Brindar seguridad y protección a sus ciudadanos es la racionalidad detrás de la génesis de un Estado. La defensa de una nación no sólo implica proteger a sus habitantes de enemigos externos que pueden poner en peligro su soberanía, sino también protegerlos frente a la coerción a la que pueden ser sometidos por otros ciudadanos.
Para ello, es fundamental que un Estado proteja nuestras libertades naturales e inalienables, como la propiedad privada y el goce del fruto de nuestro trabajo, resuelva nuestras disputas a través de un sistema adecuado de administración de justicia y establezca un marco institucional de reglas a respetar bajo las cuales se desarrollan también las transacciones en una economía de libre mercado.
Un Estado que es incapaz de cumplir sus funciones esenciales impone un alto costo a la sociedad. El incremento de la inseguridad que hoy experimentan los empresarios en los barrios con altas tasas de delincuencia afecta directamente su desarrollo económico y el progreso en general. Según Videnza Instituto, el 95% de las microempresas han tenido que incrementar sus presupuestos en seguridad privada. Además, el 80% de los pequeños negocios con puerta a la calle han sido víctimas de la delincuencia. Solo en el 2024 se registraron más de 22.000 casos de extorsión.
El costo asociado a todas las medidas de seguridad a ser implementadas es ahora otra valla más que tienen que enfrentar los empresarios en nuestro país, la cual se suma a los diversos gastos que actualmente existen, como la excesiva tramitología o los altos costos de contratación que surgen por la rigidez en la normatividad laboral. El mayor costo de hacer negocios, o la exigencia de una mayor tasa de rentabilidad en aquellas localidades con mayor riesgo debido al avance de la criminalidad, suele trasladarse al precio que terminan pagando los consumidores de dichos bienes y servicios.
Finalmente, el incremento de la inseguridad termina siendo un factor redistributivo. Por un lado, los consumidores actualmente afectados, que asumen estos costos incrementales, tienen menor poder adquisitivo que el promedio; mientras que los propios empresarios, víctimas de estas extorsiones, probablemente tienen poco margen para poder afrontarlos.
Debatir cual debería ser el rol del Estado no es un tema trivial ni menor, menos aun cuando los recursos son escasos y la pluralidad de funciones solo termina generando ineficiencias en el cumplimiento de dichos roles. Un Estado Leviatán, como aquel descrito por Hobbes, solo termina socavando el cumplimiento de los roles esenciales del Estado.
No olvidemos que los Estados están conformados por funcionarios públicos que, finalmente, son personas que tienden a responder a los incentivos a los que se enfrentan, anteponiendo, en la mayoría de los casos, su propio interés. Los Estados no son la personificación del interés público como ciertas ideologías pretenden encumbrarlo. ¡Por un Estado limitado y enfocado en proteger los derechos de los individuos!
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