Encontradas luego de 70 horas de angustia: todo lo que se sabe del caso de las tres menores que desaparecieron en El Agustino

Minutos antes de las 7 de la noche del último domingo, tres menores edad, dos hermanas de 13 y 15 años y una amiga en común de 14, acordaron pasear juntas por los parques cercanos al condominio en El Agustino donde viven. Se conocieron hace un mes en clases de baile y desde entonces salían con frecuencia en los fines de semana. “El domingo a las 7, mi hija me pidió permiso para salir con sus amigas hasta las 9. Mi esposa y yo aceptamos”, relata a El Comercio Carlos Pretell, papá de la menor de 14 años. Sin embargo, ni ella ni sus amigas regresaron esa noche a sus casas. La inquietante espera culminó a las 5 de la tarde del miércoles 15, cuando las tres adolescentes fueron ubicadas en Miraflores.

El general PNP Carlos Malaver, director de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirctptim), indicó a este Diario que las tres menores fueron encontradas “deambulando por el parque Kennedy”. El Comercio pudo conocer que el periodista Patrick Valentín se comunicó con ellas por teléfono cuando las adolescentes caminaban por el malecón de Miraflores. Según narró el periodista, las menores lograron escapar en la madrugada de un lugar donde fueron retenidas con el rostro cubierto.

Malaver mencionó que el Ministerio Público y la Policía continuarán con las pesquisas respectivas para investigar y determinar la comisión de delitos concurrentes durante la desaparición de las menores.

Al desconocer el paradero de sus hijas, a las 9 de la noche del domingo, los papás de las tres menores iniciaron la búsqueda de sus hijas y acudieron a la comisaría de El Agustino para reportar su desaparición.

Los padres accedieron al registro de las cámaras de seguridad del condominio. Las imágenes mostraron que, tras iniciar su recorrido, un hombre seguía a las menores. Pretell narra que intentó comunicarse con su hija mediante una llamada, pero no tuvo éxito: “Me contestaron pero nadie hablaba, solo se escuchaban pisadas. Cortaron rápidamente y la cuenta de WhatsApp de mi hija me bloqueó a mí y a mi familia. Los teléfonos de las otras niñas no contestaban”.

Desde su desaparición, los celulares de las menores permanecieron inoperativos. Dos días después, gracias a una labor de geolocalización, en la noche del martes 14, la Policía obtuvo como referencia que los dispositivos se encontraban en un punto cercano al cruce de la avenida José Pardo y la calle general Recavarren.

Pretell narra que él y familiares de las otras dos menores acudieron al lugar a las 11 p.m. El padre de familia cuenta que vecinos de la zona y la policía les indicaron que, durante la pandemia, se registraron denuncias de locales de explotación sexual en el edificio número 103 de la calle general Recavarren.

“Fuimos al edificio y nos acompañaron dos efectivos de la comisaría de Miraflores. El administrador nos permitió ingresar y caminar por los pisos 11 y 12. Tocamos la puerta de los departamentos y solo una pareja nos abrió. Luego, el administrador nos pidió que nos vayamos del edificio sin mayor explicación”, narra Pretell.

Integrantes de la División de Trata de personas de la policía, liderados por el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, llegaron al lugar en la mañana del miércoles 15 para iniciar con las pesquisas. Montúfar declaró que, según una hipótesis, las menores podrían haber estado en el departamento 1201, donde funciona el spa ‘Romanos VIP’, que sería un local para el trabajo sexual ilegal.

Pese que los efectivos esperaron la presencia de un fiscal para que solicite una orden judicial de allanamiento, esto no ocurrió. Finalmente, las autoridades ingresaron al inmueble cerca a las 11 de la mañana gracias a que el administrador del edificio y del departamento 1201 permitieron su ingreso. Finalmente, las autoridades ingresaron al inmueble cerca a las 11 de la mañana.

No obstante, no encontraron a las adolescentes. “No encontramos a las menores ni sus celulares. Tampoco se halló algún profiláctico. Se constató que el departamento tiene 3 ambientes que sirven como zonas de masajes. La propietaria del departamento afirmó que es un spa”, declaró Montúfar. “Vamos a recoger más testimonios y revisar las cámaras y videos del edificio y de la municipalidad”, agregó.

De acuerdo con Pretell, el edificio cuenta con cámaras hacia la calle, en su entrada y en cada pasillo de los pisos. El padre de familia pidió a las autoridades que revisen las imágenes para determinar si las tres menores ingresaron o no al edificio.

Carlos Pretell señala que el proceso de geolocalización de su hija y las otras dos menores tuvo diferentes trabas que dificultaron una pronta investigación de su paradero.

“Luego de colocar la denuncia el domingo por la noche, fui a la oficina de la división búsqueda de personas desaparecidas para que me ayuden a ubicar a mi hija. Me indicaron que para realizar la estrategia de geolocalización era necesaria la aprobación de un fiscal. Esta orden se dio recién el lunes al mediodía, pero necesitábamos actuar de inmediato para ubicar a las niñas”, afirma Pretell.

Asimismo, el padre de familia reclama por la inasistencia de un fiscal o un juez para que la policía ingrese al inmueble mediante una orden de allanamiento: “Nos han hecho perder el tiempo por culpa de protocolos burocráticos. Ante un hecho de esta naturaleza, cada hora es valiosa para que actúe la policía”.

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Ronny Santillán, abogado penalista, indicó que la policía puede ingresar a un domicilio sin el permiso de sus propietarios únicamente en los siguientes casos: frente a la comisión de un delito flagrante, la existencia de peligro inminente de la perpetración de un delito o a través de la una orden judicial de allanamiento aprobada por un juez. De lo contrario, deberán contar con el consentimiento del titular del bien.

“El policía o cualquier funcionario que ingrese a un domicilio de forman irregular comete el delito de allanamiento ilegal de domicilio de acuerdo con el artículo 160 del Código Penal. Este delito se sanciona con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y puede ser inhabilitado del cargo por dos años”, explicó Santillán.