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La fuga de 6 internos del centro juvenil de Maranguita ocurre apenas días antes de que la presidenta Dina Boluarte deba firmar una controvertida ley que reduce la edad de responsabilidad penal y permite juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años, aprobada por el Pleno del Congreso de la República en noviembre pasado. La coincidencia ha reavivado la discusión sobre si se castigar con mayor severidad a los adolescentes es eficiente o se requiere fortalecer la prevención y rehabilitación.
Desde el 16 de abril, la presidenta Dina Boluarte tiene en sus manos la autógrafa del proyecto de ley aprobado en el Congreso que propone que los adolescentes de 16 y 17 años puedan ser sancionados como adultos en delitos graves. Aunque la iniciativa ha sido promocionada por sus creadores como ejemplo de “mano dura” ante la crisis de inseguridad, expertos advierten que no solo no resuelve el problema de fondo sino que tampoco es eficaz como elemento disuasorio frente al delito.
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Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.
Se trata del dictamen que reúne cuatro proyectos de ley (618, 6080, 7771 y 8166) y que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para incorporar a los mayores de 16 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves. Según la propuesta, los adolescentes podrían recibir la misma sanción que cualquier adulto, incluso cadena perpetua, en casos de sicariato, extorsión, organización criminal, narcotráfico, secuestro, feminicidio, violación sexual, entre otros.
Además de la responsabilidad penal ordinaria, propone que, una vez internados en un penal, los adolescentes sean incluidos en el grupo de reos de hasta 21 años de edad, separados del resto de adultos.
El pleno realizado el 10 de abril rechazó la reconsideración de la segunda votación (el dictamen se aprobó el 7 de noviembre de 2024), con lo que el documento final fue enviado al Ejecutivo el miércoles 16. La gestión de Boluarte tiene 15 días hábiles para pronunciarse con la aprobación y promulgación en El Peruano o con la observación de la propuesta para su retorno al Parlamento. De no pronunciarse en el plazo que vence antes de la quincena de mayo, el Congreso podría promulgar la norma por cuenta propia.
“No podemos taparnos los ojos ante la realidad. Sabemos que los más peligrosos delincuentes utilizan a los menores de edad para cometer el asesinato por encargo, secuestro o narcotráfico, aprovechando su inimputabilidad. Debemos parar esto ahora”, afirmó José Luna Gálvez (Podemos Perú) uno de los promotores de la ley en dicho pleno. Los otros autores de los proyectos acumulados son Juan Burgos (Podemos Peru), Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso).
Precisamente sobre esa supuesta inimputabilidad de los adolescentes recae uno de los cuestionamientos que realiza el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - Unicef. Beatriz Gamarra, oficial de Protección de niñas, niños y adolescentes en Unicef Perú, explica que es falso que los menores que cometen delitos queden exentos de sanciones.
“Los congresistas han planteado que los adolescentes son impunes y no es cierto. Son imputables y sancionados en un sistema de justicia penal juvenil, pero este sistema tiene un componente, además de la sanción, de reinserción social”, dijo.
En entrevista con El Comercio, Gamarra recordó que la gran mayoría de autores de delitos son adultos y que internar a adolescentes con ellos es reducir sus posibilidades de adaptarse a un contexto sin violencia. “El riesgo que se corre es que estos jóvenes socialicen en la violencia estructural que existe en las cárceles y que, como resultado, cuando egresen devolvamos a la sociedad a chicos cuya única meta va a seguir siendo el delito. La pérdida como sociedad es alta. El sistema de justicia penal juvenil incluye un trabajo intensivo con los adolescentes y sus familias para generarles condiciones de empleabilidad a fin de que no vuelvan a delinquir”, añadió.
En el Perú hay un total de 1.820 adolescentes y jóvenes internados en los diez centros para la reclusión de menores que tiene el país. De este número, 1.736 son hombres y 84 mujeres, según el II Censo Nacional de Población en Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación 2024. El tipo de infracción más común por el que fueron sancionados son el robo agravado (35,8%), seguido por violación sexual (16,2%) y el homicidio simple (10,2%). Los centros con mayor población son: Lima (600), Pucallpa (183), El Tambo de Huancayo (172), Trujillo (154) y José Quiñones Gonzales de Chiclayo (150).
Gamarra añadió que existe evidencia de que las políticas de mano dura no funcionan como disuasivos de la delincuencia. Además, en el caso de menores que cometen delitos suele estar asociado con casos en los que ellos fueron víctimas de la vulneración de sus derechos básicos como la educación o el bienestar familiar. “Se debe abordar este problema desde sus diferentes aristas. Los chicos que entran al sistema de justicia porque han cometido al delito han vivido diferentes vulnerabilidades esas debieron ser atendidas desde la prevención, como la deserción escolar, violencia en sus hogares”, dijo.
Para Cecilia Caparachin Puente, investigadora en seguridad ciudadana y criminalidad y especializada en Políticas de Juventud, el trabajo para reducir la comisión de delitos en adolescentes debe tener énfasis en la prevención y la resocialización.
“Endurecer las penas en menores de edad no da ninguna garantía de resultados en el sentido de la rehabilitación, salvo que solamente se esté pensando en el castigo por el castigo y esa no es la idea de la justicia penal en el Perú. Lo que se necesita es fortalecer el sistema de reinserción social con intervenciones que sean diferenciadas, especialmente en casos de riesgo severo o riesgo de reincidencia”, dijo a este Diario.
El II Censo Nacional de Población en Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación 2024 revela que adolescentes y jóvenes manifiestan que no quieren volver a cometer otra infracción. Sus expectativas para lograr ello se orientan, entre otros factores, en recibir apoyo familiar y cambiar de lugar de residencia.
Dicha intervención diferenciada, añade Caparachin, supone también una mejora presupuestal para garantizar que los centros juveniles, a cargo del Ministerio de Justicia desde el 2016 (antes estaba en manos del Poder Judicial), tengan condiciones adecuadas. La especialista recordó que el Programa Nacional de Centros Juveniles se creó en el 2019, pero no ha tenido cambios significativos de infraestructura. “Este programa ha hecho lo que ha podido como una institución recién nacida, pero con todo y eso los porcentajes de reingresos no son altos. Por eso, si se apuesta por fortalecer un programa o un sistema especializado en justicia en adolescentes, en lugar de incrementar las penas, se estaría haciendo algo mucho más provechoso para fortalecer la seguridad ciudadana”, enfatizó.
Una prueba de que es posible que adolescentes infractores se alejen del círculo de violencia es que el 70,9% de todos los menores internados en los centros juveniles del país dijo, en la encuesta citada líneas arriba, que planea estudiar cuando salga, mientras que el 60% tiene como expectativa de vida encontrar un empleo y ponerse a trabajar.
Así como UNICEF, el Colegio de de Abogados de Lima también ha advertido que la norma contraviene tratados internacionales como el Convenio sobre !os Derechos del Niño, suscrito por Perú en 1990, y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, y que las estadísticas evidencian que menos del 2% de las denuncias recibidas ante el Ministerio Público corresponden a delitos cometidos por menores de edad. Por ejemplo, durante el 2023, de 1’252.332 denuncias, el 1.51% (18.911) fueron cometidas por menores de 18 años.
“Las infracciones cometidas por adolescentes requieren abordarse desde un enfoque de seguridad y al mismo tiempo, como un indicador de falta de acceso a oportunidades y derechos fundamentales. Atendiendo que muchos de los adolescentes infractores de la ley penal, carecen de oportunidades al acceso a una educación (62.9% no culminaron la educación secundaria y el 8.6% tiene la primaria incompleta), el 63.2% sufrió abandono por parte de los padres entre los 0 y 6 anos y el 88% debió trabajar antes de ingresar a un centro juvenil En ese sentido, aumentar penas o someterlos a la justicia ordinaria no resolverá el problema de la criminalidad cuando las causas sociales son otras”, advirtió Raul Canelo, decano del CAL, en una carta remitida al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en febrero pasado.
