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El pasado viernes el Séptimo Juzgado Civil con Subespecialidad en lo Comercial de Lima ordenó la suspensión del cobro de peajes en la Panamericana Norte. El peaje, operado por Rutas de Lima, se ubica en el kilómetro 31,5 de la vía y próximamente elevaría su tarifa de S/6,50 a S/7,50.
El concesionario anunció anoche que paralizó los cobros en las referidas garitas y reafirmó su oposición a la decisión tomada por el Poder Judicial. “Rutas de Lima reitera su rechazo a la medida cautelar, la cual considera un acto arbitrario y contrario a la ley, reservándose el derecho de cuestionar y revertir la misma en tanto violenta gravemente la normativa de protección de inversiones establecida por el Estado Peruano, y compromete la sostenibilidad de la operaciones de Rutas de Lima”, indicó la empresa en un comunicado.
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Rutas de Lima agregó que tomó la decisión a pesar de que todavía no fueron notificados formalmente del fallo judicial.
Los caminos de Rutas de Lima
Tras suspender el cobro de peajes en una de sus garitas, el concesionario tiene dos fuentes para su defensa legal: el Poder Judicial y el arbitraje.
En el primero puede impugnar la decisión o apelarla. Según José Aguado, socio de Aguado & Ruiz Abogados, es probable que la empresa opte por el camino de la apelación, ya que es la emisión de un recurso frente a una sala superior a la del Séptimo Juzgado. Por otro lado, indicó que el pedido de impugnación tendría que resolverse en la misma entidad que emitió la medida cautelar, por lo que no sería probable que esta revoque su primera decisión.
“Apelar es interponer un recurso ante el superior jerárquico, que es la Sala Comercial correspondiente. En la apelación Rutas de Lima sustentaría que un juez no es competente para determinar la suspensión del cobro de peaje, porque esos son términos acordados en el contrato de concesión”, explicó.
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En ese sentido, Aguado comentó que la segunda vía legal que tiene la concesionaria para defenderse es la del arbitraje. El contrato de concesión explica que las controversias no técnicas cuyo monto involucrado supere los US$10 millones se deberán de resolver en un arbitraje internacional ante el Ciadi. Cuando se comprometen montos menores se debe tramitar un arbitraje de derecho bajo las reglas de la Cámara de Comercio de Lima.
En este punto, Rutas de Lima demandaría a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) al ser el concedente del proyecto y pediría que se incluya a la Asociación Casa Huerta El Paraíso como tercero interesado en el caso. Esta asociación fue la que interpuso la medida cautelar en contra de Rutas de Lima y la MML.
“Depende del contrato determinar a cuál de los arbitrajes irá. Pero Rutas de Lima demandaría a la MML y tendría que incorporar en la discusión a aquella persona o asociación que indicó en el Poder Judicial que los peajes la están perjudicando”, agregó.
A futuro
A pesar de que el concesionario presentará sus recursos legales, es casi imposible que se revoque la medida cautelar que suspende el cobro de los peajes.
“Un árbitro no va a poder modificar la medida cautelar. Es un fallo irregular porque un juez no puede desconocer un contrato y no puede desconocer los procesos por los que se resuelven controversias. Entonces eso va a significar que el Estado Peruano tendrá responsabilidad por incumplir el contrato de concesión. Eso va a generar que se tengan que pagar indemnizaciones a favor de la empresa, pero no se cambiará la suspensión”, detalló el abogado constitucionalista Samuel Abad.
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La única forma de que se elimine la medida cautelar en el mediano plazo es que el Poder Judicial falle en última instancia a favor de Rutas de Lima.
“Si la apelación va a segunda instancia se puede revocar la cautelar, pero todavía eso va a tomar algunos meses. Esta medida cautelar la emite el Poder Judicial y cualquier decisión arbitral solo alcanza a la MML, no al Poder Judicial. [Como] se dejará de cobrar los peajes, el dinero que dejó de ingresar Rutas de Lima va a ser recabado en el proceso arbitral”, advirtió Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors.
Así, todas las rutas parecen llevar a un nuevo arbitraje por incumplimientos contractuales. Cabe recordar que en el 2023 la concesionaria abrió un proceso comercial contra la MML luego de que esta intentará caducar unilateralmente el contrato de concesión del proyecto.
