Asppor: “Nos amenaza un serio retroceso para el sistema portuario y el crecimiento del comercio exterior”

La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) expresó su profunda preocupación por el contenido y las implicancias del Predictamen del Proyecto de Ley N.º 9778/2024-CR, el cual propone modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N.º 27943) y el Código Penal para restringir la participación privada en la administración de los terminales portuarios y establecer nuevas figuras de control sobre el movimiento de mercancías.

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En ese sentido, Asppor consideró que el proyecto legislativo, en su redacción actual, representa un serio retroceso para el desarrollo del sistema portuario peruano y, por extensión, para el crecimiento del comercio exterior del país.

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“La experiencia internacional y los resultados obtenidos en Perú durante las últimas dos décadas demuestran que la participación del sector privado ha sido clave para modernizar nuestros puertos, incrementar la eficiencia operativa, reducir costos logísticos y atraer inversiones superiores a los US$2.200 millones”, precisó.

Indicaron que limitar esta participación a un 40% y reducir los plazos de concesión, sin un análisis técnico ni económico que lo sustente genera inseguridad jurídica, desincentiva nuevas inversiones y pone en riesgo la competitividad del Perú frente a otros países de la región.

Asimismo, precisaron que los operadores portuarios respaldaron plenamente las observaciones formuladas por entidades técnicas y constitucionales como Ositrán y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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Ambas entidades advirtieron que la propuesta contraviene principios fundamentales de la Constitución Económica: libre iniciativa privada, libertad de contratación, pluralismo económico, igualdad de condiciones entre inversiones nacionales y extranjeras, y el principio de subsidiariedad del Estado en actividades empresariales.

A su vez, hicieron un llamado al Congreso ara que, en lugar de aprobar medidas que restringen la participación privada, promueva normas que fortalezcan la competitividad, la transparencia, la fiscalización eficiente y el diálogo público-privado como ejes para seguir mejorando nuestro sistema portuario en beneficio del país.