienestar. De hecho, si el Perú continúa desempeñándose con este ritmo mediocre, tardaremos 40 años aproximadamente en igualar el PBI per cápita que hoy tiene Chile, el referente regional en OCDE, y 118 años alcanzar el nivel actual del país más rico. Bajo este compás, demoraríamos también cerca de 30 años en bajar la actual tasa de pobreza de 27,5% al 20% que teníamos antes de la pandemia; y, 80 años en reducirla a 10,5% como Chile. Hace pocos días leíamos un mensaje del titular de la PCM, indicando que “el Perú está un paso más cerca a entrar a las grandes ligas de la economía y gobernanza mundial (la OCDE)”. Lo que le faltó precisar al premier es que todavía nos falta millones de pasos para aproximarnos a esta división mundial.
Crecer sosteniblemente requiere poner en marcha políticas públicas profundas que desenmarañen la parálisis, e incluso retrocesos, en el que el Perú se halla. Estas acciones tienen que estar abocadas en reconstruir la pérdida de productividad extraviada. Las estadísticas del World Penn Tables (conjunto de datos sobre niveles relativos de ingresos, producción, insumos y productividad de 183 países) muestran que la brecha entre la productividad del país y la de Estados Unidos no ha parado de ampliarse desde el 2011. El Índice de competitividad del World Economic Forum y el Complexity Index de la Universidad de Harvard confirman de manera cruda los pasos hacia atrás en el bienestar. Hemos perdido en sólo una década ese “músculo” que nos animaba a trascender a un mayor estado de desarrollo. Recuperarlo requiere, en cambio, políticas de largo plazo como las que plantea el Consejo Privado de Competitividad (CPC) en su reciente Informe 2023-2024.
En esta oportunidad el estudio ha hecho particular énfasis en propuestas que se concentran en algunos factores que el gobierno actual podría poner en marcha desde ya. Por ejemplo, en el factor de Infraestructura, consideramos necesario la agregación de proyectos de alto impacto para aprovechar las economías de escala a partir de gatilladores de gestión junto con el uso de las mejores prácticas internacionales, encargándose a unidades ejecutoras especializadas que cuenten con las mejores prácticas internacionales. Esto debe ir de la mano de la acreditación de evaluadores y empresas de ingeniería con el objeto de contar con expedientes técnicos de calidad, así como permitir el uso de esquemas de adjudicación ágiles.
Otra línea vital para alcanzar mejoras fundamentales requiere abordar el factor de Eficiencia del Sector Público. Al respecto, se recomienda implementar una estrategia integral de intervenciones tempranas para el cierre de brechas de condiciones mínimas y con responsabilidades asignadas en su seguimiento. La falta de una intervención temprana de las autoridades del Gobierno ha limitado su capacidad para gestionar de forma efectiva los conflictos sociales. Mientras, en otro tanto, en torno al factor de Estabilidad Macroeconómica, el informe propone priorizar la reducción del incumplimiento tributario mediante la implementación de herramientas de big data y analítica avanzada. El objetivo de la propuesta es reducir el incumplimiento tributario en aras de ampliar la base tributaria.
Finalmente, queremos darle prioridad a tomar avances en el factor de Desarrollo Digital, reformulando la ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a Internet y el monitoreo de la prestación de este servicio a favor de los usuarios. Esto, dado que la Ley 31207 elevó el estándar mínimo de velocidad de Internet de 40% a 70%, lo que generaría impactos negativos en la expansión y calidad de este servicio, trayendo desincentivos a la inversión en zonas rurales.
El Informe de Competitividad 2023-2024, elaborado por el CPC y enriquecido con las contribuciones de más de 30 profesionales del sector público, privado y académico, tiene como propósito servir como un punto de reflexión que inspire futuras políticas públicas que coadyuven a que el Perú supere el momento actual. Sólo a través de la implementación de medidas que estimulen la productividad se podrán enviar las señales que fomenten las expectativas de inversión privada desde ya y, ojalá, vislumbrar un futuro más optimista.
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