Sobre apoyo del Ejecutivo a un octavo retiro: “Habrá que escuchar qué explicación puede dar el ministro”

Diego Macera, director el Instituto Peruano de Economía (IPE), conversó con este Diario sobre el cambio de postura del gobierno frente a un potencial octavo retiro. Además, comentó algunos de los puntos del reglamento de la Ley de la Reforma del Sistema de Pensiones que han sido criticados y los efectos que podría implicar este cambio de timón.

La presidenta Boluarte ha mencionado que el Ejecutivo está a favor de un potencial octavo retiro. ¿Qué efectos puede tener esto en el mercado de valores?

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Todos los inversionistas nacionales e internacionales en el mercado de capitales han estado preocupados por este tema en los últimos meses. En principio, los retiros tienen efectos negativos sobre los bonos del tesoro peruano, el tipo de cambio, la capacidad de financiamiento de las empresas a largo plazo, entre otros. Pero más grave es, creo, lo que significa: que varios políticos -la mayoría- parecen no tener freno al momento de hacer populismo.

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¿Podría subir el dólar?

Podría tener un pequeño ‘hipo’, pero no es claro porque hay varias cosas en movimiento simultáneo hoy que efectan el tipo de cambio: las tasas de interés de referencia, la agenda global de araceles, el precio de los metales, etc. Y varios analistas anticipaban que este retiro es una posibilidad, así que en parte está ya en el precio. Pero, esto ciertamente debilita al sol a largo plazo.

¿Podría mencionar dos temas que podrían mejorarse en la Ley de Reforma del Sistema de Pensiones? Se critica, por ejemplo, la prohibición para que los mayores de 40 años no puedan retirar el 95,5% al llegar a su jubilación.

Hay partes criticables, pero esa no es una de ellas. Lo que tenemos hoy, con el 95,5%, es un sistema de ahorro forzoso a largo plazo, no un sistema de pensiones -que por naturaleza debe dar, pues, una pensión-. Con la eliminación del 95,5% se restituye su objetivo original. Si pudiera cambiar dos cosas, revisaría la manera en que se están computando los siete retiros anteriores para determinar la pensión mínima (no es justo que quien retiró se lleve en ocasiones lo mismo que quien no retiró, o se les subsidie considerablemente), y quitaría la pensión por consumo.

También, se ha criticado que aún si el afiliado está en la AFP, la pensión mínima la termina pagando el Estado. ¿Tiene asidero este argumento?

Eso la verdad no tiene ni pies ni cabeza. ¿Quién la debería pagar entonces? ¿Otros afiliados con su patrimonio ahorrado? Lo natural es que la pague el Estado, es decir, todos los contribuyentes, pero tiene que hacerse con cuidado y justicia, sin premiar a los que no se esforzaron en ahorrar pudiendo hacerlo, y cuidado el equilibrio fiscal.

⁠Se critican las tablas de mortalidad (que una persona viva 110 años, por ejemplo) y la pensión vitalicia (si la persona muere, no se reparte el total del dinero a los familiares del afiliado).

Las tablas de mortalidad se han entendido mal. Son simples modelos estadísticos para calcular la probabilidad que una determinada persona viva hasta tal o cual edad. Se usan en todos los seguros de vida del mundo porque no hay otra forma de proveerlos. Sobre la pensión vitalicia, es un acuerdo entre el asegurado y la aseguradora (ojo, no AFP). Si el asegurado vive más tiempo de lo que anticipa la estadística, se lleva -en flujos- más de lo que puso inicialmente. Si vive menos tiempo, se lleva menos de lo que puso. Habrá de los dos tipos. Las compañías de seguros compiten por ofrecer el mejor producto aquí y siempre se debe seguir incentivando la competencia y la innovación en este mercado complicado.

⁠¿Se puede confiar en el MEF? Hace tan solo dos días, el ministro Pérez Reyes se mostró en contacto de un potencial octavo retiro

Es lamentable que haya habido ese retroceso en el Ejecutivo. Habrá que escuchar qué explicación puede dar el ministro.