El PL que plantea el Gobierno para remplazar el D.U. 003

Hace cerca de un año, tras el estallido del capítulo local del Caso Lava Jato, el Gobierno lanzó el Decreto de Urgencia 003 (D.U. 003), que buscaba asegurar la continuidad de los proyectos y evitar que se rompan las cadenas de pagos del país.

Dicho decreto expira la próxima semana y el Ejecutivo ha preparado un proyecto de ley para cubrir los vacíos dejados por su primer paquete de medidas. La iniciativa fue entregada ayer al Congreso, donde se buscará alcanzar consensos para que su aprobación sea lo más rápido posible, según la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper.

“Tenemos una semana para ver cuál es la mejor solución, que será siempre consensuada [con el Legislativo]. Si no hay tiempo, veremos cuál es la manera en que lo vamos a hacer, pero es responsabilidad de todos”, dijo.

Fuentes del Congreso informaron a El Comercio que la Comisión Permanente sesionaría la próxima semana y tendría en agenda debatir este proyecto.

LOS CAMBIOS

La principal novedad en el proyecto del Ejecutivo es que no solo abarca a las empresas condenadas por casos de corrupción o que hayan confesado estos, sino que incluye también a las consorciadas o asociadas a las condenadas y, además, a las firmas investigadas por actos ilícitos.

Para aquellas condenadas o confesas, el proyecto de ley establece que se les retendrá el 50% de las utilidades que generen con los proyectos de inversión que tienen con el Estado, así como el 10% de todos los pagos que el Estado les pueda hacer, explicaron Cooper y el titular de Justicia, Enrique Mendoza, en una reunión con la prensa.

Además, según una ayuda memoria enviada por el MEF, se les retendrá “un porcentaje no minoritario” de sus ventas de activos.
Estas cantidades irán a un fideicomiso para garantizar la reparación civil y para el pago de las deudas tributarias vencidas. Con esto último, “se excluye la necesidad de medidas cautelares por parte de la Sunat”, explica el documento.

Por su parte, a las consorciadas se les retendrá el 50% de los dividendos o patrimonio por su participación en alguna asociación público-privada, según detallaron Cooper y Mendoza. Si se trata de participación en obra pública, se retendrá el 10% del valor del proyecto.

Finalmente, el proyecto estipula que las empresas investigadas podrían, de manera voluntaria, hacer retenciones por el 10% del valor de las obras públicas a su cargo. Al respecto, Cooper precisó que todas estas retenciones pueden hacerse con dinero o con otro tipo de activos.

El proyecto también contempla que consorciadas e investigadas desarrollen programas de ‘compliance’ para evitar la futura comisión de delitos.

Otra importante novedad del proyecto es que se crea la figura de colaboración eficaz para las personas jurídicas que hayan sido utilizadas para participar en actos ilícitos. Al acogerse, las firmas deberán dar acceso a información a la Fiscalía y, a cambio, podrían excluirse total o parcialmente de las medidas dictadas por el proyecto.

LAS REACCIONES

La figura del fideicomiso para dar garantías y predictibilidad sobre el futuro de los proyectos de inversión era un tema clave, según la Asociación de Bancos (Asbanc). Su presidente, Óscar Rivera, consideró que la creación de este tipo de fondos haría que se vuelva a la normalidad en el flujo de créditos.

En ese sentido, el gremio preveía clave considerar cuatro elementos en la norma que tomara la posta del D.U. 003. Estos son dar sanciones severas a quienes incurran en corrupción, asegurar el normal funcionamiento de las firmas, lograr una adecuada reparación civil y aplicar modelos de ‘compliance’.

Por su parte, Claudia Távara, asociada del estudio Lazo, De Romaña y CMB Abogados, consideró que las medidas son importantes para la continuidad de los proyectos y brindar seguridad jurídica a potenciales compradores de los proyectos.

“Creo que vamos a tener un mecanismo más eficaz para asegurar el pago de la reparación civil, pero es importante saber cuál es el alcance de las retenciones para las empresas cuya culpabilidad aún no se ha determinado”, sostuvo.

LOS RESULTADOS

El MEF afirmó que el D.U. 003 ha tenido un rol clave en evitar que las empresas que habían cometido actos de corrupción se vayan del país sin pagar una reparación civil al Estado.

Además, sostuvo que ha permitido retener un monto de S/25 millones de los proyectos de inversión que están en operación.

Sin embargo, el D.U. no ha logrado que los proyectos continúen su operación y, por ahora, están paralizados.

Por otra parte, el Ejecutivo ha considerado al elaborar este proyecto el destape del caso denominado ‘club de la construcción’, en el que se acusa de colusión a un grupo de 30 empresas que contrataron con el Estado entre el 2011 y 2014, las cuales estaban fuera del alcance del D.U. 003.

Según el MEF, la inversión total, como obra pública o APP, a cargo de empresas vinculadas a actos de corrupción, asciende a S/30.000 millones o 4,2% del PBI.

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