Una cosa es vivir el duelo por la muerte de una madre atropellada, y otra es tener que convertirse en la propia investigadora de esta tragedia para hallar justicia contra el responsable.
Se llama Milenka y tiene 45 años. Ella está convencida de que en el Perú cualquier conductor que mate a un peatón podría seguir al volante con total libertad.
Lo ha constatado en carne propia luego de que un chofer de la aplicación Taxi Beat le quitara la vida a su mamá, Celia Castro, de 73 años, al realizar una maniobra prohibida por el reglamento de tránsito.
Este sujeto no solo salió en libertad al día siguiente, sino también nunca dejó de manejar.
Sucedió en mayo del 2018, en la cuadra 6 de la avenida Angélica Gamarra, en Los Olivos. El chofer Omar Zenón Contreras intentaba evadir una operación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra la informalidad metros más adelante, de acuerdo con la PNP y testigos. “Él ya tenía una papeleta anterior y, según la policía, retrocedió al darse cuenta de que había un operativo. Retrocedió para poder voltear en la intersección anterior y regresar”, dice Milenka.
Al ir en reversa impactó a Celia, la mamá de Milenka, quien se dirigía a comprar el periódico como todos los días, para lo cual cruzaba la avenida Angélica Gamarra. El atestado policial determinó que la señora utilizó correctamente el lugar que corresponde a los peatones. Celia murió horas después en el hospital.
Al día siguiente, cuando Milenka y su familia velaban a Celia, el fiscal adjunto provincial (especializado en tránsito y seguridad vial) Carlos Enrique Díaz Casimiro dispuso la libertad de Omar Zenón Contreras a pesar de calificar el presunto delito como homicidio culposo agravado. En el acta de libertad al que accedió El Comercio, no se detalla ningún argumento, y solo se ampara en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Este dice que “los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio”.
Desde ese día, Milenka se ha convertido en la propia fiscal de su caso. A todos lados lleva un fajo de 300 páginas con los peritajes policiales, el historial de papeletas del chofer y las capturas de video.
Recién siete meses después del atropello, en noviembre del 2018, la única sanción que recibió Omar Zenón Contreras fue la inhabilitación por un año del brevete. Ese período se vence en los próximos días, según el abogado de Milenka.
Aunque estaba inhabilitado, él nunca dejó de conducir, como lo demuestra una papeleta que recibió en Chanchamayo después del accidente, el 25 de enero del 2019 (multa G28 por manejar sin cinturón de seguridad).
La inhabilitación del brevete por un año fue solicitada por la fiscalía. Sin embargo, ocasionar un accidente con consecuencia de muerte contempla la prohibición de manejar de por vida.
“El fiscal nos dijo que solo pidió un año de inhabilitación de licencia, pues este señor tiene hijos y no tiene otro medio cómo ganarse la vida; y que yo vaya a presentar mi queja en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC]”, dice Milenka.
La empresa Beat reconoció que Omar Zenón Contreras sí era parte de su flota, pero que ya no lo es. No obstante, fue aceptado en Beat a pesar de tener papeletas graves en su historial: no respetar las señales de tránsito, manejar sin licencia, etc.
En diálogo con El Comercio, el conductor responsabilizó a la mujer del atropello. Dijo que, por el momento, por el estado de su licencia no maneja auto pero sí motocicleta. “Ese brevete de moto no me lo han cancelado”, remarcó.
“Yo ni siquiera logré verla [al retroceder], porque la señora pasó rápidamente. Como se ve en el video, la señora pone su mano queriendo detener el auto. No sé qué tan apurada estuvo. Ahorita yo manejo moto. No me quitaron el brevete de la moto”, dice.
El MTC ha admitido que en el Perú aún no existe una base de datos integrada de licencias de moto (emitidas por los municipios provinciales), y que está recién en proceso. Esto explica por qué este chofer aún puede conducir un vehículo de dos ruedas que, según expertos, es aún más peligroso que un auto.
El abogado de la familia Castro sostiene que el investigado no tiene ninguna medida de restricción. “El proceso se encuentra en investigación preparatoria, pero debió concluir hace varios meses. El día de la audiencia el fiscal informó que la investigación ha concluido y que recién estaba pendiente la acusación contra el investigado”, añade.