Muchos recordarán que hace algunos años era habitual conducir un auto por la ciudad sin tener la placa de rodaje. La solución era tan rústica como ilegal: pegar en la ventana una hoja A4 que dijera “Placa en Trámite”. Con eso bastaba para conducir sin ser identificados, pasando por encima de las normas de tránsito, a vista y paciencia de todos.
Muchos recordarán que hace algunos años era habitual conducir un auto por la ciudad sin tener la placa de rodaje. La solución era tan rústica como ilegal: pegar en la ventana una hoja A4 que dijera “Placa en Trámite”. Con eso bastaba para conducir sin ser identificados, pasando por encima de las normas de tránsito, a vista y paciencia de todos.
En eso se ha convertido el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Tras más de dos décadas de haberse iniciado la supuesta formalización minera, esta herramienta que brinda el Estado representa ese papel A4 que autoriza a extraer minerales y operar explosivos sin permisos, además de contaminar nuestros territorios.
En los últimos días, se aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de Ley para la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Ley MAPE), que eliminaría el Reinfo, establecería plazos y protocolos claros de formalización y designaría al gobierno central (a través de organismos especializados) como responsable de la fiscalización. Esto es clave, pues los gobiernos regionales, encargados hasta ahora, han demostrado carecer de herramientas, medios y capacidades para controlar esta actividad.
A pesar de este avance, el Congreso ha optado por la ruta más sencilla: extender, por enésima vez, la vigencia del Reinfo, tal como exigen algunos grupos de mineros artesanales que han bloqueado la Panamericana Sur en Ica, Arequipa y Quiruvilca para demandar dos años más de esta herramienta. Esto es la mayor muestra de que en el Perú prevalecen intereses subalternos que priorizan beneficios individuales, permitiendo la proliferación de mafias que corrompen, delinquen y convierten vastas zonas en “tierra de nadie”.
Un ejemplo de ello es La Libertad, región que con 3,200 Reinfos vigentes, suma más de 33,000 mineros ilegales. La falta de control y trazabilidad en esta actividad ilegal sigue generando un daño sistémico, comprometiendo recursos, ecosistemas y la institucionalidad del país.
Esta actividad ilegal es una enfermedad que puede curarse con una receta simple: trazabilidad y el compromiso básico de combatirla. Lamentablemente, la ilegalidad avalada por el Reinfo actúa como un cáncer que compromete e involucra a otros organismos, abriéndose paso bajo el ridículo argumento de las “Placas en Trámite”, pudiendo ocasionar la muerte del paciente, en este caso, el Perú.
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