El Ejecutivo ha presentado al Congreso un pedido para que se le otorgue facultades para subir impuestos. Quiere hacer que paguen más los que ya vienen pagando impuestos. Alega una larga lista de necesidades que debe atender y falta de recursos. Aumentar la competencia en la contratación pública parece una mejor forma de conseguir los recursos que faltan. Veamos.
Las compras públicas en el Perú representaron durante el año 2017 el 46,6% del gasto gubernamental y un 9,9% del Producto Bruto Interno. En esto se va gran parte de lo que pagamos por impuestos. Estas compras se ven afectadas a veces por la falta de competencia. Arreglitos entre los postores en las licitaciones terminan forzando al Estado a pagar más.
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La semana que pasó se hizo pública la decisión de Indecopi de sancionar un cartel de empresas constructoras. A comienzos de año sucedió lo mismo con otro caso que involucraba a imprentas. En el pasado se han sancionado conductas similares en la compra de oxígeno medicinal y servicios de hemodiálisis. Son sólo la punta del iceberg de un problema que afecta las compras públicas en distintos niveles de gobierno. Desde pequeñas municipalidades hasta el gobierno central pueden verse afectadas por estos arreglos ilegales. El Ejecutivo puede hacer muchas cosas para evitarlo.
Las entidades públicas establecen a veces reglas en los procesos de compra que terminan facilitando este tipo de arreglos. Requisitos muy exigentes limitan el número de postores; esto hace más fácil ponerse de acuerdo. Los requerimientos de compra de grandes volúmenes pueden inhibir la participación de postores, si no se permite la presentación de ofertas por lotes o partes del requerimiento. La publicidad de las ofertas presentadas por los postores no ganadores facilita también la supervisión e incorporación de nuevas empresas en estos arreglos ilegales.
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Las entidades no ponen atención a los riesgos para la competencia involucrados en la participación de consorcios en los procesos de compra. Muchas veces quienes se consorcian podrían haber participado de manera individual. Las empresas consorciadas comparten información que podría dañar la competencia en futuros concursos. Las entidades públicas tampoco ponen mucha atención a la subcontratación entre postores. Esta figura puede ser utilizada como un mecanismo de compensación entre los que participan en estos arreglos (“déjame ganar y yo te pago el favor con un subcontrato”).
Un reciente informe de la OCDE (“Lucha contra la colusión en el sector de la salud en el Perú”) contiene una serie de recomendaciones para reducir la incidencia de este tipo de conductas. Garantizar competencia en los procesos de compras públicas permitiría liberar y hacer disponibles más recursos que los que se podrían obtener incrementando el impuesto a los alquileres o a los que tienen yates en la Costa Verde. Antes de pensar en subir impuestos a los contribuyentes, el Ejecutivo debiera ver la forma de proteger la competencia en las compras públicas.
Desde que se dieron a conocer estas nuevas disposiciones, grupos antivacunas han compartido información con la que señalan que las futuras restricciones van en contra de sus libertades personales y atentan contra sus derechos fundamentales.
Constitucionalistas consideran que nuevas disposiciones son proporcionales y razonables por la pandemia del coronavirus. 
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