El famoso conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido popularmente como ‘Chibolín’, se encuentra en el epicentro de un torbellino judicial tras ser implicado en un complejo caso de corrupción, tráfico de influencias y narcotráfico.
Desde el 9 de setiembre, Hurtado está bajo la mira de la justicia, que ha impuesto un impedimento de salida del país por 15 días mientras se llevan a cabo las investigaciones. La situación se ha vuelto aún más complicada con la reciente revelación de dos nuevos escándalos que lo vinculan tanto con un narcotraficante como con una red de corrupción fiscal.
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Ante ello, el segundo despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos inició diligencias preliminares contra el conductor por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Implicaciones en el narcotráfico
El primer gran revuelo en torno a Hurtado se originó con la revelación de su relación con el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, alias ‘Vaticano’. Según documentos obtenidos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), Hurtado ha sido apoderado de ‘Vaticano’ desde el 2019. Este narcotraficante, conocido por su papel en el tráfico de drogas durante las décadas de 1980 y 1990, le otorgó amplios poderes a Hurtado.
Desde el 9 de setiembre, Hurtado está bajo la mira de la justicia.
El vínculo entre Hurtado y ‘Vaticano’ ha causado gran inquietud debido a la magnitud de los poderes que Hurtado posee. Entre sus responsabilidades como apoderado, puede realizar trámites notariales, abrir empresas, administrar bienes muebles e inmuebles, e incluso gestionar asuntos bancarios como tarjetas de crédito y débito. Este acceso a recursos y contactos sugiere una conexión profunda con actividades financieras y administrativas de gran escala.
Un nuevo escándalo: corrupción y extorsión
La situación de Hurtado se agravó aún más con el reciente testimonio del colaborador eficaz Iván Siucho, quien ha brindado una declaración que lo vincula directamente en una red de corrupción junto con la fiscal Elizabeth Peralta.
Siucho declaró que su primo, Javier Miu Lei, se reunió con Hurtado entre abril y mayo del 2021. Durante esta reunión, llevada a cabo en un hotel donde Hurtado estaba hospedado, Miu Lei mostró documentos que supuestamente demostraban que Hurtado había facilitado la apertura de un proceso judicial contra la empresa rival de Siucho, llamada ‘Paltarumi’. Este proceso habría sido habilitado con la colaboración de la fiscal Peralta.
Hurtado ha sido apoderado del narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, alias ‘Vaticano’, desde el 2019.
El testimonio de Siucho indica que Hurtado habría cobrado alrededor de 80 mil dólares por este favor. Posteriormente, cuando la familia Siucho enfrentó problemas legales relacionados con lavado de activos, Hurtado habría intervenido nuevamente, solicitando 100 mil dólares para resolver el conflicto. Dado que Siucho solo podía ofrecer 20 mil dólares, se produjo una presión adicional por parte de Hurtado. Esta situación sugiere una posible extorsión y una colaboración delictiva entre Hurtado y la fiscal Peralta para obtener beneficios económicos a través de favores judiciales.
La combinación de estos dos escándalos ha puesto a Hurtado en una posición muy comprometida. La investigación en su contra está siendo conducida por dos fiscalías: una enfocada en el lavado de activos, y otra en corrupción y tráfico de influencias.
El impedimento de salida del país por 15 días es solo una de las medidas que se han tomado para garantizar que Hurtado no interfiera en la investigación. Mientras tanto, el público sigue de cerca el desarrollo del caso.
A Hurtado lo vinculan directamente en una red de corrupción junto con la fiscal Elizabeth Peralta.
Complejidad del caso
El abogado penalista Ronny Santillán ofrece a El Comercio una visión detallada sobre las implicaciones legales del caso. Describe la situación como “sumamente compleja” y sugiere que la vinculación de Hurtado con un narcotraficante podría ser apenas “la punta del iceberg” en una trama mucho más extensa. Según el abogado, esta asociación puede ser un indicio significativo para investigar el posible delito de lavado de activos, que implica el blanqueo de dinero obtenido a través de actividades ilícitas.
Santillán subraya la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar si Hurtado pudo haber actuado como testaferro, utilizando su nombre para operaciones financieras con dinero presumiblemente ilegal. En caso de confirmarse el lavado de activos, la pena podría ascender hasta los 15 años de prisión, aunque es crucial que todos los detalles sean confirmados mediante una investigación a fondo.
En cuanto al impacto de los recientes testimonios y documentos, Santillán explica que “los casos de lavado de activos suelen involucrar una gran cantidad de documentos y testimonios”. La defensa de Hurtado tendrá que demostrar que sus ingresos provienen de fuentes legales, lo cual requiere presentar una amplia variedad de pruebas, como recibos y extractos bancarios. “Este tipo de casos se vuelven muy complejos y voluminosos debido a la cantidad de pruebas necesarias”, añade el abogado.
El impedimento de salida del país por 15 días impuesto a Hurtado es una medida cautelar estándar en estos casos.
Sobre la acusación de tráfico de influencias y corrupción, Santillán aclara que “la situación es más clara”. Los delitos implicados podrían ser el cohecho activo específico, castigado con hasta 8 años de prisión, y el tráfico de influencias, que conlleva una pena de hasta 6 años. En el caso de la fiscal Elizabeth Peralta, quien podría enfrentar cargos de cohecho pasivo específico, la pena podría llegar hasta 15 años de prisión debido a su condición de funcionaria pública.
El impedimento de salida del país por 15 días impuesto a Hurtado es una medida cautelar estándar en estos casos. “La fiscalía suele pedir este tipo de medidas por un corto plazo mientras se realizan otras restricciones”, explica Santillán. Esta medida tiene el propósito de garantizar que Hurtado permanezca en el país durante la investigación y evitar su evasión.
Finalmente, respecto a las acusaciones de extorsión y corrupción, la defensa de Hurtado deberá demostrar que no se llevaron a cabo las reuniones implicadas y que no existieron rutas de dinero vinculadas a actividades ilícitas. “En casos de corrupción, las pruebas directas suelen ser difíciles de obtener, por lo que la defensa tendrá que ofrecer contrapruebas sólidas”, advierte Santillán. Con el caso apenas comenzando, el abogado prevé que surgirán más detalles y evidencias a medida que avance la investigación.
La abogada penalista y asociada en Estudio Linares Abogados Sophia Icaza explicó a El Comercio que el hecho de que Hurtado haya actuado como representante legal del narcotraficante introduce nuevas variables que requieren verificar los actos jurídicos realizados y las transferencias financieras asociadas. “Si no hay un fundamento legal sólido para estos actos, podrían estar vinculados a presuntos actos de lavado de activos”, advirtió Icaza, señalando que las penas mínimas para estos delitos oscilan entre 8 y 15 años de prisión. La situación podría complicarse aún más si la investigación revela conexiones con figuras de poder en diversos ámbitos, elevando el caso a un nivel de crimen organizado.
La abogada enfatizó que los signos exteriores de riqueza de Hurtado, junto con la falta de justificación de su patrimonio y su estilo de vida, plantean preocupaciones importantes. “Este caso, que ya se perfila como un mega caso, debería recibir atención inmediata en términos de medidas cautelares”, afirmó. La abogada subrayó la inacción de los operadores judiciales, que en casos similares con menos indicios habrían tomado medidas más severas.
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Sobre el impacto de los recientes testimonios y documentos, Icaza señaló que la evidencia corroborada por un colaborador eficaz debería llevar a una ampliación de la investigación, incluyendo delitos como cohecho o soborno. “Si se recogen suficientes indicios, la investigación podría ampliarse a crimen organizado bajo la Ley 30077″, explicó. Icaza recomendó considerar medidas cautelares como la detención preliminar y la prisión preventiva para evitar la impunidad y proteger la actividad probatoria, dada la posibilidad de fuga y la intención de Hurtado de ocultar o desviar su patrimonio.
“Dada la situación de nuestras fronteras y el riesgo de fuga, la inacción de las autoridades fiscales y judiciales es preocupante”, expresó. Según la abogada, la falta de medidas de coerción sugiere que las autoridades podrían estar esperando que Hurtado gane tiempo.
