Aportes para el nuevo gobierno de Lima, por Gino Costa

Quiéralo o no, la próxima autoridad de Lima tendrá a la seguridad ciudadana entre sus prioridades, porque así lo exigen los electores y la ley. Dos serán sus tareas, una como responsable del Cercado y otra como responsable metropolitano.

Su primera función no se distingue de la de los 42 alcaldes distritales. Contra lo que se cree, es muchísimo lo que puede hacer: asegurar el orden y patrullar las calles con el serenazgo, diseñar estrategias de prevención social, producir información delictiva de calidad y articular los esfuerzos de las múltiples instituciones de la seguridad ciudadana.

Su segunda función es provincial: articular el esfuerzo de todos los alcaldes, junto con los de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para contar con una política para toda la ciudad. Hasta ahora ningún alcalde de Lima ha asumido plenamente esta función.

Alberto Andrade creó el serenazgo del Cercado, con el que recuperó el orden en el Centro Histórico. Luis Castañeda aprobó el 2004 la ordenanza que creó el Serenazgo Metropolitano, un sistema interdistrital de seguridad, aunque solo avanzó en comenzar la integración del serenazgo del Cercado con el de sus vecinos. Susana Villarán asumió personalmente la presidencia del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, en el que lamentablemente los alcaldes distritales no están adecuadamente representados.

Lo que la próxima gestión podría hacer es involucrar a los alcaldes distritales en una política provincial, a través de la Asamblea Metropolitana de Alcaldes, con el objetivo de hacer realidad el Serenazgo Metropolitano, que integre los sistemas de comunicaciones e informáticos, cree un registro único de serenos, uniformice los criterios de formación y operación, y facilite la cooperación entre los serenazgos toda la ciudad.

El diálogo con el gobierno nacional podría ser el segundo punto de agenda de los alcaldes de Lima. Es necesario definir la cooperación de la policía con los municipios, que si bien es reconocida constitucionalmente, no está regulada por ley. Lo que los alcaldes necesitan es la integración gratuita de policías a sus unidades vehiculares, una real integración del patrullaje policial y municipal, y oficinas para la investigación del delito en cada distrito.

Por último, los alcaldes podrían diseñar una estrategia de prevención social para los jóvenes en riesgo de seguir una carrera criminal. Nadie mejor que el Padre Chiqui para asesorar en ese esfuerzo. Como el de él, existen muchos otros –como los programas de Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público– a la espera de una iniciativa que los integre y les dé escala metropolitana. El financiamiento podría correr por cuenta del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social.

Esta propuesta para Lima es igualmente válida para Arequipa, Trujillo, Cusco, Huancayo e Iquitos, o cualquiera de las otras ciudades de tamaño medio en el país, donde la fragmentación de la respuesta municipal distrital a los problemas de seguridad ciudadana requiere ser articulada desde la alcaldía provincial. Hacerlo es posible, solo se requiere las ganas.