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En un informe publicado el pasado sábado, El Comercio relató el caso de una joven que, luego de quedar embarazada por una violación, terminó parapléjica tras habérsele negado un aborto terapéutico en el hospital Daniel A. Carrión, del Callao. El caso llegó a fueros internacionales y el Ministerio de Salud (Minsa) se comprometió a firmar esta semana una preacta de conciliación y a pagar una indemnización en enero del próximo año. Este Diario entrevistó al ministro de Salud, Aníbal Velásquez, quien confirmó dichos plazos.
— ¿Cumplió el Minsa en contactar hoy [ayer] a la agraviada, tal como se comprometió?
Sí. Ya se ha reconocido el tema. El Minsa pagará la indemnización. Solo falta que las partes concilien el monto por pagar para que concluya el proceso.
— Se estableció enero como plazo máximo para el pago de la indemnización. ¿Eso se mantiene?
Si las partes coinciden en la suma, se procede al pago en el plazo establecido.
— Según el Código Penal, el aborto terapéutico puede darse cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitarle un mal grave y permanente. ¿Por qué no aplicó eso en este caso?
Esos procesos siguen una vía legal y justamente en este caso la conclusión fue que sí se debe reconocer la indemnización por haberse afectado la salud de esta persona. Cada caso tiene que ser evaluado de esta manera. Es nuestra responsabilidad proteger la salud de todos.
— ¿El hecho de que un embarazo pueda dejar en discapacidad a la gestante no es razón suficiente para apelar a un aborto terapéutico?
Esa es una decisión clínica. El Minsa tiene un marco normativo para decidir cuándo se hace un aborto terapéutico. Eso ya está normado y nosotros como sector tenemos que respetar la norma. Cuando eso no se cumple existen responsabilidades y el Estado debe recompensar a los afectados.
— ¿Para usted hubo negligencia en este caso?
Esas conclusiones no las puede dar el sector. Normalmente, estos casos se llevan a la vía judicial, lo cual demora el proceso muchos años hasta que salga una sentencia. Ahora se ha sumado a esta tarea la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) que tiene un mecanismo de conciliación.
— ¿Cómo funciona esta nueva vía de conciliación?
Cuando se afecta la salud de algún usuario, Susalud puede realizar una auditoría. De probarse una negligencia, por voluntad de las partes se puede acudir a la superintendencia para evitar la vía judicial. Esto antes no existía y definitivamente acorta los tiempos.
— ¿Cuánto reduciría ello el plazo de indemnización?
Con este mecanismo, en meses se podría resolver. Sin embargo, la persona afectada tiene la opción de elegir si es que se va por la vía judicial o por esta vía, que antes no existía. Esto ya se está implementando.
— ¿Qué lecciones nos deja el caso de la joven?
Estas experiencias son aleccionadoras para el personal de salud como para los funcionarios. Cuando hay una falta, tienen que haber medios que permitan resolver todo rápido pensando más en el usuario.