Dupuy también se refirió al mensaje presidencial de Dina Boluarte, cuestionó que no profundizara en estos temas y, por el contrario, advirtió que muchas de las medidas anunciadas “no son concretas. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
Dupuy también se refirió al mensaje presidencial de Dina Boluarte, cuestionó que no profundizara en estos temas y, por el contrario, advirtió que muchas de las medidas anunciadas “no son concretas. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
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Jaime Dupuy, director ejecutivo de , sostuvo que en su último año de gestión, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte debe priorizar medidas frente a la inseguridad ciudadana, economías ilegales y permitir el desarrollo de las libertades económicas para garantizar el crecimiento de la empresa privada.

En la misma línea, consideró que las propuestas de cara a las próximas elecciones deben ser concretas y alineadas con una visión clara de defensa de las libertades.

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Maro Villalobos

Esta visión debe incluir el combate frontal contra la inseguridad ciudadana y las economías ilegales; un programa de formalización laboral integral con aspectos laborales, tributarios y regulatorios municipales; la defensa irrestricta de la inversión privada; y una reforma del Estado que acompañe con eficiencia en términos de mejora regulatoria, transformación digital y servicio civil”, afirmó.

Dupuy también se refirió al mensaje presidencial de Dina Boluarte, cuestionó que no profundizara en estos temas y, por el contrario, advirtió que muchas de las medidas anunciadas “no son concretas, cifras sin cronograma claro, falta de recursos reservados, y ausencia de indicadores de transparencia y seguimiento”.

No obstante, el ejecutivo de ComexPerú destacó algunos anuncios relevantes, como la adjudicación de 30 proyectos por más de US$8.200 millones en sectores como saneamiento, transporte, salud y educación; la ejecución del proyecto gasífero Siete Regiones; y la proyección del crecimiento del PBI de 3,5% para el 2025.

Asimismo, resaltó la evaluación de 134 proyectos mineros por US$6.000 millones, y la promesa de formalización de 31 mil mineros informales para finales de año.

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