:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/baa38504-368d-4839-aac4-6d579a211f77.JPG "Luis Miguel Castilla")
El mundo está presenciando la escalada de una guerra comercial. Nadie imaginó lo lejos que podía llegar. En el caso de nuestro país, el incremento arancelario “recíproco” de 10% impuesto por los Estados Unidos ya entró en vigor y estamos en la cola de más de 70 países que pretenden negociar un tratamiento más benigno.
Para evaluar el margen de maniobra que tiene el Gobierno Peruano, es preciso analizar los principales “reclamos” esgrimidos por los estadounidenses para sustentar la “reciprocidad” aplicada. En materia de protección de la propiedad intelectual, el Perú ha incumplido con sus compromisos internacionales. Se estima que el contrabando, la piratería y la falsificación en nuestro país generan pérdidas anuales de US$2.000 millones. La fiscalización de estas actividades ha dado resultados muy limitados: en el 2024, el Indecopi impuso más de 250 multas por falsificación de productos con marcas registradas, que sumaron más de S/10 millones en sanciones ese año. Además, en coordinación con la Sunat, incautó mercadería falsificada por alrededor de S/50 millones.
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Sin embargo, la supuesta discriminación de empresas estadounidenses en la adjudicación de obras públicas no se condice con la realidad. De hecho, estas han mostrado mayor interés en la venta de equipamiento que en participar en licitaciones públicas de cualquier tipo, sean gobierno a gobierno o asociaciones público-privadas (APP). De los 146 contratos de APP por US$ 46.500 millones adjudicados por Pro Inversión desde el 2000, solo seis fueron suscritos por empresas estadounidenses con inversiones que alcanzaron los US$3.300 millones. En contraste, solo en el 2024 el Perú importó bienes intermedios y de capital estadounidenses por más de US$9.000 millones. Así se corrobora que el apetito de riesgo estadounidense es más transaccional y menos proclive a suscribir contratos de largo plazo con el Estado Peruano.
Por último, es cuestionable aplicar aranceles para forzar mejoras en los procesos de análisis de impacto regulatorio y consulta pública. Si bien el Perú ha cumplido con el 100% de las recomendaciones formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, todavía presenta enormes retos de implementación. Aun cuando alcanzar estándares más altos es un desafío urgente para el Perú, el escaso avance logrado no parece ser una justificación válida para que Estados Unidos desconozca los acuerdos comerciales suscritos con nuestro país. Justamente los candados institucionales incluidos en dichos acuerdos comerciales han dotado de seguridades para atraer inversión extranjera estadounidense al Perú.
Dentro de las buenas relaciones que tenemos con los Estados Unidos, nuestras autoridades deben continuar mostrando mesura, tener la mayor predisposición para dar señales de avance en los ámbitos de incumplimiento y aclarar las dudas que pudieran haber. No obstante, un tema sensible que no ha sido materia de represalia ha sido el recelo que despierta la creciente participación de inversiones chinas en nuestro país. Si bien estas han crecido significativamente, es crucial relativizar su importancia. China constituye el quinto inversionista en el Perú con una participación del 5% del ‘stock’ de inversión extranjera directa, después del Reino Unido (18%), España (17%), Chile (12%) y Estados Unidos (11%).
Nuestros negociadores deberán ser muy cuidadosos en esta materia y evitar introducir nuevos temas que enerven la relación bilateral. Los siguientes 90 días pondrán a prueba sus habilidades políticas y, desde luego, no hace falta reiterar lo mucho que está en juego.
