El Gobierno declaró el Estado de Emergencia en los distritos de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador, en la provincia de Lima, así como en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao. Esta medida tiene una duración de 60 días calendario y busca proteger a la población de las amenazas a su seguridad.
Sin embargo, es preocupante que, desde la declaración del estado de emergencia, se hayan registrado nueve muertes relacionadas con la delincuencia, el sicariato y la extorsión. Esto evidencia la necesidad de implementar estrategias más efectivas. De estas nueve muertes, seis ocurrieron en zonas donde se aplica el estado de emergencia.
Expertos piden una estrategia integral para abordar la creciente criminalidad (foto: gec).
Cronología
El 28 de setiembre, un administrador de un restaurante en el distrito de San Miguel fue asesinado con cinco disparos por dos falsos repartidores frente a su establecimiento, ubicado en la cuadra 11 de la avenida Precursores. Ese mismo día, en el jirón Acomayo, en Cercado de Lima, dos sujetos abrieron fuego en 19 ocasiones durante un encuentro social, lo que resultó en la muerte de un hombre extranjero.
El 29 de setiembre, un repartidor de comida venezolano fue asesinado a balazos en Puente Piedra. El mismo día, en San Martín de Porres, sicarios baleaban a tres venezolanos en los exteriores de un bar en la cuadra 4 de Morales Duárez; uno de ellos falleció en el lugar, mientras que los otros fueron trasladados al hospital más cercano, sumando así una nueva muerte a la lista de víctimas.
El 30 de setiembre, la violencia continuó cuando un menor de edad fue asesinado en Chacaritas, Ventanilla, donde sicarios dispararon más de 10 veces. Ese mismo día, en Comas, un ingeniero perdió la vida en un conflicto relacionado con obras de construcción civil, en la cuadra 69 de Tupac Amaru, a la altura de la avenida Jamaica.
Desde la declaración del estado de emergencia, se han registrado nueve muertes (foto: gec).
El 1 de octubre, un hombre fue baleado más de 20 veces en un ajuste de cuentas en la avenida Tomás Castillo, en Ventanilla. Finalmente, el 2 de octubre, un jalador de buses fue asesinado en la avenida 28 de Julio, en La Victoria. Ese mismo día, delincuentes también balearon un colectivo en Independencia, donde se contabilizaron más de 15 casquillos, resultando en una muerte más.
- 28 de septiembre: Un administrador de un restaurante en San Miguel perdió la vida tras ser atacado por dos falsos repartidores. También, en Cercado de Lima, un hombre extranjero fue trágicamente asesinado. Total: 2 muertes.
- 29 de septiembre: En Puente Piedra (hay estado de emergencia), un repartidor de comida venezolano fue víctima de un ataque por parte de sicarios. Además, en San Martín de Porres (hay estado de emergencia), tres venezolanos fueron baleados; uno de ellos no sobrevivió. Total: 2 muertes.
- 30 de septiembre: Un menor de edad fue asesinado en Chacaritas, Ventanilla (hay estado de emergencia); y un ingeniero también lo fue en Comas (hay estado de emergencia). Total: 2 muertes.
- 1 de octubre: Un hombre fue atacado y recibió más de 20 disparos en un ajuste de cuentas en Ventanilla (hay estado de emergencia). Total: 1 muerte.
- 2 de octubre: Un jalador de buses fue asesinado en La Victoria, y también se reportó un ataque a un colectivo en Independencia (hay estado de emergencia), que dejó otra víctima. Total: 2 muertes.
De estas nueve muertes, seis ocurrieron en zonas donde se aplica el estado de emergencia (foto: gec).
Ineficiencia de la medida
En una entrevista con El Comercio, el exministro del Interior, Rubén Vargas, realizó una profunda evaluación del estado de emergencia. Vargas destacó que “la evaluación debe hacerse en relación con los estados de emergencia que este gobierno ha implementado como respuesta a la inseguridad ciudadana”. Según él, es crucial hacer un balance de las decisiones tomadas en los últimos meses y no limitarse a analizar solo el último estado de emergencia.
El exministro no escatimó en críticas, afirmando que el estado de emergencia se ha convertido en “un absoluto y rotundo fracaso”. En su opinión, esta medida se utiliza como una “varita mágica” para enfrentar el crimen organizado, careciendo de una estrategia integral detrás de ella.
Al abordar las causas principales de la inseguridad en Lima y Callao, Vargas señaló que “los factores que alimentan este desborde criminal son diversos”, mencionando el crecimiento de economías ilegales, el tráfico de drogas y el contrabando. A su juicio, estas actividades han dado lugar a la formación de organizaciones criminales que están causando un aumento de la violencia en las ciudades.
Es fundamental revertir la desconfianza existente entre los ciudadanos y las instituciones (foto: gec).
Asimismo, Vargas apuntó a la “precarización de las instituciones” como un factor crítico. El ingreso de estructuras criminales transnacionales también fue destacado como un problema serio. Advirtió que estas organizaciones están involucradas en negocios de extorsión y ofrecen “una seguridad” a economías ilegales. “En conjunto, estos factores nos llevan a lo que yo llamo la mayor crisis de inseguridad de nuestra historia republicana”, enfatizó.
En cuanto a las medidas que podrían ser efectivas para combatir la extorsión y otros delitos, Vargas subrayó la necesidad de una estrategia integral en tres niveles. En primer lugar, propuso una “estrategia contra estructuras criminales violentas”, que se caracterizan por su naturaleza predatoria. En segundo lugar, enfatizó la importancia de abordar las “economías ilegales y organizaciones criminales” que generan cadenas de suministro ilícitas. Por último, insistió en la necesidad de implementar “estrategias preventivas” para hacer frente a estos delitos.
Respecto al papel de la comunidad, destacó que es fundamental revertir la desconfianza existente entre los ciudadanos y las instituciones. “Algunas víctimas no denuncian porque consideran que es una pérdida de tiempo”, explicó, añadiendo que esta desconfianza se extiende a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Según expertos, los estados de emergencia aplicados en diferentes gobiernos no han tenido resultados positivos (foto: gec).
Al mirar hacia el futuro, el exministro hizo un llamado al Congreso para que no eluda su responsabilidad en la modificación de leyes que benefician al crimen organizado. “Es crucial revisar toda la legislación que favorece a quienes alimentan el crimen organizado”, subrayó. También pidió al Ejecutivo que aborde el problema de la inseguridad con mayor seriedad, afirmando que “hasta ahora, prácticamente se han burlado de las víctimas, y eso tiene que cambiar”.
El experto en seguridad ciudadana Frank Casas compartió a El Comercio que “llama la atención que todavía se recurra a esta medida”. Según él, los estados de emergencia aplicados en diferentes gobiernos no han tenido resultados positivos, no han prevenido el delito, ni han reducido el número de víctimas o de extorsiones, y tampoco han disminuido el número de asesinatos. Si bien puede ser una herramienta útil para implementar ciertas medidas de seguridad, enfatizó que debe estar acompañada de una estrategia, que actualmente “escasea”.
Casas analizó las causas principales de la inseguridad en Lima y Callao, señalando que “cada delito es un fenómeno distinto”. En el caso de las extorsiones, mencionó que están asociadas a factores como la presencia de bandas organizadas que tienen un fuerte asentamiento territorial en diferentes lugares del país, así como a la flexibilidad en la migración de países vecinos. También destacó el problema del mercado informal de armas.
Especialistas recomendaron implementar cambios en las políticas de seguridad ciudadana (foto: gec).
Respecto a las medidas que podrían ser efectivas para combatir la extorsión y otros delitos, Casas propuso tres estrategias. En primer lugar, sugirió mejorar la investigación criminal e inteligencia, asegurando que tanto la Policía como la Fiscalía trabajen de manera articulada. En segundo lugar, abogó por operativos de recuperación y fiscalización, así como sanciones efectivas para los usuarios de armas, junto con una mejor regulación de municiones y explosivos. Finalmente, enfatizó la necesidad de un control más riguroso del sistema de telecomunicaciones.
Mirando hacia el futuro, Casas recomendó implementar cambios en las políticas de seguridad ciudadana. “Algo muy ausente en los últimos gobiernos es la necesidad de enfrentar los delitos en función de las temporadas”, afirmó. Cada delito tiene su propia complejidad, por lo que es crucial “aterrizar las políticas en estrategias que prioricen la lucha contra la extorsión, homicidios y delitos patrimoniales”. A partir de esta base, se deben establecer lineamientos concretos para abordar estos problemas en momentos específicos.
César Ortiz Anderson, presidente y fundador de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (APROSEC), comentó a El Comercio que “una vez más el gobierno recurre a esta medida porque no tiene otra cosa que proponer”. Criticó la falta de una visión integral para manejar la reducción de delitos de alto impacto, señalando que “no trabajan en una política de Estado seria”. Según él, “es más de lo mismo”.
Expertos cuestionan la efectividad de la medida (foto: gec).
Ortiz destacó que es un fenómeno “multicausal” y no se debe a un solo factor. Mencionó la presencia de delincuencia extranjera organizada y la falta de modernización policial como factores críticos. Para él, “Pedro Castillo y Dina Boluarte representan el mismo gobierno en cuanto a su incapacidad para controlar la seguridad ciudadana en el país”.
Sobre la colaboración ciudadana con las autoridades, Ortiz opinó que es posible, pero “sin exponerse”. Reconoció que presentar una denuncia es complicado debido a la corrupción, ya que algunos policías suelen cometer delitos. Sin embargo, señaló que los ciudadanos podrían informar a las autoridades sobre situaciones sospechosas en sus barrios.
“Con este gobierno no se va a mejorar la seguridad ciudadana; no hay voluntad política”. No obstante, sugirió que “la ciudadanía puede asumir una cultura de seguridad preventiva como norma de vida en todos los ámbitos”.
