¿Por qué a la PNP se le hace difícil intervenir cuentas y números de extorsionadores?

Si tengo el número de teléfono de quien me extorsiona, que está vinculado a una cuenta bancaria o billetera digital (Yape o Plin), será sencillo rastrear y atrapar a los delincuentes. Esa es la premisa a la que llega toda víctima de extorsión tras poner la denuncia en una comisaría. Sin embargo, la realidad es otra. Por sorprendente que parezca, en el Perú, tener estos datos no es suficiente para dar con el paradero de los extorsionadores.

De acuerdo con expertos consultados por El Comercio, esto se debe principalmente a la falta de normas que permitan la celeridad de procesos o, en su defecto, obviarlos, para que la Policía Nacional sea autorizada a efectuar de manera inmediata el rastreo de líneas telefónicas y consiguiente ubicación de las personas que perpetran llamadas extorsivas.

Del mismo modo, señalan que se necesitan normas más rotundas para la intervención de las cuentas bancarias que reciben el dinero fruto de este delito. Para cualquier de estas intervenciones, hoy en día, se requiere previamente la entrega de pruebas que sustenten dicho procedimiento. Para cuando el sistema de justicia lo aprueba, en la mayoría de los casos, suele ser demasiado tarde.

Asimismo, los especialistas también coinciden en que la falta de tecnología y personal altamente especializado en este tema dentro de la Policía Nacional también se convierte en una traba.

Algo común que tienen las cartas o mensajes que reciben las víctimas de extorsión es la presencia de números de teléfono. Estos son colocados por los delincuentes para que la persona extorsionada se comunique y acepte el pago de cupos y, al mismo tiempo, deposite el monto solicitado a la cuenta bancaria o monedero digital al que está vinculada la línea telefónica.

Frank Casas, especialista en seguridad y crimen organizado, indicó a El Comercio que actualmente, en la Policía Nacional, sí existe la tecnología para rastrear llamadas y mensajes siguiendo los números de teléfono que se colocan en dichas misivas.

Sin embargo, el problema radica en que “muchos de los números que se utilizan para extorsionar se obtienen de chips que han sido adquiridos de manera irregular o ilegal”. “Por tanto no es posible saber quién la adquirió o lo utiliza”, señaló.

Sobre la posibilidad de rastrear las cuentas bancarias de Yape o Plin, intervenirlas y detener de esta manera a presuntos involucrados, Casas sostuvo que sí se puede realizar. De hecho, recordó que ya hubo casos en los que algunas víctimas han logrado identificar a los presuntos extorsionadores identificándolos con los número a donde “yapean” el monto requerido.

“No obstante, todavía hay poca información respecto a cómo el sistema bancario está contribuyendo a luchar contra las micro extorsiones”, agregó.

Por su parte, Nicolás Zevallos, fundador y director del Instituto de Criminología, detalló que un software que es clave para esa labor es el Cellebrite, pues permite extraer información de los celulares y con eso poder dar rápidamente con las redes de los criminales.

“Entiendo que solo se tiene una licencia en Cellebrite y con uno no se puede hacer casi nada. Se puede comprar un software. Hay herramientas de tecnología con las qué trabajar”, dijo.

Una alternativa, precisó Zevallos, es trabajar con el técnico policial y pedirle información sobre zonas donde haya flujos de datos que pueden evidenciar una cierta concentración de acciones comunicativas inusuales. “También se puede hacer de la mano con las operadoras de telefonía, para identificar, tal vez no los teléfonos individualizados, pero sí los lugares donde pueda haber un flujo raro de uso de datos. Si hallas un edificio donde tienes cientos de llamadas, definitivamente tienes ahí un call center", explicó.

Casas precisó que el Decreto Supremo 007-2025-JUS, que actualiza el reglamento de la Ley contra el Lavado de Activos, establece que la Unidad de Inteligencia Financiera puede congelar la cuenta bancaria de una persona, cuando este es solicitada por la PNP, siempre que esté debidamente motivada. Consideró que esto es positivo, ya que se busca hacerle difícil la tarea al extorsionador y se orienta a golpear donde más le interesa: el dinero.

Sin embargo, opinó que se requiere pensar en mejoras. “Por ejemplo, el reglamento no establece cuánto tiempo tardará la UIF para evaluar el pedido de la PNP. De otro lado, resulta necesario trabajar en mayores medidas de control del sistema bancario, a sabiendas que crear cuentas bancarias es un trámite sencillo y que muchas veces los empleados de bancos son posibles cómplices de estafas y/o robos“, dijo.

En tanto, el general PNP (r) Carlos Tuse, exjefe de la Inspectoría de la PNP, añadió que la norma actual solo permite en los casos de secuestro una inmediatez para una vez que llaman de un teléfono la policía pueda en el acto saber de dónde llaman o utilizar la geolocalización. Esto celeridad no es la misma en casos de extorsión.

“Si la policía hace el trámite ante el Ministerio Público, casi en tiempo real, permiten hacer un monitoreo de las líneas involucradas. Lo mismo no ocurre para las líneas de extorsión. En estos casos hay que tramitar el permiso, informar al fiscal, y este trasladarle el pedido al juez. En esa ida y vuelta estamos hablando no de días ni semanas, sino posiblemente de meses”, precisó.

En consecuencia, Tuse consideró que se debería legislar para que el criterio que rige en delitos como extorsión sea el mismo que el que rige para secuestro, y de esta manera, ante una llamada extorsiva, la policía pueda actuar casi en tiempo real a través de la tecnología.

El general (r) Tuse señaló que no se le está dando las herramientas necesarias a la DININCRI para accionar frente a delitos como la extorsión. Resaltó que esta debería contar con licencias para en coordinación con la operadora, acceder a la geolocalización de un número telefónico en tiempo real.

Comentó que actualmente el fiscal pide muchas pruebas para solicitar el permiso, el juez pide el doble de pruebas para validar y, hasta que se decida, ya es tarde. “Los delincuentes saben de toda esta barrera burocrática en el sistema de justicia, el cual impide que las investigaciones sean más efectivas. Es un tema normativo el que no permite agilizar la operatividad policial“, acotó.

“La delincuencia nos está ganando porque la reacción de los operadores de justicia es lenta, es parsimoniosa. No es que el policía sea ineficaz. La policía conoce su trabajo, pero necesita autorizaciones. Y esas autorizaciones llegan tarde. Y si llegaron tarde ya no tiene sentido. El ciclo de vida de un chip es de solo horas”, agregó Tuse.

Por otro lado, Pérez Rocha señaló que cualquier ciudadano al recibir una llamada o una carta extorsiva acude a la comisaría, pero en esta hay pocos efectivos a cargo de las investigaciones, un promedio de 5 o 6 como mucho. Ese es un primer problema.

El segundo problema, explicó, es la falta de Dipincris (Departamento de Investigación Criminal), que se supone iban a crearse en cada uno de los distritos. Actualmente, de los 43 distritos, solo en 26 hay estos departamentos. No hay más.

“La comisaría recibe la denuncia, pero lo que hace es derivarla a las Dipincris o, en su defecto, a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima. Entonces, el problema es que no existe un orden dentro de la PNP”, detalló Pérez Rocha.

Tuse describió que existe una limitación de conocimiento en temas de tecnología dentro de la Policía Nacional. Por ejemplo, dijo que se sigue hablando del código IMEI y la numeración de chips, cuando estas numeraciones son algoritmos que pueden ser cambiados al segundo, de la manera más sencilla. “Más rápido es encontrar un aguja en un pajar que rastrear un IMEI”, señaló.

En este punto, Tuse subrayó que es necesario involucrar a las operadoras telefónicas, pues estas saben perfectamente qué teléfonos están registrados de manera legal, cuáles tienen IMEI cambiado y demás. “Ellas cuantifican. Entonces, saben perfectamente cuándo un IMEI ha sido clonado o ha sido reseteado. Aquí no se está involucrando las operadoras que son las que deberían responder por todo esto”, expresó.

Por otro lado, para Zevallos, el soporte de tecnología no sirve de nada si es que no se tiene una unidad policial altamente especializada para ello. Además, tiene que ser personal que esté encapsulado, que ha sido poligrafiado, para llevar a cabo una labor bastante compleja como esta.

“Pero si además de eso, al costado no le pones a la fiscalía, no funciona. Entonces no solamente es un asunto de tecnología, es un asunto de contar con el equipo correcto y con el acompañamiento correcto para que haya resultados“, destacó.